La radiación en Fukushima alcanza valores extremos
Tokio/Fukushima, 27 mar (dpa) - La radiación en el agua del reactor 2 de la averiada central nuclear japonesa Fukushima I supera en 100.000 veces los niveles normales, informó hoy la compañía que gestiona la planta, Tepco.
La firma nipona corrigió así datos difundidos previamente, ya que inicialmente reportó niveles de radiactividad diez millones de veces superiores a lo habitual, pero luego admitió que las mediciones eran erróneas. Trabajadores que realizaron mediciones debieron evacuar el lugar debido a los peligrosos niveles de radiactividad.
Por su parte, las agencias de noticias Jiji y Kyodo hablaron de una radiación de 1.000 milisievert por hora en el agua del bloque 2. Esto significaría que un trabajador podría exponerse al valor límite elevado de 100 milisievert a 250 milisievert en el lapso de 15 minutos.
Previamente, la agencia de seguridad nuclear NISA comprobó que el agua del reactor 2 tenía una alta concentración de yodo 131, un isótopo radiactivo. Esto podría ser un indicio de un daño en el núcleo del reactor.
Emergencia a raíz del sismo y el tsunami
La situación de emergencia en Fukushima se desató por el sismo y el posterior tsunami del 11 de marzo pasado, que afectó los sistemas de refrigeración de los reactores.
Tras la catástrofe, fueron rescatados ya 10.804 cadáveres, mientras que 16.244 continúan desaparecidos. Entretanto, la situación de las víctimas del sismo continúa siendo dramática. Este fin de semana también las fuertes nevadas y las gélidas temperaturas complicaron las labores de rescate. Numerosos albergues carecen de combustible para calefacción.
Entretanto, Tepco pidió a especialistas independientes la realización de pruebas en el suelo del terreno de la averiada planta respecto de la presencia de plutonio, altamente venenoso. Se espera que los resultados se den a conocer durante los próximos días.
El agua contaminada alcanza un metro de altura y debe extraerse
El bloque 3 de Fukushima es considerado especialmente peligroso, porque entre sus elementos combustibles se cuenta un combustible de óxidos mixtos de uranio y plutonio, MOX. El plutonio radiactivo tiene una vida media radiactiva de 24.000 años y en caso que alcance al cuerpo humano puede generar cáncer.
La empresa operadora de la planta atómica tenía previsto extraer el agua contaminada con radiación de los cuatro bloques de reactores de Fukushima 1, ya que evita las tareas de reparación e irradió a varios trabajadores. En los cuatro reactores más afectados, este agua alcanza hasta un metro de altitud.
La contaminación en el mar se diluirá rápidamente
Por otro lado, en el agua marina cercana a la central nuclear se midió hoy una radiación 1.850 veces superior a la permitida. Tepco admitió que posiblemente haya fluido agua radiactiva hacia el mar.
Los expertos asumen sin embargo que esta concentración de sustancias radiactivas se diluirá rápidamente en el mar, de modo que en este momento no existe un peligro mayor para la población ni para el medio ambiente.
Se está bombeando agua dulce
Durante este fin de semana, las tareas se centraron además en inyectar más y más agua dulce en los reactores afectados en Fukushima Uno.
En un primer momento, en los reactores y piscinas de combustible usado se bombeó agua salada. Sin embargo, algunos expertos temen que restos de sal puedan quedar depositados entre las barras de combustible impidiendo así la refrigeración.
De todas maneras, en la vasija del cuarto reactor todavía se bombeaba agua salada, apuntó hoy un portavoz del NISA.
17 trabajadores han estado expuestos a la radiación
Desde que comenzó la crisis, 17 trabajadores estuvieron expuestos a la radiación, y Tepco admitió que tres hombres no estaban alertados del agua radiactiva en el edificio de las turbinas. Se esperaba que este lunes los tres sean dados de alta.
No padecen problemas de salud, aseveró Jiji citando a los médicos. En el caso de los dos empleados que sufrieron quemaduras en los pies, no revisten mayor gravedad, se indicó.
La crisis está lejos de ser superada
Entretanto, la mayoría de los japoneses está disconforme con el manejo que realizó el gobierno de la crisis atómica. Según una encuesta difundida hoy por Kyodo, el 58,2 por ciento de los ciudadanos condena la forma en que el gobierno enfrentó la crisis.
Además, muchos ciudadanos criticaron no haber sido suficientemente informados sobre la contaminación radiactiva y sus peligros.
A su turno, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Yukiya Amano, advirtió que la emergencia nuclear por el accidente en Fukushima está lejos de ser superada, en un artículo publicado por el diario “The New York Times” en su edición online.
Sigue sin estar claro si los núcleos de los reactores y las barras de combustible agotadas se encuentran cubiertas con agua y si están lo suficientemente refrigeradas. Es necesario hacer más para superar la crisis, instó Amano.
Por su parte, el gobierno japonés aseguró que se hará cargo de todos los costes de la reconstrucción de la región noreste del país, la más afectada por el terremoto de magnitud 9,0 y posterior tsunami.
El portavoz gubernamental Yukio Edano aseguró que el Ejecutivo también está estudiando cubrir prácticamente todos los costes de limpieza. Tras el terremoto de Kobe, en 1995, el gobierno cubrió el 97,5 de los gastos de limpieza de escombros. Los costes tras el actual sismo y tsunami serán superiores.
Asimismo, las autoridades japonesas advertirán además a los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de reacciones exageradas en la prohibición de importar productos agrícolas nipones en una reunión informal que tendrá lugar el martes, aseguró Kyodo en base a fuentes diplomáticas.
Algunos países como Australia, Singapur o Hong Kong establecieron prohibiciones a la importación de productos agrarios del norte de Japón por miedo a su posible contaminación radiactiva.
Japón recordará a los miembros de la OMC el compromiso por el cual no pueden establecer restricciones al comercio sin tener pruebas científicas. Las propias autoridades japonesas ya establecieron prohibiciones a la venta de varios tipos de vegetales y leche en los que se registraron elevados niveles de radiactividad.
Continúa el drama en Japón
Continúa el drama en Japón: sismo de magnitud 6,5 genera nueva alerta de tsunami
Tokio, 28 mar (EFE).- Un terremoto de 6,5 grados en la escala Richter, con epicentro frente a la costa de la provincia de Miyagi, hizo temblar el noreste japonés de nuevo y provocó que se emitiera una alerta de tsunami.
Según la Agencia Meteorológica de Japón, el seísmo ocurrió a las 07.24 hora local (22.24 GMT del domingo) y el epicentro se situó a poca profundidad bajo el lecho marino frente a las costas de la provincia de Miyagi, la más afectada por el terremoto de 9 grados del pasado 11 de marzo.
En el pueblo costero de Ishinomaki (Miyagi) el temblor tuvo una intensidad de 5 en la escala japonesa de 7 grados, mientras que en la mayor parte de la costa de la provincia de Miyagi se sintió con un nivel 4.
La alerta de tsunami fue emitida en la provincia de Miyagi por la posibilidad de que llegasen pequeñas olas de medio metro a la costa.
El terremoto volvió a sacudir toda la costa noreste nipona afectada desde el día 11 de marzo y también se sintió en la ciudad de Tokio, aunque por el momento no se ha informado de daños.
Desde el gran seísmo y posterior tsunami del día 11, que arrasó vastas zonas de la costa noreste de Japón, se han sucedido unas 700 réplicas, y casi a diario se ha registrado un temblor de 6 grados en la escala Richter.
“generar una guerra entre Colombia y Venezuela”
Alerta que EE UU tiene un plan para “generar una guerra entre Colombia y Venezuela”
El presidente Hugo Chávez advirtió este domingo que EE UU tiene un plan para “generar una guerra entre Colombia y Venezuela”, que justificaría -según aseguró-, una intervención militar en el país petrolero.
“La paz, tenemos que garantizar la paz, porque los yankis tienen de generar una guerra entre Colombia y Venezuela para culpar a Chávez y justificar la intervención”, dijo en su programa Aló Presidente.
Según el mandatario, la idea final de los Estados Unidos sería “adueñarse del Zulia”. “Y luego (de la intervención) ellos siguen con el plan de adueñarse del Zulia, eso es un viejo plan”, añadió.
En tal sentido, abogó por las buenas relaciones con el gobierno de su homologo colombiano, Juan Manuel Santos, a quien visitará en la gira presidencial que inicia este domingo y que además incluye visitas de trabajo a las Repúblicas de Argentina, Uruguay y Bolivia.
“Estaremos en la bella Cartagena – el año próximo se cumplirán 200 años del Manifiesto de Cartagena- otro documento memorable de esa mente luminosa de Bolívar, viva el Padre Bolívar…. Colombia, Colombia… querida Colombia, hermana Colombia”, expresó.
“Santos es nuestro vecino: con quien tenemos y queremos seguir teniendo las mejores relaciones”, aseveró.
Cómo Allende destruyó la democracia en Chilech
Cómo Allende destruyó la democracia en Chile
Por José Piñera
José Piñera fue el ministro del Trabajo y Previsión Social en Chile responsable de esta reforma, es co-presidente del Proyecto para la Privatización de la Seguridad Social del Cato Institute, y presidente del International Center for Pension Reform. Este histórico ensayo está publicado en el libro Una Casa Dividida: Cómo la violencia política destruyó la democracia en Chile, junto con los documentos históricos que lo sustentan. Publicado por cortesía del Cato Institute.
El miércoles 22 de agosto de 1973 el pleno de la Cámara de Diputados fue citado a las 12 horas para "analizar la situación política y legal que afecta al país". Al iniciarse la sesión, los Comités de Diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y del Partido Nacional (PN) presentaron un proyecto de Acuerdo que cambiaría el curso de la historia de Chile.
El primer orador fue el diputado del PDC Claudio Orrego, quien, en su discurso de presentación del proyecto de Acuerdo, afirmó que "el país está sufriendo actualmente una crisis que no tiene parangón en nuestra historia patria, a lo largo de ciento sesenta y tantos años de vida independiente... Hasta este momento la crisis no se resuelve; al contrario, se agudiza día a día. Por eso, nosotros, hoy día, en esta Corporación y ante la faz de Chile, queremos decir que ha llegado la hora, que ha llegado el momento de que digamos una vez más nuestra verdad responsablemente ante el país y ante la historia, porque el Congreso no puede seguir silenciando la grave situación porque atraviesa Chile y tiene que hacer un enjuiciamiento global de ella, porque la situación de ilegalidad pasa por atropellos reiterados a las resoluciones del Congreso Nacional, por atropellos reiterados a las atribuciones del Poder Judicial, por atropellos reiterados a las facultades de la Contraloría General de la República, por atropellos reiterados a los derechos de los ciudadanos, a los medios de comunicación de los chilenos y hasta, en algunos casos, a la libertad de las personas... En ese cuadro, señor Presidente, no caben soluciones de parche. Dentro de este cuadro, cuando un país se desmorona, no caben pequeñas maniobras de política superestructural. Aquí hay que resolver los problemas de fondo" (Claudio Orrego V., Para una paz estable entre los chilenos, edición privada del autor, 1974).
El diputado Orrego afirmó también que el presidente Salvador Allende no estaba respetando el Estatuto de Garantías Democráticas que había hecho posible su elección. Este listado de derechos individuales había sido incorporado a la Constitución en 1970 como condición para que la Democracia Cristiana lo eligiera con sus votos como presidente, pues el candidato socialista sólo había obtenido el 36.2% del voto popular y, por lo tanto, el Congreso podía elegir a la Primera Magistratura a cualesquiera de las dos primeras mayorías relativas. Más tarde, Allende reconocería que él firmó este Estatuto sólo como una maniobra "táctica" (Regis Debray, The Chilean Revolution: Conversations with Allende, 1971).
Tras intervenir otro representante del PDC, tomó la palabra el diputado del PN Hermógenes Pérez de Arce, quien afirmó que el Acuerdo demostraba que "el Poder Ejecutivo había dejado de encuadrarse en la Constitución y la Ley, lo que ha dado lugar a la ilegitimidad del mandato y ejercicio del Presidente de la República".
Después de otros dos diputados nacionales, intervino el diputado Luis Maira de la coalición de partidos de Gobierno llamada Unidad Popular. No negó las graves acusaciones que hacía el proyecto de Acuerdo e intentó justificar la conducta del Gobierno sosteniendo "que el problema de fondo no es otro que el Estado de Derecho y su justa correlación con las transformaciones económicas indispensables".
La sesión de la mañana finalizó con un fogoso discurso del diputado Juan Luis Ossa, presidente de la juventud del PN. En los alrededores del edificio del Congreso habían ocurrido el día anterior graves incidentes. El diputado Ossa, atacado por grupos armados, se había visto obligado a hacer uso de un arma de fuego, afirmando a la prensa que se le disparaba incluso con armas automáticas. La policía no había actuado en defensa de los jóvenes de su partido. Exasperado por este incidente, increpó a los diputados comunistas: "Por eso ustedes, bandas de traidores, bandas de cobardes, bandas de vendidos, bandas de mentirosos hipócritas, están descalificados para hablar de la guerra civil". Ese era el clima que se vivía en Chile ese día de agosto.
A las 14 horas y 13 minutos se interrumpió el debate. En el mundo hispano, ni siquiera asuntos tan graves ameritan desconocer la hora del almuerzo.
La sesión de la tarde, convocada para votar el proyecto de Acuerdo, comenzó a las 20 horas. Pero hubo una sorpresa. Tras un breve debate, la Cámara se constituyó en sesión secreta a instancias de Jorge Insunza y el público en las tribunas tuvo que abandonar el recinto. En ella, el diputado comunista pronunció un discurso amenazante sosteniendo que, si se aprobaba el proyecto de Acuerdo, fuerzas extranjeras invadirían de inmediato el país.
Reanudada la sesión pública, se procedió de inmediato a votar. Una vez hecho el recuento, el Presidente de la Cámara de Diputados levantó la voz y declaró aprobado por 81 votos contra 47 el Acuerdo sometido a votación. A las 21 horas 49 minutos se levantó la sesión.
Al día siguiente, 23 de agosto, El Mercurio tituló así a todo lo ancho de la página: "Declaró Acuerdo de la Cámara de Diputados: EL GOBIERNO HA QUEBRANTADO GRAVEMENTE LA CONSTITUCIÓN".
El texto del Acuerdo fue publicado íntegramente ese día por El Mercurio. El Acta oficial de la sesión, que fue presidida por el diputado del PDC Luis Pareto y el del PN Gustavo Lorca, presidente y vicepresidente de la Cámara respectivamente, fue publicada el 25 de agosto en el diario gubernamental La Nación.
El Acuerdo, aprobado por casi dos tercios de los diputados (63,3%), acusaba al Gobierno del presidente Allende de veinte violaciones concretas a la Constitución y las leyes, entre las cuales destacaban amparar grupos armados, torturar, detener personas ilegalmente, amordazar la prensa, manipular la educación, limitar la posibilidad de salir del país, confiscar la propiedad privada, formar organismos sediciosos, violar las atribuciones del Poder judicial, el Congreso y la Contraloría, y todo ello de manera sistemática y con el fin de instaurar en Chile "un sistema totalitario", es decir, una dictadura comunista.
Fue un hecho extraordinario que el Acuerdo de la Cámara haya sido aprobado por todos los diputados del PDC, el partido mayoritario cuyo líder indiscutido era el presidente del Senado y ex presidente de la República Eduardo Frei Montalva, pues sólo tres años antes, el 24 de octubre de 1970, ese mismo partido había contribuido con todos sus votos a elegir presidente a Salvador Allende en el Congreso Pleno.
Para John Locke, el gran pensador político inglés, la tiranía es "el ejercicio del poder más allá de la ley". Cuando surge ese tirano, es él quien ha colocado al país en estado de guerra al traspasar los límites de su poder, es decir, se ha "rebelado" (re-bellare proviene del latín bellum que significa guerra).
La esencia del Acuerdo de la Cámara de Diputados entonces es la acusación que se le hace al presidente Allende de que, pese a que fue elegido democráticamente, se había rebelado contra la Constitución y, por lo tanto, convertido en un "tirano".
Veinte violaciones y un llamado desesperado
El Acuerdo de la Cámara de Diputados constituye un verdadero "Acuerdo contra la Tiranía". Tiene 15 artículos y se puede descomponer conceptualmente de la siguiente manera:
a) Un preámbulo contenido en los artículos 1 a 4, que enuncia las conocidas condiciones esenciales que deben darse para que exista un Estado de Derecho. Contiene una advertencia cargada de significado ("un Gobierno que se arrogue derechos que el pueblo no le ha otorgado incurre en sedición"), y recuerda que el presidente Allende no fue elegido por una mayoría del voto popular sino por el Congreso Pleno, "previo acuerdo en torno a un estatuto de garantías democráticas incorporado a la Constitución Política".
b) Veinte acusaciones de violaciones a la Constitución y las leyes: una acusación genérica contenida en los artículos 5 y 6, diez sobre violaciones concretas a determinados derechos humanos que están enumeradas dentro del artículo 10, siete sobre violaciones a la separación de poderes en los artículos 7, 8 y 9, y finalmente dos sobre acciones de carácter sedicioso en los artículos 11 y 12. Este listado tiene una estructura similar a la cadena de acusaciones contra el rey Jorge III que hace la Declaración de Independencia de Estados Unidos para justificar ante el mundo esa ruptura.
c) Una precisión sobre el rol de los ministros militares que el Presidente Allende había incluido en carteras claves de su gabinete (Art. 13 y 14). Hay que aclarar que el mismo Presidente Allende había abierto las puertas de la política a los militares al designar, un año antes, a varios generales y almirantes en ministerios claves. Durante algunos meses incluso designó en el cargo político de mayor gravitación y controversia, el Ministerio del Interior, al comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats. En agosto de 1973, un almirante era ministro de Hacienda, el cargo clave en la conducción económica del país.
d) Un llamado al presidente de la República y a los ministros miembros de las Fuerzas Armadas (Art.15) a poner "inmediato término" a estas graves violaciones a la Constitución.
El 23 de agosto un mensajero de la Cámara entregó en el palacio presidencial de La Moneda un sobre dirigido al primer mandatario con el texto del Acuerdo aprobado la noche anterior.
El jueves 24, el presidente Allende daba a conocer una carta pública dirigida al país. En ella sostenía: "En el día de anteayer, los diputados de oposición han exhortado formalmente a las Fuerzas Armadas y Carabineros a que adopten una posición deliberante frente al Ejecutivo... Pedir a las Fuerzas Armadas y Carabineros que lleven a cabo funciones de Gobierno al margen de la autoridad y dirección política del presidente de la República es promover el golpe de Estado".
Allende acusó a la mayoría de los diputados de querer removerlo del cargo sin una acusación constitucional formal, en lo cual tenía razón. Por eso la Cámara realiza un "llamado" a la intervención de los ministros militares, y obviamente a través de ellos a las Fuerzas Armadas, pues el camino estrictamente jurídico para remover al Presidente era imposible.
En efecto, la remoción del presidente, conforme al artículo 42 de la Constitución promulgada en 1925, exigía para ello dos tercios de los senadores en ejercicio. Como el Senado se renovaba parcialmente, era virtualmente imposible que un presidente, por impopular que fuera, perdiera de tal manera las elecciones parlamentarias durante su período como para quedar sin el apoyo de al menos un tercio de los senadores. De hecho, la oposición al presidente Allende ganó por mayoría absoluta las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, logrando casi dos tercios de la Cámara de Diputados, pero no igual mayoría en el Senado. En síntesis, la Constitución de 1925 permitía que un Gobierno la violara, incluso "sistemáticamente" como sostuvieron una amplia mayoría de los diputados, mientras ese Gobierno mantuviera a su lado a un tercio de los senadores.
Es reveladora la confusión sobre lo que significa el Estado de Derecho que trasunta la respuesta de Allende, ya que declara que insistirá en su camino ilegal pues "tras la expresión 'Estado de Derecho' se esconde una situación que presupone una injusticia económica y social entre chilenos que nuestro pueblo ha rechazado. Pretenden ignorar que el Estado de Derecho sólo se realiza plenamente en la medida que se superen las desigualdades de una sociedad capitalista".
Esta declaración es consistente con aquella que había hecho su ministro de Justicia el 1 de julio de 1972: "La revolución se mantendrá dentro del derecho mientras el derecho no pretenda frenar la revolución".
El origen del texto del Acuerdo ha sido explicado por Claudio Orrego, de esta manera: "El presidente de la Democracia Cristiana, senador Patricio Aylwin, me encomendó la tarea de preparar el proyecto de acuerdo. Me solicitó que hablara con el senador Juan Hamilton... quien me informó que los parlamentarios del Partido Nacional tenían un borrador de declaración que podía ahorrarnos mucho trabajo. Tomé contacto, entonces, con el senador Sergio Diez y con el diputado Mario Arnello, quienes me facilitaron una copia de su trabajo. Después de analizar dicho documento, me pareció que contenía mucho material y que estaba muy bien hecho... Una vez terminado el trabajo –del cual guardo el original– transmití al senador Aylwin éste para que lo aprobara la Directiva del PDC. Este procedió a redactar nuevamente las conclusiones, en la forma en que fueron definitivamente aprobadas por la Cámara. El mismo día 22 de agosto, en la mañana, revisamos el texto definitivo con Patricio Aylwin y me dirigí al Congreso a presentarlo... Esa es la relación verdadera del Acuerdo de la Cámara de Diputados. La historia juzgará de su importancia y su oportunidad" (Carta a La Segunda, 26 de marzo de 1980).
Según Hermógenes Pérez de Arce, el primer borrador del Acuerdo lo redactó el jurista Enrique Ortúzar y lo revisó el senador del PN Francisco Bulnes, y que él mismo participó en una reunión para este efecto. Ello es coherente con la versión de Orrego, quien señala que la redacción final del texto se basó en un "muy bien hecho" trabajo que le entregaron parlamentarios del PN. Todo indica entonces que se trata del mismo texto, el cual fue siendo enriquecido por distintas personas del PN y el PDC en la búsqueda de una redacción que satisficiera a todos y así asegurara la votación unánime de los diputados de ambos partidos.
La opción por la violencia política
¿Cómo se explica que un presidente que llegó al poder a través de una elección democrática ejercite después su poder en contra de la misma Constitución y las mismas leyes que le permitieron alcanzar el más alto cargo político de la República? ¿Por qué un Gobierno elegido democráticamente consideró necesario incurrir en veinte violaciones de la Constitución?
La respuesta está en que una revolución comunista-socialista, que busca establecer lo que su misma doctrina ha denominado "la dictadura del proletariado", por definición no se puede hacer dentro de la Constitución y de la ley de una república democrática.
Una cosa es para un dirigente marxista transformarse en presidente democrático de un país obteniendo el 36,2% de la votación, contando con la aceptación de un Congreso cuando a éste le corresponde la elección final, y otra muy distinta es adquirir la suma del poder necesaria para abolir la democracia y establecer un sistema totalitario. Para ello se requería una mayoría abrumadora como para realizar las modificaciones respectivas de la Carta Fundamental. Ello no ha ocurrido en la historia de la humanidad, pues todos esos regímenes han alcanzado el poder total a través de la violencia.
Es un error atribuir la ruptura chilena a una tendencia más impaciente que otras al interior de uno de los partidos de izquierda marxista, o a una reunión sediciosa de diputados con marineros en un barco de la Armada, o incluso a un discurso delirante en un estadio llamando a la "insurrección de las masas". Estos hechos, que sí ocurrieron, pueden ser detonantes, pero la causa profunda fue una ideología y una praxis, tan sistemática como implacable, que concebía a la violencia como "la partera de la historia".
Son claves para comprender el origen de la ruptura democrática los dos acuerdos oficiales del Partido Socialista de Chile adoptados, por unanimidad, en sus Congresos anuales de 1965 y 1967.
Ya en su Congreso de Linares (julio, 1965), el Partido Socialista de Chile, que se definía como marxista-leninista, había sostenido lo siguiente: "Nuestra estrategia descarta de hecho la vía electoral como método para alcanzar nuestro objetivo de toma del poder... El partido tiene un objetivo: para alcanzarlo deberá usar los métodos y los medios que la lucha revolucionaria haga necesarios".
Pero fue en su Congreso de Chillán cuando la postura sediciosa alcanzó su máxima expresión. Este tuvo lugar entre el 24 y el 26 de noviembre de 1967 y asistieron 115 delegados, y hubo además "delegados fraternales" de los Gobiernos comunistas de la URSS, Alemania Oriental, Rumania y Yugoslavia, del partido Baath socialista de Siria y del partido socialista de Uruguay.
La resolución adoptada afirmaba que "la violencia revolucionaria es inevitable y legítima... Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico, y su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato democrático-militar del Estado burgués puede consolidarse la revolución socialista... Las formas pacíficas o legales de lucha no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada. La política del frente de trabajadores se prolonga y se encuentra contenida en la política de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), la que refleja la nueva dimensión continental y armada que ha adquirido el proceso revolucionario latinoamericano" (Julio César Jobet, La Historia del Partido Socialista de Chile, 1997).
El ideólogo del Partido Socialista, y futuro ministro de Relaciones Exteriores del presidente Allende, Clodomiro Almeyda, especuló sobre la forma en que terminaría este proceso: "La forma fundamental que en un país como Chile pueda asumir la fase superior de la lucha política, cuando el proceso vigente llegue a colocar a la orden del día el problema del poder, es impredecible en términos absolutos. Yo me inclino a creer que es más probable que tome la forma de una guerra civil revolucionaria, a la manera española, con intervención extranjera, pero de curso más rápido y agudo" (Revista Punto Final, 22 de noviembre de 1967).
Cabe destacar que el Partido Socialista era el segundo de mayor tamaño del país, que sería el principal partido en la coalición, la Unidad Popular, que gobernó Chile entre 1970 y 1973, y que Salvador Allende era su más destacado militante. Su partido aliado, el Partido Comunista de Chile, era el mayor y mejor organizado de todos los Partidos Comunistas de América Latina, y el tercero en tamaño, después de aquellos de Francia e Italia, de todo el mundo occidental.
Por cierto, todo esto ocurría en el contexto de la Guerra Fría, en la cual el Gobierno de la Unidad Popular se había aliado con la Unión Soviética en contra de Estados Unidos y la Europa democrática.
Posiblemente sin haber leído jamás a George Orwell, Allende llamó a la superpotencia comunista el "hermano mayor" de Chile, en un discurso en el propio Kremlin el 7 de diciembre de 1972, en el cual agregó, tras reunirse con los máximos jerarcas soviéticos Leonid Brezhnev, Alexei Kosygin y Nikolai Podgorny, que había alcanzado una "completa identidad de puntos de vista" con los dirigentes comunistas.
Esta adhesión a los regímenes comunistas venía de mucho antes. Desde ya, en el homenaje que se le hizo a Stalin en Santiago una semana después de su muerte en marzo de 1953, uno de los oradores principales fue el socialista Salvador Allende.
Es ilustrativo recordar también el increíble homenaje a Stalin del importante dirigente comunista chileno Volodia Teitelboim: "Hoy ya duerme su gloria eterna en la cámara ardiente de la Sala de las Columnas de Moscú el camarada José Stalin. Hace apenas un día y algunas horas que murió el amado conductor de los trabajadores del mundo, el más grande, profundo y noble amigo de la humanidad... Ha muerto el padre y el jefe de toda la humanidad progresista. Ha muerto, como Mayakovsky decía de Lenin, el más humano de todos los hombres... Dio abundancia y existencia dichosa a su pueblo... Bajo la bandera de luto, pero siempre desplegada de Stalin, los pueblos marchan por el camino más corto hacia la segura victoria, hacia el mundo de la felicidad humana" (El Siglo, marzo de 1953).
En la década del 60, Allende aceptó servir como presidente de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), un organismo castrista para exportar la revolución comunista al continente, la que había afirmado públicamente que "la revolución armada es la única solución para los males sociales y económicos de Latinoamérica".
Claudio Véliz, historiador y amigo personal de Allende, sostiene que los viajes de Allende a Cuba tuvieron "una incidencia fundamental en el proyecto que pretendía aplicar en Chile. Tras ver Cuba, Allende pensó que podía acortar el camino. Pero la verdad es que se apartó de la tradición chilena... No cabe ninguna duda que el Gobierno de la Unidad Popular fue un desastre que nos llevó a la guerra civil" (El Mercurio, 28 de noviembre, 1999).
Allende, siendo presidente del Senado, expresó en varias ocasiones su apoyo al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), grupo que inició la violencia guerrillera en Chile. Por cierto, la violencia había sido idealizada por los líderes de izquierda de Chile y el continente por un largo tiempo.
En último término, los dirigentes marxistas chilenos no supieron resistir el embrujo de la Revolución comunista cubana. El tirano del Caribe, Fidel Castro, se transformó en el modelo y fueron intoxicados, como si fueran adolescentes, por la retórica y la acción revolucionaria del Che Guevara, quien llamaba a crear "múltiples Vietnam" en América Latina.
Una distinción fundamental que no se hizo fue aquella entre el noble objetivo de querer cambiar el mundo para mejor y buscar hacerlo utilizando la violencia. En nuestro país había al comenzar la década del 70 demasiada pobreza, subdesarrollo, monopolios e injusticias de distinta naturaleza, como para que muchas personas idealistas, especialmente jóvenes, no se declararan en estado de rebeldía y buscaran, aunque con más pasión que rigor, un camino para crear un mundo mejor. Basta leer el "Balance Patriótico" de Vicente Huidobro, publicado en 1925, para comprobar que no mucho había cambiado en cincuenta años.
Lo que es aberrante es que tantos dirigentes comunistas y socialistas chilenos, de quienes era esperable un mínimo de madurez y responsabilidad política, impulsaran, inicialmente con su retórica incendiaria, y más tarde con sus actos de Gobierno, a decenas de miles de jóvenes al abismo –y a las consecuencias– de la violencia política.
En este contexto, es estremecedora la honesta confesión de un ex guerrillero argentino: "Hoy puedo afirmar que por suerte no obtuvimos la victoria, porque de haber sido así, teniendo en cuenta nuestra formación y el grado de dependencia con Cuba, hubiéramos ahogado el continente en una barbarie generalizada. Una de nuestras consignas era hacer de la cordillera de Los Andes la Sierra Maestra de América Latina, donde, primero hubiéramos fusilado a los militares, después a los opositores, y luego a los compañeros que se opusieran a nuestro autoritarismo" (Jorge Masetti, El Furor y el Delirio, 1999).
Al borde de la guerra civil
La respuesta del presidente Allende a la Cámara no fue la única en la que demostró su desprecio por el Estado de Derecho. Durante 1973 la Corte Suprema le había reprochado la vulneración de las atribuciones propias de ese cuerpo, lo que derivó en una violenta disputa epistolar entre ellos. Por supuesto, la Unidad Popular incluso había desarrollado la insólita teoría jurídica de los "resquicios legales", con los cuales no sólo se había avanzado en la intervención estatal de múltiples empresas privadas de todos los tamaños, sino que se estaba erosionando de manera fatal la necesaria confianza pública en las instituciones fundamentales de la República.
Así, el 26 de mayo de 1973, en protesta por una negativa del Gobierno a cumplir con una decisión judicial, la Corte Suprema resolvió por unanimidad dirigirse así al presidente de la República: "Esta Corte Suprema se ve obligada a representar a Su Excelencia por enésima vez la actitud ilícita de la autoridad administrativa en su interferencia ilegal en asuntos judiciales, así como de poner obstáculos a la policía uniformada en la ejecución de órdenes de los tribunales del crimen; órdenes que, bajo las leyes vigentes, deben ser llevadas a cabo por dicha fuerza policial sin obstáculos de ninguna índole; todo lo cual implica un desprecio abierto y voluntario de los fallos judiciales, con completa ignorancia de las alteraciones que tales actitudes u omisiones producen en el orden legal; como se representó a Su Excelencia en un despacho anterior, actitudes que implican además no sólo una crisis en el estado de derecho, sino también el quiebre perentorio o inminente de la legalidad de la Nación".
Allende, en un discurso público a los pocos días, respondió con una afirmación que en cualquier país de larga tradición democrática le habría costado la inmediata destitución de su cargo: "En un período de revolución, el poder político tiene derecho a decidir en el último recurso si las decisiones judiciales se corresponden o no con las altas metas y necesidades históricas de transformación de la sociedad, las que deben tomar absoluta precedencia sobre cualquier otra consideración; en consecuencia, el Ejecutivo tiene el derecho a decidir si lleva a cabo o no los fallos de la Justicia".
Cabe destacar que, al día siguiente del Acuerdo de la Cámara, el 23 de agosto, la Corte Suprema adoptó otra resolución denunciando nuevamente los intentos del Gobierno de quebrar la independencia del Poder Judicial.
A mediados de 1973, el ejercicio antidemocrático del poder por parte del presidente Allende y sus ministros había conducido, entonces, no sólo a un abierto conflicto constitucional entre el presidente de la República y el Poder Legislativo, sino también a un gravísimo choque entre este presidente y el Poder Judicial.
A estas alturas, es conveniente precisar que, aunque la creciente crisis económica –inflación anualizada sobre 300%, racionamientos, crisis de balanza de pagos, desempleo en aumento, desconfianza– producía miseria y angustias generalizadas y creaba una caja de resonancia a estos conflictos institucionales, ese no era el argumento válido para remover al Gobierno.
Como el país había llegado a ser "un campo armado", lo cual preocupaba sobremanera a las Fuerzas Armadas, había que ser ciego para desconocer que, durante el invierno de 1973, Chile había caído en un estado de guerra civil (dos libros importantes y complementarios que comprueban esta realidad son aquellos de Paul Sigmund, The Overthrow of Allende, y de James Wheelan, Desde las Cenizas).
Oscar Waiss, quien fue director del diario oficial del Gobierno e íntimo amigo de Allende, al plantear algunos escenarios posibles refleja el grado de extremismo que primaba en algunos dirigentes de la Unidad Popular: "Había llegado el momento de echar el fetichismo legalista por la borda; el momento de llamar a retiro a los militares conspiradores; de destituir al Contralor General de la República; de intervenir la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial; de incautarse de El Mercurio y toda la jauría periodística contrarrevolucionaria. Resultaba mejor dar el primer golpe, pues el que pega primero pega dos veces" (Revista Política Internacional Nº 600, Belgrado, abril de 1975).
Pese a su clara responsabilidad en la introducción de la violencia política en Chile, parece altamente improbable que el presidente Allende hubiese estado dispuesto a actuar con la inmoralidad extrema de los dirigentes bolcheviques que realizaron la sangrienta Revolución de Octubre en Rusia.
Pero, gracias a Dios, nunca podrá contestarse la pregunta: ¿Quién, dentro de la Unidad Popular, habría sido el Lenin chileno?
Frei inclina la balanza
Salvador Allende llegó a la Presidencia tras el fracaso de los gobiernos de Jorge Alessandri (1958-1964) y de Eduardo Frei Montalva (1964-1970).
Ambos gobiernos fueron incapaces de cambiar la fallida estrategia de desarrollo, la cual generaba un crecimiento económico tan mediocre que hacía imposible derrotar la miseria y crear un horizonte de prosperidad para todos los chilenos, y ambos abrieron el camino para la violación del derecho de propiedad, fundamento esencial de una sociedad libre. Esta relación indisoluble, conceptual e histórica, entre propiedad y libertad la acaba de demostrar Richard Pipes en su libro Property and Freedom (1999).
Oscar Godoy, director del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, sostiene que "la responsabilidad de los partidos de derecha en el ascenso de la Unidad Popular al Gobierno fue que no supieron defender oportunamente y con vigor las instituciones del Estado liberal. Por ejemplo, la defensa que se hizo del derecho de propiedad fue mínima, porque se fue cediendo sistemáticamente. Cuando la derecha tiene la posibilidad de recuperarse, con Jorge Alessandri, se manifiesta impotente frente a la novedad de la Democracia Cristiana y del socialismo y extrema su debilidad. Es lamentable la escasez de hombres públicos en la derecha dispuestos a defender sus planteamientos con el mismo vigor con que los socialistas defendían los suyos. La campaña de Jorge Alessandri hace concesiones múltiples para ocultar la verdadera naturaleza del proyecto liberal. En ese tiempo existía temor a expresar las palabras mercado, competencia, individualismo, etc. Entonces hace una claudicación que la hace muy débil" (La Época, 4 de septiembre de 1995).
El debilitamiento del derecho de propiedad en Chile comenzó, en efecto, con la reforma constitucional propiciada por el Gobierno del presidente Alessandri con el fin de iniciar la Reforma Agraria. Fueron proféticas, aunque desestimadas, las advertencias del ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Recaredo Ossa: "La ruptura de estas garantías constitucionales respecto de la agricultura es sólo el comienzo de la quiebra de nuestro sistema democrático. Lo que hoy se hace contra esta rama de la producción no tiene por qué no hacerse mañana contra la propiedad urbana, la minería grande, mediana o pequeña, el comercio y todos los bienes particulares. Decimos más: la Reforma Constitucional es la experiencia piloto en materia de abolición del derecho de propiedad. Introducida esta cuña, que algunos miran tan desaprensivamente, el hueco se convertirá en inmensa grieta por donde desaparecerá la propiedad entera" (Esta intervención radial fue reproducida por El Mercurio el 6 de enero de 1962).
El Gobierno Frei profundizó este camino, incurriendo además en dos otros graves errores de políticas públicas. Primero, fue débil ante el surgimiento de la violencia política, y fue especialmente grave que no reaccionara con vigor en defensa de la democracia y el estado de derecho cuando el Partido Socialista se declaró partidario de la vía armada en su Congreso de Chillán en 1967. Segundo, la Reforma Agraria del Gobierno Frei multiplicó varias veces la violación del derecho de propiedad al expropiarse miles de propiedades agrícolas sin una justa compensación. Además, su Gobierno permitió la proliferación de las "tomas" de propiedades ajenas por grupos de agitadores. Al Gobierno de Frei le "tomaron" todo: universidades, municipalidades, centenares de predios agrícolas, sitios eriazos, carreteras, industrias, un cuartel militar, y hasta la Catedral de Santiago. En ese ambiente no fue de extrañar que los partidos de izquierda sintieran factible "tomarse" el poder total.
Fracasados los Gobiernos de "derecha" y "centro" de Alessandri y Frei, y no existiendo, como hemos visto, una "izquierda" democrática, la conclusión era predecible. En agosto de 1965, el mismo Frei había dicho "Si mi Gobierno falla, tendremos un Gobierno de la extrema izquierda" (Leonard Gross, The Last, Best Hope, 1967).
Lo que resultó tan impredecible como extraordinario, fue que una figura política tan temerosa de aparecer como "anticomunista" como Eduardo Frei Montalva decidiera, ante la encrucijada en que lo colocó la Historia, jugarse entero para salvar a Chile de caer en una dictadura marxista.
Frei vivía bajo el peso de la durísima acusación que se le hizo a fines de los sesenta de que, si le entregaba el Gobierno a Allende, pasaría a la Historia como el "Kerensky chileno". Sin embargo, decide permanecer en Chile durante este período, en circunstancias de que su ex ministro del Interior y heredero político, Edmundo Pérez Zujovic, es asesinado en 1971 por terroristas de izquierda, lo que hacía evidente que también su propia vida corría alto peligro. Ello contrasta con la actitud de Alexander Kerensky, quien escapa de San Petersburgo y muere en Nueva York (precisamente en 1970, año en que Frei entrega el poder a Allende) escribiendo libros sobre cómo fue incapaz de evitar que una banda de audaces bolcheviques se tomara Rusia por la fuerza.
Frei tiene que haber sabido que su postura sería criticada no sólo por sus adversarios, sino que incluso por muchos de sus amigos, como efectivamente lo hizo su ex ministro del Interior, Bernardo Leighton, quien atribuiría esta actitud a "un verdadero peso de conciencia por el triunfo de la Unidad Popular, que vi caer sobre tu espíritu, abrumándolo, en los días posteriores a la elección de Salvador Allende" (Carta a Frei, 26 de junio, 1975).
Frei retornó a la arena política contingente presentándose en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 como candidato a senador por Santiago, y una vez elegido aceptó la presidencia del Senado, transformándose, por lo tanto, en el adversario principal de Allende.
Su muy cercano colaborador, el senador DC Patricio Aylwin, había presentado, el 12 de mayo de 1973, una moción en la Asamblea General de la DC, la cual fue aprobada, en la que se acusaba al Gobierno de Allende de buscar establecer en Chile una "tiranía comunista". Posteriormente, Aylwin revisa el proyecto de Acuerdo, redacta sus conclusiones, y, sin duda tras obtener el asentimiento de Frei (presidente del senado y líder indiscutido de la DC), le transmite a Orrego la aprobación final. Más aún, es Aylwin quien le replica públicamente a Allende tras la respuesta de este al Acuerdo.
Por cierto, los dirigentes del Partido Nacional, encabezados por un valiente y combativo presidente, Sergio Onofre Jarpa, habían denunciado desde muy temprano el creciente alejamiento de la legalidad del Gobierno de la Unidad Popular.
Sin embargo, es lógico afirmar que lo que inclinó la balanza, tanto en la ciudadanía como en los mandos militares, fue la postura que Eduardo Frei asumió, con inusitada fuerza, en esos meses cruciales de 1973. Como Presidente del Senado, era el líder con mayor poder de convocatoria de la oposición y era también el dirigente chileno que, de lejos, tenía el mayor prestigio internacional. Desde ya, el Times de Londres lo había calificado como "la personalidad política más importante de América Latina".
Existen testimonios de que en algún momento, Frei llegó al convencimiento de que sólo las Fuerzas Armadas podían impedir que Chile se transformara en una segunda Cuba.
En la significativa "Acta Rivera", se describe una reunión el 6 de julio de 1973 entre Frei y la directiva de la Sociedad de Fomento Fabril, la máxima entidad gremial que agrupaba a los industriales chilenos. En ella estos dirigentes le plantean que "el país estaba desintegrándose y que si no se adoptaban urgentes medidas rectificatorias fatalmente se caería en una cruenta dictadura marxista, a la cubana".
La respuesta de Eduardo Frei es reveladora: "Nada puedo hacer yo, ni el Congreso ni ningún civil. Desgraciadamente, este problema sólo se arregla con fusiles... les aconsejo plantear crudamente sus aprensiones, las que comparto plenamente, a los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, ojalá hoy mismo".
El testimonio más extenso de Frei en esta materia es su carta del 8 de noviembre de 1973 al Presidente de la Democracia Cristiana Internacional, el político italiano Mariano Rumor. Allí Frei reitera las acusaciones que antes había hecho el Acuerdo de la Cámara: "Trataron de manera implacable de imponer un modelo de sociedad inspirado claramente en el Marxismo Leninismo. Para lograrlo aplicaron torcidamente las leyes o las atropellaron abiertamente, desconociendo a los Tribunales de Justicia... En esta tentativa de dominación llegaron a plantear la sustitución del Congreso por una Asamblea Popular y la creación de Tribunales Populares, algunos de los cuales llegaron a funcionar, como fue denunciado públicamente. Pretendieron asimismo transformar todo el sistema educacional, basado en un proceso de concientización marxista. Estas tentativas fueron vigorosamente rechazadas no sólo por los partidos políticos democráticos, sino por sindicatos y organizaciones de base de toda índole, y en cuanto a la educación ella significó la protesta de la Iglesia Católica y de todas las confesiones protestantes que hicieron públicamente su oposición. Frente a estos hechos naturalmente la Democracia Cristiana no podía permanecer en silencio. Era su deber –y lo cumplió– denunciar esta tentativa totalitaria que se presentó siempre con una máscara democrática para ganar tiempo y encubrir sus verdaderos objetivos".
Frei también comprendió que un Chile comunista habría apuntado, como una larga espada, al corazón de una vulnerable América Latina. Frei le dice a Rumor que "la caída de Allende ha sido un retroceso para el comunismo mundial. La combinación de Cuba con Chile, con sus 4.500 kms. de costa en el Océano Pacífico y su influencia intelectual y política en América Latina, fue un paso decisivo en el intento de control del hemisferio. Eso explica esa violenta y exagerada reacción. Chile iba a ser una base de operaciones para todo el continente".
Esta perspectiva es confirmada por Brian Crozier, fundador del London's Institute for the Study of Conflict: "Durante sus tres años en el poder, Allende transformó su país, de hecho, en un satélite cubano, y por lo tanto una adición incipiente al Imperio Soviético... para entonces Chile podía ser francamente descrito como un estado marxista en términos ideológicos y económicos... desde una perspectiva estratégica, se le había transformado en una importante base para operaciones subversivas soviéticas y cubanas, incluyendo el terrorismo para toda América Latina... la KGB soviética estaba reclutando miembros para cursos de entrenamiento en terrorismo... especialistas de Corea del Norte estaban enseñando a miembros jóvenes del Partido Socialista de Allende". (The Rise and Fall of the Soviet Empire, 1999).
En una conversación con un periodista del diario español ABC, publicada el 10 de octubre de 1973, Frei ya había hecho juicios durísimos contra la Unidad Popular y justificado plenamente la intervención militar: "El país no tiene más salida salvadora que el Gobierno de los militares"; "El mundo no sabe que el marxismo chileno disponía de un armamento superior en número y calidad al del Ejército"; "Los militares fueron llamados, y cumplieron una obligación legal, porque el poder ejecutivo y el judicial, el Congreso y la Corte Suprema habían denunciado públicamente que la presidencia y su régimen quebrantaban la Constitución"; "La guerra civil estaba preparada por los marxistas"; "Es alarmante que en Europa no se enteren de la realidad: Allende dejó la nación destruida".
Posteriormente Frei realizó una declaración pública en que reconoce haber hablado con el periodista Luis Calvo del ABC, pero en la que señala que la entrevista no reflejó exactamente sus palabras, sin aclarar cuáles fueron esas imprecisiones. Más tarde, en la carta citada a Leighton, Frei se refiere específicamente a que no hizo la durísima descripción de Allende que allí se le atribuye (y que por eso no se reproduce aquí), pero no desmiente el resto. Leighton le acepta esa retracción sobre Allende, pero le dice que los demás juicios son los mismos que le escuchó decir de manera consistente por años.
Un tercer texto clave de Frei es el prólogo que escribe en el libro –de elocuente título– del cientista político DC Genaro Arraigada, De la Vía Chilena a la Vía Insurreccional (1974). Allí Frei sostiene planteamientos similares a aquellos contenidos en la carta a Rumor y como epígrafe de su prólogo, Frei elige esta advertencia de Píndaro: "Fácil es, incluso para el más débil, destruir una ciudad hasta sus cimientos; pero es, en cambio, muy dura empresa levantarla de nuevo".
No deja de ser asombroso que en ese mismo 1973 en que se extendía el certificado de defunción de la democracia chilena y morían muchos de los nobles sueños de los fundadores del PDC, también fallecía en Francia Jacques Maritain, el filósofo-político francés que tanto admiraba Eduardo Frei y a quien había visitado en su lecho de enfermo en su exitosa gira a Europa de 1965.
Las Fuerzas Armadas obedecen
En la madrugada del martes 11 de septiembre de 1973, 18 días después de que los ministros militares recibieran formalmente el Acuerdo de la Cámara de Diputados, las Fuerzas Armadas chilenas iniciaron en todo el territorio un operativo militar para cumplir el mandato parlamentario.
Así lo entendió el historiador Richard Pipes, profesor de la Universidad de Harvard, quien ha sostenido que, con el Acuerdo, "la Cámara le solicitó a las Fuerzas Armadas que restauraran las leyes del país. Obedeciendo este mandato, a los 18 días los militares chilenos, liderados por el general Augusto Pinochet, removieron por la fuerza a Allende de su cargo" (Communism. A Brief Story, 2001).
El 13 de septiembre de 1973, la influyente revista de opinión británica, The Economist, publicó un editorial titulado "El fin de Allende", cuyo contenido es tan revelador que merece ser analizado íntegramente.
La revista es clarísima en asignar la responsabilidad por la ruptura ocurrida dos días antes: "La muerte transitoria de la democracia en Chile será lamentable, pero la responsabilidad directa pertenece claramente al Dr. Allende y a aquellos de sus seguidores que constantemente atropellaron la Constitución".
El editorial incluso va más allá y le asigna a Allende la responsabilidad por la violencia posterior: "La batalla parece apenas haber comenzado. Con la mayoría de los canales de comunicación de Chile con el mundo exterior aún restringidos, es difícil tener una idea más completa de la violencia que aparentemente continúa. Pero si una sangrienta guerra civil comenzara, o si los generales que ahora controlan el poder deciden no llamar a nuevas elecciones, no habrá duda alguna respecto de quien tiene la responsabilidad por la tragedia de Chile. La responsabilidad es del Dr. Allende y de aquellos en los partidos marxistas que aplicaron una estrategia para controlar el poder total, al punto que la oposición perdió las esperanzas de controlarlos por medios constitucionales".
La explicación que hace la revista británica de la situación en Chile podría haberla firmado cualquiera de los diputados que aprobó el Acuerdo: "Lo que ocurrió en Santiago no es un golpe típicamente latinoamericano. Las fuerzas armadas toleraron al Dr. Allende por casi tres años. En ese período, él se las ingenió para hundir al país en la peor crisis social y económica de su historia moderna. La expropiación de campos y empresas privadas provocó una alarmante caída en la producción, y las pérdidas de las empresas estatales, según cifras oficiales, superaron los 1.000 millones de dólares. La inflación alcanzó a 350% en los últimos 12 meses. Los pequeños empresarios quebraron; los funcionarios públicos y trabajadores especializados sufrieron la casi desaparición de sus sueldos por causa de la inflación; las dueñas de casa tenían que hacer interminables colas para obtener alimentos esenciales, y si es que encontraban. La creciente desesperación originó el enorme movimiento huelguístico que los camioneros iniciaron hace seis semanas. Pero el Gobierno de Allende fue más allá de la destrucción de la economía. Violó la letra y el espíritu de la Constitución. La forma en que sobrepasó duramente al Congreso y a los Tribunales de Justicia debilitó la fe en las instituciones democráticas del país".
The Economist fue de los escasísimos medios extranjeros que mencionaron entonces el crucial Acuerdo del 22 de agosto: "El mes pasado, una resolución aprobada por la mayoría opositora en el Congreso señalaba que "el Gobierno no es responsable sólo por violaciones aisladas de la Constitución y la ley; ha convertido tales violaciones en un método permanente de conducta".
Para la revista británica el detonante para el golpe "fueron los esfuerzos de los extremistas de izquierda para promover la subversión dentro de las fuerzas armadas. El señor Carlos Altamirano, ex secretario general del partido socialista, y el señor Oscar Garretón del Movimiento de Acción Popular Unitaria, ambos líderes de la Unidad Popular de Allende, fueron señalados por la Armada como los autores intelectuales del plan de amotinamiento de los marinos en Valparaíso... El sentimiento de que el Parlamento era ya irrelevante aumentó por la violencia en las calles y por la forma en que el Gobierno toleró el surgimiento de grupos armados de extrema izquierda que se estaban preparando de manera abierta para la guerra civil".
The Economist justifica plenamente la intervención militar cuando sostiene que "las fuerzas armadas intervinieron sólo cuando estuvo claramente establecido que existía un mandato popular para la intervención militar. Las Fuerzas Armadas tuvieron que intervenir porque fallaron todos los medios constitucionales para frenar a un Gobierno que se comportaba de modo inconstitucional", y realiza una importante precisión: "El General Pinochet y los oficiales que lo acompañan no son peones de nadie. Su golpe fue preparado en casa, y los intentos por hacer creer que los norteamericanos estaban implicados son absurdos, especialmente para quienes conocen la cautela norteamericana en sus recientes tratativas con Chile".
The Economist adelanta, primero, que la tarea de reconstrucción será difícil y que habrá excesos e injusticias: "Cualquiera sea el Gobierno que surja del golpe militar, no se pueden esperar tiempos fáciles. También aquellos que sufrieron bajo el Gobierno de Allende sentirán la tentación de ajustar cuentas con el bando derrotado". Segundo, anticipa la colaboración militar con economistas civiles al adelantar: "El Gobierno militar-tecnocrático que está aparentemente tomando forma intentará reconstruir el tejido social que el Gobierno de Allende destruyó". Y concluye con un lamento y una verdad: "Esto significará la muerte transitoria de la democracia en Chile, lo cual será deplorable, pero no debe ser olvidado quien lo hizo inevitable".
El desenlace natural
Alexander Solzhenytsin, el gran escritor e intelectual ruso que denunció el horror de los campos de concentración en la Unión Soviética, afirmó que "el comunismo sólo se detiene cuando encuentra una muralla".
A medida que el Gobierno de la Unidad Popular fue restringiendo las libertades económicas, sociales y políticas con el propósito de hacer su revolución marxista, surgió, desde los más diversos ámbitos de la sociedad chilena, una fuerte resistencia civil que se transformó pronto en una avalancha de protestas, manifestaciones, huelgas y denuncias.
Al final fue esta presión de la civilidad la que empujó a los partidos políticos de oposición a la aprobación del Acuerdo de la Cámara de Diputados, y después a las Fuerzas Armadas a obedecer el llamado del Acuerdo y remover por la fuerza al presidente que estaba violando "sistemáticamente" la Constitución de la República.
La resistencia civil generalizada que concluyó con el Acuerdo de la Cámara de Diputados fue "la muralla" con la que se encontró el comunismo en Chile. Este Acuerdo, entonces, constituye la partida de defunción del Gobierno del presidente Allende y el certificado de bautismo del Gobierno del presidente Pinochet.
Como afirmó uno de los hombres claves detrás del Acuerdo y entonces presidente de la Democracia Cristiana, Patricio Aylwin: "El Gobierno de Allende había agotado, en el mayor fracaso, la vía chilena hacia el socialismo y se aprestaba a consumar un autogolpe para instaurar por la fuerza la dictadura comunista. Chile estuvo al borde del 'Golpe de Praga', que habría sido tremendamente sangriento, y las Fuerzas Armadas no hicieron sino adelantarse a ese riesgo inminente" (El Mercurio, 17 de septiembre de 1973).
No fue una afirmación aislada del futuro presidente de Chile. Un mes después, Aylwin ratificó su pensamiento así: "La verdad es que la acción de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros no vino a ser sino una medida preventiva que se anticipó a un autogolpe de Estado, que con la ayuda de las milicias armadas con enorme poder militar de que disponía el Gobierno y con la colaboración de no menos de diez mil extranjeros que había en este país, pretendían o habrían consumado una dictadura comunista" (La Prensa, 19 de octubre de 1973).
Es imposible, a la luz de todos estos antecedentes, no concluir que la intervención militar fue el resultado de una rebelión civil ante una tiranía. Ella fue legítima e inevitable, pues, como ha sostenido Vaclav Havel, un hombre que sufrió por varias décadas la dictadura comunista en su país, "el mal debe ser confrontado en su cuna y, si no hay ninguna otra manera de hacerlo, entonces tiene que hacerse con el uso de la fuerza" (New Yorker, 6 de enero, 2003).
Resumen y conclusiones
Los hechos demuestran entonces que:
a) El presidente Salvador Allende fue el responsable de su propia caída, pues cometió un suicidio político al declararse en rebelión contra la Constitución de la República.
b) Estas acciones del Gobierno de la Unidad Popular generaron una masiva y valiente resistencia civil, la cual se expresó de múltiples maneras, y fue ella la que concluyó impulsando a las dirigencias políticas a enfrentar frontalmente al presidente Allende y exigir su remoción.
c) El ex presidente de la República, Eduardo Frei Montalva, fue el líder determinante en el Acuerdo de la Cámara de Diputados que acusó al presidente Allende de haber cometido veinte violaciones a la Constitución y que concluyó con un llamado desesperado a la intervención de las Fuerzas Armadas.
d) Las Fuerzas Armadas, al remover al Gobierno socialista-comunista de la Unidad Popular, no realizaron un típico "golpe de estado" latinoamericano, sino que obedecieron un mandato moral y político de la Cámara de Diputados, un brazo del mismo Congreso que en 1970 había elegido presidente a Salvador Allende.
Pero algo sorprendente sucedió en esa fría noche del 22 de agosto de 1973 inmediatamente después de terminada la votación del Acuerdo. Algunos diputados de la oposición comenzaron a cantar la Canción Nacional. Y ese gesto comenzó a ser imitado por otros hasta que al final toda la Cámara estaba de pie entonando el himno patrio.
En ese amor a Chile, compartido por todos, sobrevivía la esperanza.
POST SCRIPTUM. He escrito este ensayo como una contribución a la causa de que nunca más se quiebre la democracia en Chile, para lo cual estimo imprescindible conocer las razones que la destruyeron y concordar hacia el futuro tres principios fundamentales para una convivencia cívica pacífica: a) Bajo ninguna circunstancia, con ninguna justificación, y en ninguna forma, un grupo debe propugnar, y mucho menos iniciar, la violencia como mecanismo de cambio económico, social o político bajo un régimen democrático; b) Iniciada la violencia por algún sector, ella debe ser atajada de inmediato por el Gobierno de ese momento, dentro de la ley pero aplicando toda la fuerza de la ley; y c) El rechazo a los que propician y ejercen la violencia, y el apoyo al Gobierno que la combate con mano firme, debe contar con el respaldo unánime y decidido de la sociedad política y de la sociedad civil.¿LA IGLESIA CHAVISTA BOLIVARIANA?
REFLEXIONES LIBERTARIAS
¿LA IGLESIA CHAVISTA BOLIVARIANA?
Ricardo Valenzuela
Hace unos días navegando por la red, me paralizo ante una carta publicada por el Cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, denunciando una conspiración mundial en contra de la iglesia católica. Describe lo diabólico del liberalismo económico que ha empobrecido a los pueblos, invita luego a sufrir la pobreza con resignación como una prueba del Señor para los “buenos”. Cierra etiquetado de bienaventurados a quienes son perseguidos por la justicia—el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada se deben de sentir muy bienaventurados.
EL EVANGELIO DE ACUERDO AL CARDENAL: “Al término de la guerra fría, con la caída del muro de Berlín se pensó que al haber desaparecido el comunismo la humanidad entraba en un periodo de paz y prosperidad, pero no fue así. Pero luego hizo su aparición el capitalismo liberal desalmado que trajo consigo el empobrecimiento sucesivo de los pueblos, y las guerras tribales que han ensangrentado gran parte del mundo.”
Tercer milenio
“Ahora, a principios del tercer milenio, tenemos la globalización que hasta la fecha ha sido un movimiento sumamente negativo; por eso digo que hay un misterio de inequidad que obra en el mundo permitido por Dios para probar a los buenos.”
“Por eso Cristo Nuestro Señor alertó a sus discípulos. En el evangelio de San Mateo hay toda una serie de advertencias de Jesús: «los llevarán a los tribunales por mi causa, los perseguirán y podrá pensarse que los persecutores estén haciendo un servicio a Dios, pero ustedes no tengan miedo».”
No me hubiera extrañado leer tal texto si la autoría fuera del recién fallecido Obispo Samuel Ruiz, el verdadero Comandante del ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pero me ha sido difícil aceptar que el autor sea un príncipe de la iglesia, y no cualquier príncipe puesto que don Juan no es precisamente de los que sufre la ruina aceptándola como una prueba del Señor para los buenos. Es un poderoso líder espiritual con una gran relación e influencia entre las elites empresariales de Jalisco.
La noche anterior un noticiero presenta un evento realmente extraño: El Presidente de la Republica Dominicana asiste a misa dominical sólo para recibir, en lugar del evangelio de Cristo, una regañada de parte del párroco del templo el cual, armado con la sotana y el micrófono, le reclama el manejo del país, procede a darle cátedra de economía, política, asuntos internacionales, cerrando con el clásico broche de los perfectos idiotas latinoamericanos: “el liberalismo y los gringos son los culpables de nuestra pobreza”.
Al día siguiente me reúno con mi hija mayor y me recibe con un halo de tristeza. Al preguntarle el motivo de su manifiesto malestar, pasa a informarme que después años como fiel de su parroquia católica Pío X en Tucson, Arizona, ha decidido cambiarse a otra y ello la entristece. Prosigue explicándome que debido a la escasez de sacerdotes en EU, se ha activado un plan para importarlos de México y en su parroquia los han bendecido con una de esas maravillosas importaciones.
Y ¿cual es el problema? le pregunto. Me responde: “Mira papá, he asistido a cinco misas de este nuevo sacerdote y el total de su evangelio ha sido alabar la causa zapatista de México; denunciar cómo los ricos han explotado a los pobres durante siglos; el promover odio de clases; ha llegado a definir al Che Guevara como un mártir casi a la imagen de Jesucristo. Salgo de la iglesia sintiendo tristeza, culpa, malestar, en lugar de la paz que antes me daba la santa misa.”
Empujo mi silla hacia atrás y pienso en una cita del capítulo “El Fusil y la Sotana” del excelente libro; El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano: “La teología de la liberación subraya el aspecto conflictual del proceso económico, social y político que enfrenta a los pueblos oprimidos contra los opresores. Cuando la iglesia rechaza la lucha de clases, al no tomar parte se sitúa como pieza del sistema dominante y explotador.”
Esta declaración cuasi bélica es tan abierta que desarma. La iglesia como soldado en la lucha de clases. Los representantes del Dios en la tierra toman partido por unos en contra de otros. Estos herederos del Concilio Vaticano II, decidieron que había llegado la hora de dedicarse al socialismo con el fusil y la sotana. La nueva observación de la iglesia era el que en la tierra el asunto dominante era la lucha de clases, un grupo mayoritario es explotado por privilegiados, microcosmos de otra injusticia más grande, la de los países ricos explotando a los pobres—pero ¿que eso no era en los años 70? No señor, es lo que de forma subliminal expresan muchos de nuestros líderes religiosos hoy día.
Es doloroso el tener que incluir a la iglesia, al lado de los políticos, entre los responsables de la miseria de las masas. Es penoso porque no es la iglesia en general, sino aquellos miembros de la llamada Teología de la Liberación en lucha encarnizada contra la libertad económica. Es penoso porque algunos lo hacen bien intencionados y eso es lo que le da vida a la sabia expresión; “el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones”.
Cuando truenan en contra del liberalismo lo hacen en contra de las medidas tendientes a aliviar el caos de los pueblos: mercados libres, estado de derecho, reducción de los gastos del gobierno, balance de sus presupuestos, reducción de la burocracia, control de las emisiones monetarias para domar las inflaciones—sentido común en contraste a las medidas intervencionistas que nos arruinaron.
Desenfundan luego su término favorito; “capitalismo salvaje”, siendo que ese tipo de capitalismo no existe. El capitalismo que ellos identifican con Slim, Televisa, TV Azteca etc. no es capitalismo, es lo que Mises bautizara como intervencionismo que en México mutara a Neoliberalismo, el club privado para el reparto. Comulgan con Chávez cuando afirma los marcianos perecieron por culpa del capitalismo.
Lamentan la miseria de los pobres condenando lo pecaminoso de la propiedad privada, la producción de utilidades, la competencia, la creatividad, el ahorro. En pocas palabras, se rebelan contra todo lo que representa la psicología del éxito. Es penoso observar que, aun cuando la iglesia a nivel mundial ha modificado su actitud ante la libertad económica, en México permanece suspendida en la época de la inquisición cuando, ante la publicación de La Riqueza de las Naciones de Adam Smith, la santa orden prohibiera su introducción a España so pena de muerte. Es penoso que se hayan olvidado de Juan Pablo II y su encíclica Centésimos Annus.
Regreso el respaldo de mi silla a su posición original y le digo a mi hija: Cámbiate a la iglesia del Padre Mitch, él es discípulo del Padre Robert Sirico, uno de los grandes liberales católicos. Porque de que los liberales católicos existimos, existimos. Pocos, pero existimos.
Pinochet y el liberalismo de bolsillo
Pinochet y el liberalismo de bolsillo
Hay una tendencia inconfesablemente racista tanto en la izquierda como en la derecha de Europa y los USA según la cual las dictaduras están justificadas y pueden resultar beneficiosas para los países del Tercer Mundo. Que se haga en nombre de la Justicia es la coartada socialista y comunista para la defensa de tiranías como la cubana o la sandinista, una excusa intelectual e inmoral que Carlos Rangel criticó demoledoramente en "Del buen salvaje al buen revolucionario" y "Tercermundismo".Pero en torno al "Caso Pinochet" está desarrollándose un discurso que, en nombre del liberalismo, supone una manipulación de la historia y justifica lo injustificable en materia de libertades apelando a los resultados económicos del régimen que las conculcó. Paul Craig Roberts en su artículo "Los enemigos del mercado", desarrolla, sin duda de forma involuntaria, una argumentación típicamente marxista: los atropellos a la libertad están justificados por los resultados económicos de la gestión de los liberticidas.
Pues bien, ni lo están en los regímenes comunistas ni en los capitalistas, porque nunca la libertad económica y la prosperidad se asientan de forma duradera sobre la falta de libertad política. Y, sin un poder judicial indpendiente, base de cualquier Estado de Derecho, no puede haber libertad real ni auténtica prosperidad.
Los que desde posiciones liberales hemos defendido públicamente, tanto contra la Izquierda revanchista como contra la derecha acomplejada, que Pinochet no debía ser juzgado en España, lo hemos hecho basándonos en dos razones: que nuestro país reconoce en Chile una democracia y que, en consecuencia, el enjuiciamiento moral, político o incluso legal corresponde a los chilenos. Esto es: a los poderes democráticamente establecidos o paulatinamente restablecidos después de la renuncia de Pinochet en 1990.
Chile ha cambiado desde entonces dos veces de gobierno y de tendencia política. Ha podido elegir y regular su política en materia de Justicia y también su orientación económica. Por mucho que lamentemos el triunfo de los socialistas en Chile, no puede identificarse sin más con las iniciativas del juez Guzmán. Y por mucho que justifiquemos el golpe de Estado contra Allende, no hay ninguna relación de causa-efecto entre los crímenes que se investigan en la "Caravana de la Muerte" y la política económica liberal de Pinochet.
En primer lugar, porque la reforma de las Pensiones no precisa de la tortura y el asesinato. Y en segundo lugar, que debería ser el primero a la hora de hacer identificaciones categóricas y peligrosas, porque cuando el régimen de Pinochet mataba sin necesidad real de hacerlo estaba haciendo un política económica que de liberal tenía tan poco como todo lo demás.
Sólo después de fracasar en su política intervencionista, típicamente cuartelera, Pinochet llamó a los "Chicago boys" a la desesperada, para que arreglaran una situación financiera que llevaba a la ruina no sólo al país en general sino a su dictadura en particular. Pinochet dio el golpe para evitar el comunismo, no para implantar el liberalismo. Como sucediera con Franco, sólo tras fracasar el intervencionismo de derechas se decidió a llamar a los tecnócratas de signo liberal. Con éxito, afortunadamente. Pero no hasta el punto de ocultar los móviles y la realidad de su sistema político
Dice Craig Roberts. "Hay mucho escondido tras la persecución de Pinochet. Al desacreditarlo, la izquierda pretende desacreditar también sus reformas económicas y políticas. Tales reformas y no un anciano enfermo son el verdadero blanco. Una vez desacreditado Pinochet, la izquierda insistirá en el reemplazo de todas esas "injustas" soluciones liberales". A mí me parece que el ilustre ex-Subsecretario del Tesoro lleva a cabo a favor del dictador la misma mezcolanza que reprocha a la izquierda y que utiliza un liberalismo de bolsillo para defender algo que no tienen nada que ver con la libertad.
Puede que la izquierda chilena necesite identificar las reformas liberales con Pinochet para destruirlas. Pero ciertamente los liberales de Chile, de España y de todo el mundo no necesitamos identificarlas con la dictadura de Pinochet y sus peores episodios represivos para defenderlas. Si la libertad económica -que no puede existir, insistimos, al margen de un Estado de Derecho- dependiera para sobrevivir de su asociación con el futuro de Pinochet, poco futuro tendría la libertad. Pero lo tiene, sin necesidad de falsos amigos ni de enemigos de pacotilla. Que los chilenos defiendan su pasado y protejan su futuro. Pero no convirtamos entre todos su presente en una película del Far West.
MAS CORRUPCION BOLIVARIANA
TRIBUNA
MAS CORRUPCION BOLIVARIANA
algunas empresas "constructoras" jóvenes (de menos de cuatro años de existencia) se han transformado en sociedades muy "exitosas"
Emilio J. Cárdenas
Desde hace rato ya venimos alertando periódicamente a nuestros lectores acerca de la inmensa ola de “corrupción bolivariana” que parece flotar sobre la administración de Daniel Ortega Saavedra, en Nicaragua. La información difundida por “La Prensa” de ese país es clave en esto. El respetado diario de la familia Chamorro, un verdadero símbolo de la libertad en Managua, es particularmente esclarecedor.
Ahora acaba de revelar que algunas empresas “constructoras” jóvenes (de menos de cuatro años de existencia) se han transformado en sociedades muy “exitosas” porque concentran en sus manos una enorme tajada de los contratos de obra pública, obviamente por su cercanía con el poder. No por otra razón, desde que experiencia en el rubro no tienen. Este es un esquema bastante conocido, uno que, por ejemplo, ha sido muy frecuente en algunas de las provincias de la Patagonia argentina. Una forma de “alimentar” a la política. Mejor dicho, a los políticos.
Nos referimos en este caso particular a “Constructora Nicaragua”, empresa más conocida como “Construnicsa”. Su presidente es, curiosamente, el hermano del actual Viceministro de Educación del gobierno sandinista que encabeza el mencionado Daniel Ortega, José Treminio Zeledón.
La Alcaldía de Managua y la cuenta “Alba Solidaria” (vinculada a Hugo Chávez) le han “adjudicado” (a dedo) contratos por casi cinco millones de dólares. Sus oficinas societarias son casi inexistentes, alimentando la sospecha de que se trata de una mera “empresa de papel” que ejecuta obras viales “tercerizando” en rigor su labor; esto es a través de otras empresas contratistas, percibiendo así lo que puede ser calificado como una suerte de “comisión de intermediación”. Apenas eso. Pero la tajada que así se percibe puede ser sabrosa. Por hacer y arriesgar poco, además.
Hay además, aparentemente, otra empresa muy parecida. Se trata, en este caso, de “Construcciones Verticales” (mas conocida como “Coverh SA”), que está gerenciada, también curiosamente, por el hermano del Ministro de Hacienda y Crédito Público, Don Alberto Guevara. Pese a su declamada “verticalidad”, la firma construye carreteras, horizontalmente por supuesto. Cinco millones de dólares de obras para construir apenas 11 kilómetros de pavimento desde Puerto Sandino hasta la localidad de El Velero, o sea el acceso a la refinería bolivariana en construcción que lleva el increíble nombre de: “El Supremo Sueño de Bolívar”. Todo es bueno para hacer propaganda e impactar en la opinión pública. Todo es mediático ahora.
Esta segunda empresa también recibe contratos de la Alcaldía de Managua. En sus oficinas declaradas sólo aparece gente humilde, que abre las puertas a los periodistas aclarando que no tienen vinculación alguna con la empresa que dice tener allí su domicilio.
Además, está asimismo la empresa “Ceico SA” que, una vez más curiosamente, también construye carreteras en Nicaragua. Ella es de propiedad del Ministro de Transporte, Don Pablo Fernández Martínez. En este caso, adoquina el tramo de la ruta que se extiende entre El Sauce y Achuapa. Percibe por ello unos 9 millones de dólares por unos 23 kilómetros de carreteras. Para el Ministro Fernández Martínez su empresa contrata con financiación consistente en fondos “privados” venezolanos, suministrados obviamente por el “compañero” Hugo Chávez a través del Alba y vinculados con el acuerdo petrolero suscripto por la petrolera oficial venezolana con Albanisa, la empresa de la familia Ortega con una participación estatal del 49%. Por eso el Ministro cree aparentemente que no tiene inhibición alguna, ni ética ni jurídica, para contratar así obras públicas con el Estado.
Curiosa simbiosis entre lo público y lo privado la de los “ministros constructores” nicaragüenses. Todo un ejemplo de la visión prevaleciente en el universo bolivariano, donde la función pública pareciera ser, entre otras cosas, un camino para el enriquecimiento personal de los funcionarios. Como si no hubiera incompatibilidad alguna. Ni ética, ni legal. Increíble.
De esta manera aparece en Nicaragua una nueva y floreciente “oligarquía”, la sandinista, que concentra a la vez el poder político y el económico en sus manos. De no creer. Pero esa es la moral sandinista y no otra. Y tiene imitadores por todas partes en la región. Cada vez más.
Emilio J. Cárdenas
Ex Embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas.
El descontrol del narcotráfico
TRIBUNA
El descontrol del narcotráfico
No es la primera vez que efectivos y oficiales de la Policía Nacional aparecen involucrados en actividades directamente relacionadas con el narcotráfico
Oscar Ortiz Antelo
La detención en Panamá del Gral. René Sanabria, ex director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y director en funciones de una unidad de inteligencia del Ministerio de Gobierno, acusado de dirigir una red de comercialización de cocaína hacia los Estados Unidos, refleja la magnitud del crecimiento del narcotráfico en Bolivia y el descontrol con la cual esta actividad se está desarrollando.
A pesar de los esfuerzos del gobierno del presidente Evo Morales por disminuir la importancia de este caso y de procurar minimizar las funciones que cumplía el Gral. Sanabria al momento de su detención, la realidad es que este es un caso muy grave que muestra una vez más el fracaso de la política gubernamental antidroga y la cada vez mayor penetración de peligrosos grupos internacionales no solo en el país sino en las principales instituciones del Estado encargadas de combatir este delito.
El hecho de que este caso fuera descubierto por la DEA, sus principales protagonistas detenidos en Panamá y posteriormente trasladados a Miami, deja al Gobierno en una muy difícil situación, pues las principales investigaciones del caso y los detenidos más importantes, no están bajo su control sino de la agencia estadounidense y de los jueces de ese país, con lo que el control del caso y la información que genere la tienen ellos y no las autoridades bolivianas.
No es la primera vez que efectivos y oficiales de la Policía Nacional aparecen involucrados en actividades directamente relacionadas con el narcotráfico. Peor aún, en los últimos meses ha surgido evidencias de que oficiales de la la institución han actuado por cuenta de capos que los han contratado para ajusticiar rivales. Sin embargo, este caso es el que ha involucrado a oficiales del más alto rango. Paradójicamente, los detenidos en Panamá y posteriormente en Bolivia, eran los encargados de infiltrar a las mafias, para las que habrían terminado trabajando.
Extensos reportajes publicados por el periódico La Nación de Argentina (27-28 febrero 2011) muestran la estrecha relación existente entre el caso conocido en dicho país como el narcojet y redes delictivas que habrían provista la droga detenida en Barcelona, desde Bolivia.
Cada vez con mayor intensidad los bolivianos asistimos a una escalada de la ola de violencia que desatan entre si los carteles internacionales que comienzan a operar en nuestro país. Por ahora, el común de los ciudadanos vemos estos horrendos crímenes como algo relativamente lejano que no afecta a la población local, con excepción de aquellos que se involucren directamente.
Hasta cuándo. No por mucho tiempo. Como podemos ver en las realidades de otros países latinoamericanos el poder corruptor del narcotráfico es ilimitado y su capacidad de sembrar violencia en la sociedad también. El Gobierno del presidente Morales no puede seguir tratando tapar el sol con un dedo. El Estado boliviano está perdiendo el control sobre el país frente a estos grupos delictivos y el gobierno es el responsable de evitar que esto ocurra.
Oscar Ortiz Antelo
Ex presidente del Senado Nacional de Bolivia
Izquierdas y derechas, parientes
TRIBUNA
Izquierdas y derechas, parientes
En los hechos, Hitler tomó cuatro pilares del marxismo: la teoría de la explotación, el ataque a la propiedad, el anti-individualismo y la teoría del polilogismo
Alberto Benegas Lynch
 | ||
 | ||
La tesis central de esta nota estriba en que, mal que les pese a “los progre” y a los “fachos”, la manía de identificar una postura intelectual por la localización geográfica presenta una falsa disyuntiva. También la pretendida ubicación “de centro” resulta en una notable desubicación puesto que carece de identidad ya que se corre en una u otra dirección según se mueven los extremos.
La representación más fuerte de las derechas está constituida por el nazi-fascismo. En los hechos, Hitler tomó cuatro pilares del marxismo: la teoría de la explotación, el ataque a la propiedad, el anti-individualismo y la teoría del polilogismo. En este último caso, en Mein Kampf escribe que “el marxismo aspira a traspasar el mundo sistemáticamente a manos del judaísmo” (el propio Marx se despacha contra los judíos en La cuestión judía, para no decir nada de las matanzas y persecuciones de Stalin y sus socios criminales), pero Hitler adopta el criterio de Marx en cuanto a la diferente estructura lógica de burgueses y proletarios que sustituye por la de “judíos y arios” (aunque, al igual que en el caso marxista, nadie explicó en que se diferencian los silogismos respecto a la lógica aristotélica y, después de engorrosos intentos de la pastosa clasificación de “razas” que confundieron con religión, los sicarios nazis raparon y tatuaron a sus víctimas para distinguirlas físicamente de sus captores). Hitler en entrevista revelada por Thevor Roper en Le Figaro el 12 de diciembre de 1958 había concluido que “la raza judía es ante todo una raza mental”.
Por su parte, Mussolini fue secretario del Círculo Socialista y colaboró asiduamente en el periódico Avenire del Lavoratore, órgano del movimiento socialista, época en que sus lecturas favoritas incluían a George Sorel, Kropotkin y la dupla Marx-Engels. Luego fue colaborador del diario Il Populo y director de Avanti. Tal como consigna Gregorio De Yurre en Totalitarismo y egolatría “era la figura más destacada y representativa del ala izquierdista del marxismo italiano”. En los Escritos y Discursos de Mussolini, igual que Hilter, mantenía que “el capitalismo es un sistema de opresión”. Finalmente, por desavenencias varias, lo expulsan del partido y en 1919 funda los fascios de combate o anti-partido.
En realidad, tanto los nazis como los fascistas al permitir el registro de la propiedad de jure pero manejada de facto por el gobierno hace de poderoso anzuelo para penetrar de contrabando y más profundamente con el colectivismo respecto del marxismo que abiertamente no permite la propiedad, ni siquiera nominalmente. Si miramos con alguna atención a nuestro mundo de hoy comprobaremos el éxito del nacional-socialismo y del fascismo que sin necesidad de cámaras de gas ni de campos de concentración avanzan a pasos agigantados sobre áreas clave que solo son privadas en los papeles (en verdad privadas de toda independencia) como la educación, las relaciones laborales, los bancos, los transportes, los medios de comunicación, el sector externo, la moneda y tantas otros campos vitales.
Entre los autores que han enfatizado las similitudes y parentescos de la izquierda y la derecha se destaca nítidamente Jean-François Revel, quien en La gran mascarada apunta que “Si el nazismo y el comunismo han cometido genocidios comparables por su amplitud, por no decir por sus pretextos ideológicos, no es en absoluto debido a una determinada convergencia contra natura o coincidencia fortuita debidas a comportamientos aberrantes sino, por el contrario, por principios idénticos, profundamente arraigados en sus respectivas convicciones y en su funcionamiento […] No se puede entender la discusión sobre el parentesco entre el nazismo y el comunismo si se pierde de vista que no solo se parecen por sus consecuencias criminales sino también por sus orígenes ideológicos. Son primos hermanos intelectuales […] Se objetará, con razón, que ninguna rememoración de la criminalidad nazi puede ser excesiva. Pero la insistencia en esa rememoración se convierte en sospechosa cuando sirve para aplazar indefinidamente otra: la de los crímenes comunistas”.
Más adelante, en el mismo libro, Revel escribe que “Estoy de acuerdo en que se me exhorte a que abomine cada día más de los antiguos admiradores de Himmler, a condición de que no sean antiguos admiradores de Beria los que me administran esa homilía conminatoria […] La analogía no es mía: es de Stalin. Fue el quien llamaba a Beria ´nuestro Himmler´y fue en esos términos en los que lo presentó al presidente estadounidense, Franklin Roosevelt”.
En la práctica las rencillas izquierda-derecha se deben a facciones que luchan por el poder y que a veces se embarcan en muy distintas estrategias para el mismo objetivo de estatización y con el mismo enemigo común: el liberalismo. Decimos que a veces porque en otras oportunidades aparecen formalmente aliados como el caso del pacto Molotov-Ribbentrop o, como ocurre diariamente, aliados en los hechos aunque no en las palabras. La inconducente dicotomía derecha-izquierda es a todas luces falaz y engañosa puesto que ambas posiciones se apoyan en las botas para manejar las vidas y haciendas de las personas, con o sin urnas que se llevan por delante derechos y cercenan libertades (aunque unos recurren al esperpento del “ser nacional” y la xenofobia, mientras que los otros a “los superiores intereses del Estado” que asimilan a los de los burócratas).
Como aparentemente hay más adherentes de la izquierda se publicitan más los horrores del holocausto pero los comunistas masacraron a más de cien millones de personas según las prolijas estadísticas que revelan, entre otros, Stéphané Courtois et al en El libro negro del comunismo. Lo de “aparentemente” viene a cuento porque en los hechos hay muchos más que suscriben las políticas del fascismo y el nacional-socialismo con el aval de quienes inocentemente se autotitulan de izquierda. Si bien el origen histórico de las izquierdas radica en la oposición al poder en épocas de la Revolución Francesa, luego degeneró en el uso y en el abuso para provecho propio.
Y para los distraídos que dicen que Stalin no ha sido “el verdadero socialismo” y que debe aplicarse “el socialismo con rostro humano”, tengamos muy presente lo que señala el ex marxista Bernard-Henri Lévy en su Barbarism with a Human Face: “Aplíquese marxismo a cualquier país que se quiera y siempre se encontrará un Gulag al final”. Respecto de la social democracia de Eduard Bernstein conviene subrayar que a pesar de su revisionismo respecto de Marx, insiste en el redistribucionismo que significa reasignar factores productivos desde las áreas preferidas por los consumidores hacia las deseadas por los aparatos estatales con lo que el consiguiente derroche de capital reduce salarios e ingresos en términos reales. La actual quiebra de los llamados “sistemas de seguridad social” coactivos en distintas partes del mundo, los desplantes del sindicalismo compulsivo y la maraña y caos fiscal son el resultado de la antedicha visión que termina empobreciendo a quienes se dice se desea proteger, cuyo aspecto medular radica en el igualitarismo de los Rawls, Dworkin, Thurow y Bobbio que, con el mejor de los propósitos, no parecen percatarse de los graves perjuicios que crean a los más necesitados.
Entonces, en última instancia, la verdadera disyuntiva, con sus muchos matices, es entre el estatismo y el liberalismo al tiempo que deben enfatizarse los desaguisados mayúsculos que se han adoptado en diversos lares a los que algunos endilgaron injustamente la etiqueta de “liberal” a pesar de la destrucción de la división horizontal de poderes, intentos de amordazar la prensa, alquimias monetarias, controles de precios, adiposos gastos y deudas estatales en el contexto de corrupciones inauditas y alianzas con barones feudales disfrazados de empresarios.
Mario Vargas Llosa pertenece a la tradición de pensamiento liberal, lo cual, como queda expresado, no constituye un tejido uniforme. En el mencionado congreso de liberales del mes próximo aparecerán las diferencias de opinión que siempre enriquecen el conocimiento que, como explica Popper, es provisorio y abierto a refutaciones.
Los socialistas derrotan a la UMP de Sarkozy
Los socialistas derrotan a la UMP de Sarkozy en las municipales
El Partido Socialista (PS) ha sido el vencedor de la segunda vuelta de las elecciones municipales y cantonales celebradas en Francia gracias al apoyo del 36,2 por ciento de los votantes, según últimas estimaciones del Ministerio del Interior francés realizadas a partir de votos reales.
El segundo partido más votado ha sido la Unión por un Movimiento Popular (UMP) del presidente Nicolas Sarkozy, con el 18,6 por ciento de los sufragios, seguido del ultraderechista Frente Nacional, que habría logrado el 11,1 por ciento de los votos y se consolida así como tercera fuerza política del país.
Sin embargo, la gran protagonista de la jornada ha sido la abstención, que según los sondeos alcanza el 55 por ciento, una cifra similar a la de la semana pasada, cuando se celebró la primera vuelta de las municipales.
Los franceses "han abierto la puerta para el cambio y vamos a poneros a ello", ha declarado la secretaria general del PS, Martine Aubry, quien ha prometido poner todo su "energía en unir a la izquierda" para ganar en las presidenciales de 2012.
La izquierda se ha hecho con varios departamentos hasta ahora controlados por la derecha: Jura, Pirineos Atlánticos, Saboya, Reunión, y, posiblemente, la región del Loira. Además, la gran sorpresa sería la victoria de los socialistas en Mayotte, departamento de ultramar situado al norte de Madagascar. Además, los socialistas mantienen otros departamentos clave como Sena y Marne o Corrèze.
"La izquierda está avanzando, pero el descenso ha sido menor del anunciado", ha destacado el primer minsitro, François Fillon. Más crítico ha sido el portavoz del Gobierno, François Baroin, quien que la mayoría tiene que "aprender de todo esto (...) y del empuje del Frente Nacional." "Hay mensajes que van dirigidos" al Gobierno y que "no deben ser subestimardos", dijo.
El otro gran vencedor de la noche es el Frente Nacional de Marine Le Pen, que, aunque no ha podido confirmar los pronósticos que incluso lo situaban por encima de la UMP de Sarkozy, sí ha logrado importantes avances como la elección de dos miembros en los consejos generales (parlamentos cantonales) de los cantones de Carpentras y Brignoles.
Le Pen ha destacado el "gran aumento de los votos del Frente Nacional en las dos vueltas" y resaltó los buenos resultados de la formación en Nimes-5 (Gard), Montigny-en-Gohelle (Paso de Calais). El apoyo al Frente en estas comunas se ha incrementado del 29 al 45% y del 35 al 45%, respectivamente.
En estas elecciones se elige a los concejales de los ayuntamientos de todo el país y se renueva la mitad de los consejos generales, órgano legislativo de los departamentos franceses.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario