Latrocinio versus desarrollo

Por Rómulo López Sabando
El Expreso de Guayaquil

Simón Bolívar, huérfano de padre desde los 7 años de edad y de madre a los 9, pese a ser un heredero multimillonario, “pelucón”, exitoso promotor de empresas, dueño de varias y enormes haciendas, propietario de la más grande mina de Venezuela, diplomático, libertador, creador de 5 naciones y Padre de la Patria, fue despojado de sus bienes y patrimonio familiar por sus “amigos”, con el respaldo del presidente Páez, su antiguo subordinado.

Víctima de la inseguridad jurídica, de la picardía política y de la justicia corrupta, igual que ahora, murió pobre, estafado, robado, extorsionado, enfermo y abandonado el 17 de diciembre de 1830. Poeta, romántico, guerrero. Fue un liberal, no socialista ni populista.

Miembro conspicuo de la masonería, fue despojado de sus inmensas riquezas que, entre otras, comprendían una hacienda de 178 kilómetros (32 leguas) de circunferencia, las minas de cobre de Cocorote, las más grandes del mundo, (Valle de Aroa, en Carabobo), con oro, platina, plata, hierro, piedras preciosas, azufre, maderas, ocre, sales, pastos, ríos navegables internos al mar, al valor presente en más de cinco millones de euros. Indignado contra los usufructuarios del poder, exclamó: “¡Qué escándalo. Si esto hacen conmigo, qué harán con los otros!”. Razón tienes de quejarte de nuestras leyes y de nuestros jueces”, le dijo a su hermana María Antonia. El temor a que el Gobierno de “su” Venezuela le confisque sus bienes, junto con la iniquidad de los jueces, lo estremecieron al punto de decirle al general Rafael Urdaneta (6/dic/1829): “Estoy molesto. Me dicen que mis propiedades no son legítimas”. “No veo delante de mí más que miseria, vejez y mendicidad. Nunca he estado acostumbrado a estas calamidades”. Víctima del latrocinio. (Acción propia de ladrones o de quien defrauda a alguien gravemente), ni sus sueldos de Presidente le pagaron al Libertador.

Guayaquil está de fiesta por su fundación. Aunque en realidad, no fue fundada el 25 de julio de 1537 por Francisco de Orellana sino el 15 de agosto de 1534 por Diego de Almagro, delegado por Francisco Pizarro y trasladada a orillas del río Babahoyo por Sebastián de Benalcázar, para ser asentada entre octubre y noviembre de 1535, cerca del pueblo indígena Guayaquile, que le dio su nombre, según investigaciones de Miguel Aspiazu Carbo. El viernes se celebra, la fiesta española de Santiago el apóstol. Fue reemplazada por el 9 de octubre y restablecida en 1840 como fiesta patronal, según José Antonio Gómez. Es la más poblada del Ecuador. Su capital económica, cultural, gastronómica y el soporte político de mayor efecto electoral.

Hace poco un familiar regresó, después de 17 años de ausencia. Había oído y estaba informado de los cambios y adelantos en la infraestructura. Pero su rostro estupefacto se desencajó al llegar a la terminal portuaria José Joaquín de Olmedo. “¿Y esto, qué es?”. “No puedo creerlo. Parece que estoy en otro país”. Y pese a la hora (23:30) y el temor a los asaltos, tan publicitados, quiso que lo lleve a conocer el nuevo Guayaquil.

Recorrimos el norte. Las preciosas (según él) avenidas. Fascinado con la terminal terrestre y la imponente estación Daule de la metrovía. Cruzamos dos veces los túneles. Y raudo nos fuimos hasta el sur. Fue una visita relámpago de norte a sur y este a oeste. Al día siguiente, muy temprano iniciamos un paseo por los barrios, centros comerciales (malls), malecones (del río Guayas y del estero Salado).

Y me comentó algo que antes lo habíamos platicado: Es la única ciudad que tiene dos malecones. Arrobado del orden, belleza, limpieza que se ve y se siente en Guayaquil, me dijo “esto es desarrollo”. ¡Escribe. Dile a Jaime Nebot que hace un gran trabajo!

PAPA LEÓN XIII Y LA RERUM NOVARUM

El Gobierno divide, la familia une

Por Jennifer Roback Morse

El título del nuevo libro de Patricia Morgan, The War Between the State and the Family (La guerra entre el Estado y la familia), lo dice todo. El Gobierno británico se ha lanzado a la "discriminación sistemática contra parejas (casadas) en el sistema fiscal y de prestaciones". Este convincente libro, publicado por el Instituto de Asuntos Económicos en el Reino Unido, nos sirve de advertencia contra la "deconstrucción" de la familia para convertirla en una simple colección de individuos.

Al hacerlo, Patricia Morgan presenta una ilustración de los principios de las enseñanzas sociales católicas como se exponen en Rerum Novarum, la encíclica del Papa León XIII del año 1891. Argumenta que la "visión neomarxista" que "interpreta las relaciones humanas en términos de distribución de poder y cualquier cuidado y reciprocidad que opere entre generaciones como servidumbre" es la visión orientadora detrás de muchas de las políticas sociales británicas. Una idea poco meditada sobre las libertades económicas y sociales de las mujeres contribuye al problema. Según Morgan, "se asume que no hay recursos comunes ni ayuda mutua alguna porque la gente no comparte ni debe compartir dentro de las familias. Ahora la maternidad se ve invariablemente como algo que las mujeres planifican y de la que se encargan ellas solas. Todo gira sobre trabajos, pagas y bajas por maternidad y guarderías; jamás sobre una relación con alguna persona que pueda compartir o asumir los gastos que se generan. El matrimonio ahora se ve como algo irrelevante para la reproducción."

El subtítulo de su libro, Cómo el Gobierno divide y empobrece, indica la opinión de Morgan sobre las consecuencias. Las personas podrían cuidar mejor de sí mismas, trabajando juntas a través de la familia, que lo que el Estado puede cuidar a una colección de personas vagamente relacionadas.

Esto nos trae a Rerum Novarum, el magistral documento del Papa León XIII que marcó el principio de la moderna enseñanza social católica. Muchos tienden a leer este documento simplemente como una defensa de la propiedad privada y del derecho a fundar sindicatos independientes. Pero al reflexionar cuidadosamente sobre la familia revela un significado más profundo. Rerum Novarum es una protesta contra la tendencia del Estado a absorber para sí mismo todas las funciones e instituciones de la sociedad. "No es justo", insiste León XIII, "que el ciudadano o la familia sean absorbidos por el Estado; antes bien, es de justicia que a uno y a otra se les deje tanta independencia para obrar como sea posible."

Comenzando con la revolución francesa de finales del siglo XVIII y culminando con la bolchevique de principios del XX, los movimientos sociales revolucionarios han procurado darle al Estado la jurisdicción completa sobre cada aspecto de la sociedad. Parte de la estrategia estatista ha sido redefinir las instituciones sociales como simples conjuntos de individuos. Rerum Novarum lo rebate: "Aunque estas sociedades privadas existan dentro del Estado y sean como otras tantas partes suyas, aún con todo, no está dentro de la autoridad del Estado en general y per se prohibir que existan como tales. Porque el hombre tiene derecho natural a formar sociedades privadas."

Aunque que el Gobierno británico no ha ido tan lejos como prohibir el matrimonio, sí ha obstaculizado considerablemente la asociación matrimonial. Algunos funcionarios, observa Morgan, sostienen que "el tratamiento de una pareja casada como unidad financiera individual... debe desaconsejarse junto con cualquier predisposición en favor de la familia nuclear". Al Estado se le presume responsable de la manutención de los niños de padres no casados.

Las políticas que en la práctica se derivan de esta filosofía son muchas. Se ha erosionado la deducción fiscal de las parejas casadas. El complemento de ingreso para los pobres se estructura para beneficiar a las madres solteras si se compara con hogares de parejas casadas. Los subsidios de las viviendas sociales se estructuran para beneficiar a hogares monoparentales. Y por si fueran pocos los incentivos para la ruptura de la familia, los padres prácticamente pueden echar de casa a sus hijos a partir de los dieciséis años, ya que entonces se les puede considerar como "personas sin techo de forma involuntaria" y así obtienen el derecho a una vivienda pagada por el Estado. Todas estas políticas dan como resultado que "la proporción de madres solteras que son cabeza de familia se duplicara entre 1974 y 1989, llegando al 73 por ciento". El número de niños nacidos de madres solteras ha aumentado de un 8 por ciento en 1970 a un 42 por ciento en 2004 y la proporción de hogares unipersonales ha aumentado de un 14 por ciento en 1961 a un 30 por ciento en 2004.

Lamentablemente para los partidarios de la atomización radical, la promoción gubernamental del individualismo es un fracaso de por sí: El aislamiento extremo no hace feliz a la gente. Los padres son vitales para el bienestar de los niños. Vivir solo es un sólido indicador para predecir suicidios, especialmente en los hombres. La mayoría de madres solteras son sumamente dependientes de las subvenciones estatales.

Todos estos trágicos resultados acentúan la importancia de la colaboración y la solidaridad en pro del bienestar de las personas y de la sociedad. Desbaratar la sociedad hasta convertirla en nada más que una colección de personas sin vínculos ha sido tan destructivo para los individuos como para la sociedad.

El Papa León XIII no se habría extrañado de este resultado.

Jennifer Roback Morse es investigadora especialista en Economía del Instituto Acton para el estudio de la religión y la libertad y autora del libro: Smart Sex: Finding Life-long Love in a Hook-up World.

¿Debería el gobierno matar a sus propios ciudadanos?
Ivan Eland

Cuando recientemente la Corte Suprema falló que la pena de muerte por violar a un niño era inconstitucional, los Jueces se basaron en la justificación de que era contraria a los “cambiantes estándares de decencia” en virtud de los cuales el Tribunal aplica la pena capital. Esa conclusión estaba basada en la creencia de la Corte de que el gobierno federal y 44 estados, incluidos 30 estados que tienen la pena de muerte, no imponen esa sanción para los casos de violaciones de niños. Lamentablemente, esa información era errónea. En 2006, el Congreso modificó el Código Uniformado de Justicia Militar a efectos de incluir la violación de niños en la lista de crímenes que cumplen los requisitos para la pena de muerte.

A pesar de este específico percance, sin embargo, en general la opinión de la sociedad estadounidense se ha ido apartando de la pena de muerte en los últimos tiempos. Este cambio de ánimo ha estado primariamente motivado por más de cien personas condenadas a muerte que fueron exoneradas de los crímenes de los cuales se las acusaba, en la mayoría de los casos mediante una prueba de ADN. La opinión pública está empezando a darse cuenta de que el gobierno a veces puede acusar a la persona equivocada y que así lo hace, aún por delitos graves.

Si se necesitaba alguna evidencia de la potencial irregularidad gubernamental en los casos de la pena capital, los recientes acuerdos del gobierno federal para abonar 4.6 millones de dólares en concepto de daños a Steven J. Hatfill deberían bastar. Hatfill era un investigador en temas de biodefensa del Ejército cuya carrera fue arruinada al ser públicamente caracterizado como una “persona de interés” por el Fiscal General John Ashcroft en el caso de 2001 de las cartas letales con ántrax y quien estuvo sujeto a filtraciones a los medios por parte del Departamento de Justicia en violación a la Ley de la Privacidad. El acuerdo es la forma del gobierno de admitir un soberano disparate.

Si bien aún no se ha presentado cargo alguno por aquellos mortales sucesos, la causa evidencia la intensa presión por parte del público y los medios que experimentan las autoridades encargadas de aplicar la ley para “atrapar a alguien” en casos de alto perfil que involucren la pena capital. Las exoneraciones basadas en el ADN y el accionar del gobierno a tientas y ciegas de alto perfil en casos tales como el de Hatfill le han demostrado al público que existe un potencial para ejecuciones erróneas—equivocaciones que no se pueden enmendar si surge nueva evidencia.

Además, las minorías son más proclives a recibir la pena de muerte que los blancos por el mismo crimen, y le cuesta menos a la sociedad enviar a prisión de por vida a los violadores de niños y asesinos que pagar por todas las apelaciones legales que una sociedad civilizada exige en el camino hacia la cámara de ejecución.

A pesar de todo, la pena de muerte puede que sea constitucional. En la época de la fundación de la nación, la pena de muerte era empleada, y los “crímenes capitales” se encuentran mencionados en la Quinta Enmienda a la Constitución. Sin embargo, una popular línea de argumentación de la izquierda utilizada por varios Jueces de la Corte Suprema en el caso de la violación de niños, sostiene que en virtud de que la pena capital falla en disuadir el crimen, debería ser considerada una “pena cruel y desusada” conforme la Octava Enmienda. A pesar de que muchos defensores de la pena de muerte la apoyan por razonas emotivas de retribución, incluso el conservador Presidente George W. Bush y muchos otros proponentes de la pena capital consideran que la única justificación legítima para el castigo capital es la disuasión.

El problema es que, en la actualidad, los expertos académicos no van tan lejos como para sostener que la pena de muerte no proporciona disuasión alguna contra los crímenes violentos. Escribiendo en el New York Times, Cass R. Sunstein, profesor en la Escuela de Leyes de Harvard, y Justin Wolfers, profesor asistente en la Wharton School de la University of Pennsylvania, meramente sostienen que la mejor evidencia demuestra que las tasas de homicidio no guardan un estrecho correlato con la existencia de la pena de muerte.

Sin embargo, en razón de que las consecuencias son tan graves, para que la pena de muerte se mantenga, la carga de la prueba debería recaer sobre quienes la proponen a fin de que demuestren un efecto disuasivo y no sobre quienes se oponen a ella para que prueben que no existe tal efecto. De todos modos, los Padres Fundadores no parecían considerar que la muerte era un castigo cruel y desusado del mismo modo que tampoco era visto así por la mayor parte de la gente en los casos de defensa propia. El argumento de la Octava Enmienda parece un tanto débil.

Las implicancias de una matanza gubernamental de sus propios ciudadanos por venganza, disuasión o cualquier otro motivo, no obstante, son de lejos mucho más grandes que cuando los individuos matan en defensa propia. El gobierno es mucho más poderoso que los individuos y por lo general posee pobres estructuras de incentivos comparadas con las de los ciudadanos individuales. Si se le permite al gobierno matar a los criminales, sin importar cuán atroces sean los crímenes que hayan cometido, entonces el precedente puede siempre ser ampliado para matar a los ciudadanos respetuosos de las leyes por razones políticas. Los gobiernos están especialmente inclinados a hacer esto cuando se encuentran librando guerras—reaccionando a la paranoia de que el enemigo está en todas partes.

Por lo tanto, si bien la pena capital puede ser constitucional, sigue siendo una mala política por varios motivos. Pero la razón más importante es el potencial para el abuso por parte del gobierno.

Misión incumplida
Alvaro Vargas Llosa

Washington, DC—Durante años, los simpatizantes del mandatario venezolano Hugo Chávez han ensalzado sus programas de asistencia social o “misiones” como ejemplos de justicia social. Un reciente estudio del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales pone al descubierto que todo es un mito.

Los autores, Yolanda D''Elia y Luis Francisco Cabezas, no son adversarios ideológicos encarnizados del gobierno. Ni siquiera cuestionan la necesidad de que el Estado cuente con programas asistenciales. Se limitan a trazar la historia de las misiones y comparar los resultados con los objetivos. La conclusión es demoledora.

Las misiones fueron creadas en 2003, a los cinco años de iniciado el gobierno de Chávez, con un fin político rotundo: ganar el referéndum revocatorio. En la Academia Militar de Venezuela, el Presidente explicó que en un momento de desesperación había pedido ayuda a Fidel Castro y que éste le ofreció 20 mil cubanos para relanzar sus programas sociales.

Desde el comienzo, los nuevos programas funcionaron fuera de los canales formales del Estado, constituyendo una estructura paralela que no respondía a nadie más que el Presidente en persona. La meta de la misión “Barrio Adentro” era colocar a un médico cubano por cada 250 familias pobres. Las misiones “Robinson”, “Sucre” y “Ribas” ofrecieron educación a todos los niveles, empezando por los analfabetos, mientras que “Mercal” se propuso hacer que la dieta básica fuera accessible al público. Etcétera.

Cuando Chávez ganó el controvertido referéndum revocatorio en 2004, anunció que las misiones serían la base de un orden revolucionario que suplantaría a la república. “No son otra cosa”, afirmó, “que el germen de la nueva institucionalidad”. Los fondos provenían del gigante petrolero estatal: “Gracias al control que ahora sí tenemos sobre PDVSA…tenemos recursos disponibles con planes extraordinarios”. El objetivo de corto plazo era ganar la reelección en 2006.

El de largo plazo, revelado inmediatamente después de conseguida la reelección, era montar un Estado socialista permanente. Cuando en diciembre de 2007 perdió el referéndum constitucional que le habría dado derecho a la reelección permanente, el comandante tuvo que desacelerar un tanto sus planes.

El gobierno inventa que “Barrio Adentro” y “Mercal”, las dos misiones principales, cubren a 70 por ciento de los pobres de Venezuela. El estudio muestra que aun en su mejor momento, en 2004, “Barrio Adentro” no llegó a más del 30 por ciento. Hoy en día sólo llega a uno de cada cinco pobres, mientras que seis de cada diez ciudadanos supuestamente alimentados por “Mercal” son ajenos al programa.

La culpa es de la incompetencia y la corrupción propias de la politización de la pobreza, no de la falta de dinero. PDVSA ha visto sus ingresos aumentar sistemáticamente gracias al precio del crudo. Se estima que el gigante petrolero venezolano genera más de 50 mil millones de dólares al año (las cifras exactas son esquivas porque los libros están fuera del ojo público desde hace años).

Hay una relación inversamente proporcional entre el aumento de los petrodólares y la caída –en cobertura y calidad— de los servicios que paga ese dinero. En la segunda parte de 2007, cuando el petróleo estaba a casi 90 dólares el barril, un 30 por ciento de las clínicas de “Barrio Adentro” cerraron sus puertas. La reducción del número de médicos cubanos a cargo de las clínicas es impresionante: el 60 por ciento se han ido. Todo indica que cuando viajaron a Venezuela para ayudar a Chávez a montar “Barrio Adentro” los cubanos estaban movidos por la fe migratoria antes que la altruista.

En el caso de “Mercal”, el 96 por ciento de los supermercados para los pobres son de propiedad privada: el colmo en un sistema socialista. Las fallas en el sistema de almacenamiento y distribución, y la incapacidad del Estado para impedir que sus propios empleados roben comida y la vendan bajo la mesa a precios mayores, han hecho que las ventas oficiales caigan a la mitad en los últimos dos años. A estos problemas se suma la escasez debida al control de precios y la inflación. El pollo, la carne, los huevos y la leche se han vuelto un lujo. Por ello, uno de cada cinco supermercados han sido cerrados en el último año. Hoy, 65 por ciento de los venezolanos pobres adquieren sus alimentos (si los encuentran) en puestos de venta que no participan en el programa “Mercal”.

Desde hace rato tengo para mí que Chávez perdió el referéndum no tanto porque las masas quisieran democracia como porque las misiones que apelaban a la mentalidad populista de tantos venezolanos resultaron un fiasco. Este estudio me lo confirma.

¿Hay 400.000 terroristas, 44 agrupaciones terroristas y cinco Estados patrocinadores tratando de atacar a los Estados Unidos?

Ivan Eland

Tras haber iniciado una serie de historias investigativas criticando a la Administración de la Seguridad en el Transporte (TSA es su sigla en inglés) en mayo de 2008, el reportero de la CNN Drew Griffin informa haber sido incluido con más de un millón de otros nombres en la abultada lista de vigilancia del terrorismo de la TSA. Pese a que la TSA insiste en que el nombre de Griffin no aparece en la lista y rechaza cualquier posibilidad de venganza por el negativo informe de Griffin, el periodista ha sido fastidiado por diversas aerolíneas en 11 vuelos desde mayo. Las aerolíneas insisten en que el nombre de Griffin aparece en el listado. El Congreso le ha solicitado a la TSA que investigue las tribulaciones de este prominente pasajero.

En un reciente artículo editorial en el Washington Post, probablemente respondiendo a la controversia acerca de Griffin, Leonard Boyle, el director del Centro de Detección de Terroristas, defendió la lista de vigilancia, afirmando que en virtud de que los terroristas posee múltiples alias, los nombres en el listado se reducen a solamente cerca de 400.000 personas reales. Si hay 400.000 terroristas esperando para atacar a los Estados Unidos estamos en problemas.

Pero aguarde un instante. No ha habido ningún ataque terrorista importante en suelo estadounidense desde el 11 de septiembre de 2001—hace casi siete años. ¿Dónde están todos estos nefastos malvados?

Boyle afirma que el 95 por ciento de estas personas no son ciudadanos estadounidenses ni residentes legales y que la vasta mayoría ni siquiera se encuentra en los Estados Unidos. En cambio tímidamente defiende el tamaño de la lista al escribir, “Su tamaño se corresponde con la amenaza. Es un mundo grande”.

Eso trae aparejado un tema muy importante. El gobierno estadounidense procura regularmente vigilar al mundo y combatir las amenazas para otras naciones—generando por lo general más enemigos en el trayecto. Examinando a las cuarenta y cuatro organizaciones incluidas en el listado altamente politizado de las Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO es su sigla en inglés) del Departamento de Estado, uno encuentra que tan solo muy pocas concentran sus esfuerzos sobre objetivos estadounidenses. Y el gobierno de los EE.UU. ha incluso coqueteado con una agrupación anti-iraní, la organización de Mujahedin-e Khalq, que fue incluida en la lista de FTO hace bastante tiempo.

De manera similar, la lista del Departamento de Estado de cinco Estados patrocinadores del terrorismo ha incluido a Cuba y Corea del Norte—ninguno de los cuales ha participado activamente en ataques terroristas en décadas. Estos dos países continuaron en la lista por otras razones—a saber, la aversión que les tiene el gobierno estadounidense. En su website, el Departamento de Estado admite incluso que, “La República Popular Democrática de Corea (RPDC) ha sido conocida por no haber patrocinado ataque terrorista alguno desde el bombardeo del vuelo de Korean Airlines en 1987”. El website contiene también una admisión implícita de que el mantenimiento de países selectos en la lista de Estados patrocinadores puede cosechar beneficios políticos ulteriores para los Estados Unidos. El website destaca que bajo el paraguas de las conversaciones a seis bandas, los Estados Unidos intentan remover a Corea del Norte de la lista en la medida que esa nación emprenda acciones tendientes a deshacerse de su programa de armas nucleares. Incluso las tres naciones restantes en la lista de patrocinadores del terrorismo—Siria, Irán y Sudan—no apoyan a grupos que focalizan sus ataques contra los EE.UU..

De este modo, la lista exageradamente grande de vigilancia del terrorismo para los viajes en avión y el listado excesivamente largo de FTO y Estados patrocinadores son algunos ejemplos más de cómo los Estados Unidos asumen la carga de la seguridad de otras naciones. Sin embrago, tratar de ser el “grandote del mundo” acarrea un horrendo costo para la libertad estadounidense dentro del país.

La lista de la vigilancia terrorista es absolutamente inconstitucional. Bajo la Cuarta Enmienda a la Constitución, no se expedirán mandamientos a menos de que exista causa probable de que un crimen ha sido cometido. Si el gobierno posee dicha causa probable de que un pasajero está conspirando para cometer un acto terrorista contra una aeroplano, no debería molestar a esa persona en el aeropuerto cuando está tratando de volar ni prohibirle que vuele; debería arrestarla. Pero por supuesto, el gobierno carece de toda evidencia para hacer eso respecto de la vasta mayoría de los 400.000 individuos en la lista de vigilancia.

Y aparentemente no resulta sencillo que lo saquen a uno de la lista una vez que ingresó en ella. A pesar de que Boyle afirma que la TSA constantemente escudriña el listado en busca de posibles identidades equivocadas de personas que tienen frecuentes “encuentros” con la lista, aún cuando no presenten una queja, Griffin reveló el caso de un inocente pasajero con un nombre común—James Robinson—que se había quejado hasta el cansancio y no había recibido solución alguna para su caso. El senador Edward Kennedy—también un nombre común—experimentó interminables molestias y padeció la burocracia al procurar quitar su nombre de la lista. Si una figura tan bien conocida tiene esos problemas, el viajero incorrectamente identificado promedio se encuentra en un gran embrollo.

Y como dirían los economistas, ¿qué ocurre con el costo de oportunidad para la verdadera seguridad? El gobierno de los EE.UU. debería emplear el tiempo que dedica al escrutinio de las 400.000 personas en la lista de vigilancia, y a la vasta mayoría de las 44 FTO y la totalidad de los 5 países que no patrocinan al terrorismo anti-norteamericano, en la nuevamente creciente amenaza de Osama bin Laden, Ayman al-Zawahir y otras decenas de recalcitrantes seguidores de al Qaeda que operan en Paquistán. El público estadounidense estaría mucho más seguro. Tal como dijo el famoso mandatario militar (y economista teórico) prusiano Federico el Grande, “Defender todo implica defender nada”. Además, bajo la actual política gubernamental, no tenemos ni libertad ni seguridad.