Las FARC extorsionan a venezolanos en Venezuela, según Estados Unidos
Un ganadero informó a la Embajada estadounidense sobre la coordinación entre la guerrilla y los agentes de Caracas
FRANCISCO PEREGIL - Madrid -
Un importante empresario ganadero de una zona venezolana fronteriza con Colombia se reunió en julio de 2008 con los diplomáticos estadounidenses para explicarles hasta qué punto las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) operaban de forma impune en territorio venezolano. La citada fuente, cuya identidad los telegramas piden proteger, explicó cómo trató de escapar del "sistema de extorsión de las FARC". Relató que en junio de 2006 recibió la llamada del "comandante Juan Carlos", del 45º frente guerrillero. "Pocos días después le fue enviada una carta en la que se incluían detalles precisos sobre su familia, su rutina diaria y sus actividades empresariales. Buscando consejo sobre cómo afrontar lo que consideraba una amenaza creíble, esta misma fuentese encontró con un veterano juez en San Cristóbal. El juez le dio dos números de móvil y le dijo que llamara inmediatamente. Esa noche, el empresario voló a Caracas con las instrucciones que le dieron por teléfono", señala el cable.
"Se dirigió hacia el barrio de Santa Mónica, en Caracas, en donde un coche lo llevó a una casa grande. Sobre el terreno, vio vehículos que pertenecían a la DISIP (Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención). Este organismo tiene su sede cerca de Santa Mónica y es conocido por operar en varias casas de seguridad. El empresario dijo que fue calurosamente recibido por un anciano, El Profesor, que afirmaba haber conocido a su padre. El Profesor se disculpó y se quejó de que las FARC se hubieran excedido. Dijo que este individuo era uno de 'los buenos muchachos' y que él se encargaría de todo. En la casa de seguridad,el empresario encontró al general Henry Rangel Silva, jefe del DISIP. Según su relato, Rangel Silva también se quejó de que las FARC estuvieran 'olvidando su lugar", indica el despacho.
La fuente de los diplomáticos estadounidenses"dijo que al día siguiente recibió instrucciones para llamar a 'Xiomara', que le ordenó encontrarse con ella esa tarde. El encuentro se produjo en las oficinas de Freddy Bernal, un ardiente chavista y alcalde del barrio Libertador de Caracas. Desde allí, Xiomara le condujo hacia adentro y, según el empresario, ella acusó a las FARC de molestar a un buen amigo del presidente Chávez. Desde entonces,este no ha sido molestado por las FARC".
Aunque los diplomáticos reconocen que no pueden comprobar la autenticidad de la historia, aseguran que "es de conocimiento general que el crimen organizado, las guerrillas izquierdistas y los paramilitares cazan en las zonas fronterizas de Venezuela". "La dificultad está en determinar qué organización está detrás de cada delito. A nuestro departamento de Agricultura han llegado historias similares que hablan de un clima de terror que ha tenido sus consecuencias en la producción agraria", concluye el informe.
corrupción oficial en Argentina
EE UU, preocupado por la corrupción oficial en Argentina
Más de cien cables de la embajada americana alertan del frágil sistema judicial y de la impunidad de quienes delinquen
JUAN JESÚS AZNÁREZ - Madrid -
El fenómeno de la corrupción oficial en Argentina preocupa a Estados Unidos, cuya embajada en Buenos Aires envió al Departamento de Estado más de cien despachos confidenciales, a lo largo de varios años, alertando sobre la fragilidad del sistema judicial en el país sudamericano y, consecuentemente, sobre la impunidad de quienes delinquen. Sin auténtica voluntad política para erradicarla, la corrupción es generalizada en la judicatura y la policía, y alcanza a la política, según denuncia un informe enviado a Alberto. R. Gonzales, entonces Fiscal General de EE UU, poco antes de su viaje a Buenos Aires.
La mayoría de los países de América Latina ocupan, con Venezuela a la cabeza, puestos lamentables en la clasificación de Transparencia Internacional (TI), ya que la corrupción atraviesa los negocios y la política, y las denuncias no resueltas sobre comisiones ilegales y sobornos son innumerables. Venezuela, Argentina, Paraguay, México Honduras, Ecuador o Bolivia figuran entre las naciones más castigadas por la corrupción oficial y la impunidad.
La renuncia del fiscal argentino anticorrupción Manuel Garrido , en marzo de 2009, alegando la imposibilidad de cumplir con su trabajo, maniatado por restricciones normativas, fue recibida con desagrado por la legación diplomática norteamericana. La embajada había seguido atentamente las investigaciones de Garrido sobre el sospechoso incremento patrimonial del matrimonio Kirchner y de funcionarios del entorno presidencial. "Los recientes movimientos del gobierno argentino socavan la independencia y la eficacia de los organismos con jurisdicción sobre casos de corrupción", condenó la embajada.
A pesar de que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dispone de una oficina anticorrupción, esta se ha centrado fundamentalmente en investigar los casos ocurridos durante las administraciones de Carlos Ménem (1980-1999) y de Fernando de la Rúa (1999-2003). "Pero apenas se ha ocupado de las acusaciones contra la Administración Kirchner" , subrayan los funcionarios norteamericanos. Las apreciaciones sobre los Kirchner son imputables a todos los gobiernos argentinos, cuyos responsables ignoraron o minimizaron en su día las denuncias en su contra.
La frustración del juez Garrido, que después de más de cien investigaciones no pudo lograr una sola condena, es entendible a tenor del promedio judicial argentino: desde 1986, únicamente se han registrado 50 sentencias condenatorias. La mayoría de las causas que llegan a los tribunales acaban extinguiéndose puesto que los procesos se eternizan una media de 14 años, según el Centro para el Estudio y la Prevención de los Delitos Económicos. Solo 15 de cada 750 acaban en el procesamiento de los denunciados. Casi todo está bajo sospecha en los cables de la embajada: desde el vértice del Estado hasta el funcionario, el comandante de provincias o el policía de comisaría enlodado con la prostitución y el tráfico ilegal.
Investigación de comisiones
El formato del fenómeno es variado. El ex Ombudsman, Eduardo Mondino, confesó al entonces embajador, Anthony Wayne, que investigaba denuncias sobre "la sistemática comisión del 15% cargada por el gobierno argentino a todos los contratos privados con un tercer país" . La oficina de Mondino trataba de determinar si se trataba de soborno o de malversación, y si el dinero obtenido fue depositado en un banco de Estados Unidos. El embajador prometió ayudar con cautela dado lo "delicado" del asunto.
Un cable implicó, de nuevo, al ministro de Planificación, Julio De Vido, en un caso de cohecho: el consejero delegado de una empresa alemana se quejó ante el ministro de que uno de sus ayudantes le había pedido dinero. "De Vido no tuvo interés en conocer el nombre del funcionario que ofendió (al consejero delegado) y en cambio le recomendó que grabara y filmara la próxima solicitud de soborno".
Los episodios vividos por empresarios y banqueros de diferentes nacionalidades podrían certificar la veracidad del contenido de las denuncias recogidas por la embajada norteamericana. Un banquero español escuchó una y otra vez en Buenos Aires, al principio con incredulidad, que debía contactar con el denominado "grupo K" para solucionar sus problemas. La conclusión del diputado conservador Federico Pinedo fue que las relaciones con Néstor Kirchner (fallecido el pasado año) "son más importantes que las instituciones". Las declaraciones fueron efectuadas a raíz del escándalo por presunta corrupción en el manejo de fondos públicos que golpeó directamente al jefe del Ejército, general Roberto Bendini, en 2008.
Corrupción entre militares
La embajada alude también de la corrupción entre los militares , cuyas consecuencias rara vez son penales. "Los escándalos por corrupción en Argentina comienzan con mucho ruido para disiparse después en el olvido, debido a la parsimonia de las "investigaciones" y el interminable peloteo judicial a los que son sometidos", resume un despacho, que cita la debilidad de la arquitectura anticorrupción nacional como fundamento de todos los males.
Otro informe recoge otra forma de corrupción: la captación política de los jueces con causas importantes a su cargo . Los magistrados, si aceptan, deben abandonar esas causas o paralizarlas, el objetivo pretendido por quienes les ofrecieron espacio en su listas electorales. La envergadura del problema es enorme: los argentinos sacaron del país en torno a los 130.000 millones de dólares, la mayoría procedentes de la evasión fiscal y la corrupción política. Para tratar de lograr su regreso, el gobierno aprobó una ley de amnistía impositiva, sobre cuyos resultados y verdaderas intenciones aun existen recelos.
Dos abogados consultados por la embajada norteamericana coincidieron en que el gobierno de Kirchner presionó tanto para que aprobara esa ley, pese a las dudas sobre su efectividad, para "permitir a funcionarios del gobierno y sus cómplices en el sector privado blanquear el efectivo procedentes de las comisiones, sobornos y otras formas de corrupción oficial, y legitimar negocios turbios, por ejemplo el juego".
Daniel Ortega, en la lista estadounidense de "los más buscados"
Daniel Ortega, en la lista estadounidense de "los más buscados"
La embajada en Managua envía a Washington tres demoledores informes sobre el presidente nicaragüense, el sandinismo y el expresidente Alemán
JUAN JESÚS AZNÁREZ - Madrid -
Nicaragua no es una democracia pues los poderes del Estado están controlados por dos personas, el presidente, Daniel Ortega, y el opositor Arnoldo Alemán, expresidente, que no cumplen cárcel porque en el país centroamericano no hay justicia independiente, según un cable de la embajada de Estados Unidos en Managua . Una serie diplomática titulada Nicaragua's most wanted (Los más buscados de Nicaragua), en alusión a la lista del FBI con los nombres de los criminales más buscados, enumera los supuestos asesinatos, robo de caudales públicos, extorsiones, amenazas y abuso de poder atribuidos a Ortega, Alemán y al gubernamental Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que en 1979 derrocó al dictador Anastasio Somoza.
Daniel Ortega, de 66 años, gobierna Nicaragua desde 2007. Anteriormente, lo hizo en los periodos 1985-90 y 1996-2001. Alemán, de 65 años, empresario, fue presidente entre 1997 y 2002. Un año después fue condenado a 20 años de cárcel por masivo robo de dinero público. La Corte Suprema dictó en 2009 el sobreseimiento de los cargos de corrupción, con lo que ha regresado a la política. Ha presentado su candidatura en las presidenciales del próximo noviembre. El Estado de Derecho de Nicaragua depende de Ortega y Alemán, caudillos del FSLN y del conservador Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que en 1999 suscribieron un pacto por el que se repartieron el control de las instituciones nacionales.
Los cables enviados al Departamento de Estado por Paul Trivelli, embajador entre 2005 y 2008, son demoledores al dibujar un país de perfil mafioso. Se citan como fuente de las graves acusaciones contra los dos políticos las informaciones publicadas en los medios de comunicación y documentación de la propia embajada. Fueron redactados poco antes de las elecciones generales de 2007, ganadas por el sandinismo. El despacho referido a "los crímenes de Daniel Ortega y su familia" comienza con "el asesinato de Jean Paul Genie por guardaespaldas de Humberto Ortega", en octubre de 1980, cuando el adolescente de 16 años trataba de adelantar en una carretera nacional al convoy oficial de Ortega, entonces ministro de Defensa. "El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) utilizó su control del poder judicial para ocultar el crimen. Nadie pagó por su muerte".
Los hermanos Ortega habrían participado en el grupo que ordenó "la detención y tortura de miles de personas en cárceles y centros de internamiento", hechos que ocurrieron en el contexto de la guerra de principios de los ochenta entre el sandinismo y los "contras", financiados por EE UU. Siempre en ese entorno bélico, los dos jefes sandinistas "ordenaron numerosos asesinatos y desapariciones, incluyendo el asesinato de cientos de indígenas miskitos en sus asentamientos de la costa atlántica y la detención de miles en campos de concentración en 1981 y 1982". Grupos de miskitos, apoyados por el Gobierno norteamericano, lucharon contra el FSLN en ese bienio para apoderarse de una franja del territorio nicaragüense en la que establecer un gobierno provisional opuesto al sandinismo y reconocido por Washington.
Cuando el cable alude a "la violación de su hijastra", Zoiloamérica Narváez, el embajador precisa que Ortega se escudó en su inmunidad como diputado y en el sometimiento de los tribunales a su dictado para lograr que las acusaciones nunca fueran juzgadas. Ortega saboteó los esfuerzos del Gobierno, presidido entonces por el conservador Enrique Bolaños (2002-200), por judicializar el caso y usó a Rosario Murillo, madre de Zoiloamérica y esposa de Daniel Ortega, en una campaña de relaciones públicas destinada a enterrar las alegaciones de la acusación, señala el cable.
"Estas actitudes misóginas, y la tolerancia con la violencia doméstica y sexual, son comunes en el FSLN", dice el embajador. Cuando los diputados sandinistas votaron a favor de rebajar las penas establecidas para la violación de menores, el legislador Nathan Sevilla justificó el voto diciendo que tener relaciones sexuales con menores era "normal" en las zonas rurales de Nicaragua, por lo que no debía considerarse un delito grave.
Chantaje a un boxeador
Cuando el boxeador Ricardo Mayorga, excampeón del mundo del peso welter, supuestamente violó a una joven en un hotel de Managua, en septiembre de 2004, "Ortega y el FSLN percibieron que era la gran oportunidad para chantajearle. Acordaron con Mayorga, según los cables, protegerle en los tribunales a cambio de que entregara al partido una gran parte de sus ingresos de giras internacionales y actuara en público como propagandista de Daniel Ortega, a quien dedicó varios combates, concretamente el desarrollado en Chicago, en agosto de 2005. Apenas tres meses después de la denunciada violación, un juez sandinista absolvió al púgil.
"Daniel Ortega, un ladrón como Alemán", dice uno de los apartados del informe, que acusa al presidente nicaragüense de haberse enriquecido ilegalmente antes de ser derrotado en las elecciones de 1990 por Violeta Chamorro. "Ortega supervisó el robo de miles de millones de dólares en tierras y propiedades estatales que fueron a parar a manos de su familia, Humberto Ortega y otros prominentes sandinistas", señala el despacho que abre la serie. "Después de la victoria sandinista de 1979 (sobre la dictadura de Anastasio Somoza) Daniel inmediatamente confiscó la residencia el diputado Jaime Morales y, además, robó las casas y propiedades que rodeaban la residencia de Morales y (Ortega) se construyó su propio complejo: una manzana entera en el centro de Managua".
El informe enviado a Washington recoge el asesinato del periodista de radio William Hurtado y señala a Ortega y colaboradores suyos como "sospechosos de ordenarlo". También imputan al gobernante lazos con el capo narcotraficante colombiano Pablo Escobar, abatido por la policía en diciembre de 1993. El primer informe de la serie "Los más buscados" concluye relacionando al presidente nicaragüense con el terrorismo. "Muchos de los terroristas de los años ochenta todavía viven en Nicaragua", escribe el embajador.
Siete empleados de la ONU muertos en Afganistán
Siete empleados de la ONU muertos en Afganistán por la quema de un Corán en EE UU
El incidente se ha producido después de una marcha convocada tras la oración del viernes contra la agresión al libro sagrado del islam por parte de un pastor de Florida.- Cinco manifestantes también han fallecido
EL PAIS / AGENCIAS - Mazar i Sharif -
Siete empleados internacionales de la oficina de la ONU en Mazar i Sharif, en el norte de Afganistán, han muerto hoy durante una protesta contra la quema de un Corán en una iglesia estadounidense el pasado 20 de marzo. Según ha confirmado Naciones Unidas, tres son trabajadores de la misión de la ONU en el país asiático; y cuatro, guardias de seguridad. En los incidentes también han fallecido cinco de los manifestantes y unos 20 han resultado heridos. Entre los muertos se encuentran un ciudadano sueco, Joakim Dungel, de 33 años, y un funcionario de la organización rumano, según ha informado la agencia rumana Agerpres. El resto de nacionalidades de las víctimas se desconoce de momento, aunque el Ministerio del Interior ha confirmado que la decena de agentes de la Guardia Civil destinados en Mazar i Sharif se encuentran bien. Se trata del peor ataque sufrido por la ONU en Afganistán desde 2001.
Wayne Sapp, en primer término, junto a Terry Jones, el pasado 10 de septiembre en Florida, en la rueda de prensa donde anunciaron que no iban a quemar ejemplares del Corán.- SCOTTE AUDETTE (CORDON)
El gobernador de la provincia de Balkh del Norte, Ata Mohammad Noor, ha dicho en una rueda de prensa tras el ataque que insurgentes afganos usaron la protesta como cubierta para lanzar el ataque a la sede de la ONU, uno de los peores que ha vivido el organismo internacional en el país centroasiático.
Según el portavoz de la policía en la región, Lal Mohammed Ahmadzai, los asistentes a la marcha caminaban de forma pacífica hasta que un grupo pequeño ha empezado a lanzar piedras y escalar la fachada para entrar en la oficina de la organización. "Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel" han clamado los manifestantes durante la manifestación que ha arrancado tras la oración del viernes. La sede de la ONU ha sido posteriormente incendiada.
De acuerdo con Ahmadzai, las fuerzas de seguridad afganas se han hecho con el control de la zona y han abierto una investigación sobre los hechos, tras detener a varios de los manifestantes.
El pastor Wayne Sapp quemó un ejemplar del libro sagrado del islam el pasado 20 de marzo en una iglesia del Estado de Florida. Durante la quema estaba presente el polémico pastor Terry Jones, quien el pasado aniversario del 11-S provocó incluso la intervención de Washington tras amenazar con prender fuego también a un Corán.
Antes de la agresión contra el complejo de la ONU en Mazar i Sharif, unas 200 personas habían desfilado cerca de la embajada estadounidense en la capital, Kabul, sin que la manifestación derivase en incidentes. Los afganos no solo han clamado contra la agresión a su libro sagrado sino también contra la instalación de bases permanentes de EE UU en el país.
"En la mezquita, el mulá nos ha animado a protestar contra la quema de un Corán y la instalación de bases americanas en Afganistán", ha admitido uno de los manifestantes a la agencia francesa AFP. Durante las marchas en Kabul se ha visto la quema de la bandera estadounidense y se han oido gritos como "no queremos a América en nuestro suelo".
La policía siria dispara sobre los manifestantes
La policía siria dispara sobre los manifestantes en distintas partes del país
Manifestantes antigubernamentales en Qamishli. | Afp
Reuters | Efe | Amán
Al menos nueve personas murieron el viernes en un barrio de Damasco y otras seis resultaron heridas por choques entre fuerzas de seguridad y manifestantes de la oposición, informó la cadena catarí Al Yazira.
El corresponsal de Al Yazira en Damasco dijo que había recibido información de distintas fuentes sobre ese número de víctimas en el barrio de Doma, pero agregó que no había podido confirmar los datos independientemente.
Fuentes de una organización de derechos humanos de Siria dijeron a la misma cadena que tenían información de que al menos una persona había muerto en ese barrio de Damasco, situado a unos veinte minutos del centro de la ciudad.
En Oms un grupo de hombres armados disparó sobre una pequeña manifestación antigubernamental en el distrito de Bayada. Una niña murió al ser alcanzada por las balas.
Las víctimas se produjeron durante las manifestaciones convocadas hoy en distintos lugares de Siria para exigir reformas políticas del régimen de Bachar al Asad, que lleva once años en el poder, desde que sucedió a su padre, Hafez al Asad.
Con el fin de evitar que se repitieran las protestas que se han intensificado desde el 18 de marzo pasado, el Gobierno de Damasco decretó este viernes como día laborable, en contra de la tradición de este país y de casi todas las naciones de la región.
Al Arabiya informa que al menos doce personas han muerto en choques similares en la ciudad de Deraa.
Varias protestas estallaron en tres ciudades sirias contra el Gobierno del partido Baath tras las plegarias del viernes, dijeron activistas, dos días después de que el presidente Bashar el Asad dijo que las manifestaciones que reclaman libertad eran una conspiración extranjera.
Cientos de personas salieron a las calles en Damasco y sus alrededores, donde las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes en el suburbio de Douma y en las ciudades costeras de Latakia y Banias, agregaron.
"El régimen está usando una táctica nueva. No son sólo las fuerzas de seguridad enfrentando a los manifestantes, pero son igual de brutales", indicó un activista.
El régimen de Gadafi rechaza el alto al fuego
El régimen de Gadafi rechaza el alto al fuego propuesto por los rebeldes libios
Un rebelde libio en primera línea de fuego cerca de Brega. | AP
Reuters | Trípoli
El régimen del coronel Muamar Gadafi ha rechazado el alto al fuego propuesto por el enviado especial de las Naciones Unidas.
El plan, que los rebeldes libios se habían mostrados dispuestos a aceptar, preveía un alto al fuego con ciertas condiciones, entre ellas la conclusión del duro asedio al que ciertas ciudades sublevadas han sido expuestas al ser rodeadas por tropas leales a Gadafi.
"Nos están pidiendo que nos retiremos de nuestras propias ciudades... Es una propuesta de locos. No abandonaremos nuestras ciudades", ha declarado Musa Ibrahim, portavoz del Gobierno libio.
Esta tarde el presidente del Consejo Nacional Transitorio Interino, Mustafa Abdelyalil, se había mostrado dispuesto a aceptar el plan. Sin embargo, había puesto como condición el poner fin al asedio, la libre expresión en todo territorio libio y la continuada presencia del observador de las Naciones Unidas.
El presunto narco que Chávez le podría arrebatar a EE.UU.
El presunto narco que Chávez le podría arrebatar a EE.UU.
Por José de Córdoba y Darcy Crowe
BOGOTÁ—Estados Unidos y Venezuela están inmersos en una agria disputa por la extradición de Walid "el Turco" Makled, un presunto capo de la cocaína encarcelado en Colombia. Por desgracia para Washington, Venezuela parece tener las de ganar.
Makled, detenido a finales del año pasado en Colombia por una orden de arresto de EE.UU., es uno de los narcotraficantes más importantes del mundo, pese a no ser muy conocido. Es el "cabecilla entre los narcotraficantes", dice Preet Bharara, el fiscal federal de Manhattan.
Durante el apogeo de su poder, Makled, ciudadano venezolano de origen sirio, introducía de contrabando 10 toneladas de cocaína al mes en EE.UU. desde Venezuela, según autoridades estadounidenses. Controlaba el mayor puerto venezolano y se le acusa de expandir su imperio del transporte robando, en efecto, una aerolínea entera, según una demanda judicial entablada en Venezuela por el ex dueño de la empresa.
![[Makled]](http://si.wsj.net/public/resources/images/P1-BA037_MAKLED_D_20110331181144.jpg)
Associated Press El presunto narcotraficante Walid Makled es custodiado por la policía colombiana.
El jueves, un alto funcionario del gobierno estadounidense indicó que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, le informó que Makled sería extraditado a Venezuela.
EE.UU. está deseoso de escuchar los secretos de Makled. Venezuela se ha convertido en un enorme centro de reembarque de la cocaína colombiana. Fuentes del gobierno de EE.UU. dicen que el presunto traficante tiene vínculos estrechos con personeros del gobierno venezolano que están implicados a fondo en el tráfico.
El propio Makled ha dicho a una persona, con quien mantiene contacto desde la prisión, que tenía en su nómina hasta 40 generales y altos funcionarios venezolanos.
Al acusar a altos funcionarios venezolanos de estar activos en el tráfico de drogas, "Makled es como la espada de Damocles que pende sobre la cabeza de Chávez", dice Bruce Bagley, experto en Latinoamérica de la Universidad de Miami.
Venezuela, por su parte, quiere que Makled regrese al país para enfrentar cargos de narcotráfico y asesinato. Durante largo tiempo, Chávez ha dicho que las acusaciones de EE.UU. de corrupción vinculada a las drogas en Venezuela son un complot de Washington para desestabilizar su gobierno.
Santos, a su vez, ha priorizado una mejoría de las relaciones con Venezuela al cabo de varios años de serias desavenencias, en las que incluso se llegó a hablar de una guerra fronteriza. Santos es hoy el anfitrión del presidente Chávez en una visita de un día.
![[Makled]](http://si.wsj.net/public/resources/images/OA-AZ268_wsjamd_NS_20110331203505.jpg)
"Esperamos el anuncio de que será extraditado a Venezuela cuando se reúnan Santos y Chávez", dice el abogado de Makled en Colombia, Miguel Ángel Ramírez. Makled niega todos los cargos contra él tanto de Venezuela como de EE.UU., según Ramírez.
A EE.UU. le preocupa que si Makled es extraditado a Venezuela, su información sobre la presunta corrupción en las altas esferas del gobierno venezolano nunca salga a la luz. Una posibilidad es que llegue a un acuerdo con las autoridades que asegure su mutismo.
Makled dice haber tenido conversaciones con funcionarios estadounidenses en prisión. Si Makled es enviado de vuelta a Venezuela, "la DEA y el DOJ van a estar muy molestos. Ya están molestos", dice un funcionario estadounidense en alusión a la Administración de Control de Drogas y el Departamento de Justicia. La fuente agrega, sin embargo, que "Colombia es un aliado y conversaremos para hallar una solución". El Departamento de Justicia, la DEA y la oficina del fiscal del Distrito Sur de Nueva York, donde Makled fue acusado de tráfico de drogas, declinaron referirse al tema.
Santos ha trabajado arduamente desde que fuera electo el año pasado para mejorar las relaciones con su vecino. En noviembre, prometió entregar a Makled. Chávez alabó la decisión y, semanas después, sacó la chequera y pagó US$500 millones de una deuda estimada en US$900 millones que Venezuela tenía con empresas colombianas.
La mitad de los envíos marítimos de cocaína a Europa entre 2006 y 2008 se originaron en Venezuela, según el Informe Mundial sobre las Drogas de Naciones Unidas.
En 2008, EE.UU. colocó a tres militares venezolanos de alto rango, incluyendo al jefe de inteligencia Hugo Carvajal, en una lista negra por supuesto tráfico de cocaína y armas con la guerrilla colombiana.
Un documento de la DEA dice que Makled compró unos 7.000 kilos de cocaína que militares y funcionarios de la policía venezolana le habían robado a grandes narcotraficantes. Otro documento de inteligencia de EE.UU. dice que Makled estaba involucrado en actividades de narcotráfico con el general Hugo Carvajal, el director de la Dirección General de Inteligencia Militar de Venezuela.
"La información recibida... indicaba que Walid Makled García tenía fuertes lazos con miembros de alto nivel del gobierno venezolano", señala el documento de la DEA. Calcula que Makled introdujo hasta 10.000 kilos mensuales de cocaína en EE.UU.
Aunque Makled niega los cargos en su contra, ha dado una serie de entrevistas incendiarias a medios venezolanos y colombianos, en las que ha dicho haber pagado a funcionarios de máximo rango del gobierno venezolano.
"Si yo soy narcotraficante, toda esa gente del gobierno que trabaja conmigo son narcotraficantes" dijo el año pasado en una entrevista desde la cárcel con un canal de la televisión colombiana.
El ministro del interior venezolano, Tareck El Aissami, desestimó la acusación de Makled y la calificó como injurias políticas y un intento por sabotear la lucha del país contra el narcotráfico.
Andrés Izarra, ministro de comunicación e información de Venezuela, se negó a hacer declaraciones sobre las acusaciones de Makled de corrupción generalizada en el gobierno y las fuerzas armadas. El Ministerio del Interior y las fuerzas armadas de Venezuela no respondieron a las llamadas telefónicas, mensajes de correo electrónico y faxes con pedidos de comentarios.
Makled, hijo de inmigrantes sirios que vendían electrodomésticos, inició una carrera como secuestrador de camiones, robando cargamento que salía de Puerto Cabello, para luego vender el botín en la zona franca de Maicao en Colombia, al otro lado de la frontera, según varios testimonios.
"Yo dirigí las bandas más poderosas del país por 10 años", le habría dicho Makled a una persona con la cual tiene contacto. "Asaltábamos 30 gandolas semanales".
Durante esa conversación, Makled dijo que su actividad criminal era protegida por la policía y el ejército venezolanos. "Fue una gran alianza entre el gobierno y el crimen organizado", dijo Makled, según una fuente con la cual se comunica desde la cárcel.
Consultado acerca de los comentarios de Makled sobre secuestros y otros delitos, su abogado respondió que "no tengo información que me permita confirmar o desmentir tal aseveración".
Makled y su familia crearon una red de compañías de transporte de carga y exportación entre 2000 y 2004, según documentos de la Corte Suprema de Venezuela vinculados a su posible extradición. Las compañías incluían una flota de camiones y nueve depósitos en Puerto Cabello, el más importante de Venezuela. Makled también tenía una concesión del gobierno para operar el aeropuerto de Valencia, la tercera ciudad y centro industrial de Venezuela.
La prominencia de Makled cobró ímpetu en una huelga general de 2002 contra Chávez. Al paralizarse la economía, Makled puso sus camiones de combustible a disposición del general Luis Felipe Acosta Cárlez, quien entonces estaba a cargo de la región militar de Valencia. "Cuando hubo el paro, yo puse mis gandolas a disposición de ellos. Ahí solucionaron su problema de transporte de combustible y de ahí fuimos haciendo muy buenas relaciones", dijo Makled a Casto Ocando, periodista de la cadena hispana estadounidense Univisión el mes pasado.
Documentos oficiales y legales de EE.UU. dicen que Makled apareció en el radar de las autoridades de control de drogas en torno a 2004. "Era un principiante. No formaba parte de la élite narco", dice un funcionario estadounidense. "Se abrió un gran espacio para operar, y lo llenó. Era muy importante en el reembarque de drogas que salían de Puerto Cabello", dice.
En 2004, funcionarios venezolanos con la colaboración de la DEA confiscaron toneladas urea, cloruro de potasio y sulfato de amonio, sustancias químicas utilizadas para procesar cocaína y fabricar explosivos, en un depósito perteneciente a una de las empresas de Mekled.
En 2005, las relaciones entre Washington y Caracas se deterioraron a tal punto que Chávez suspendió la mayor parte de la colaboración entre Venezuela y la DEA.
En 2005, la principal fuente de cocaína de Makled era un traficante colombiano llamado José Corredor, conocido como el boyaco, según el documento de la DEA. Corredor también era uno de los principales proveedores de armas de las FARC, quien suministraba "armas de tipo de asalto AK-47 y AR-15 y municiones" a los guerrilleros colombianos a cambio de cocaína, que luego era transportada en vuelos que salían de aeródromos en Colombia y Venezuela, según el procesamiento de Corredor en un tribunal de distrito en Washington.
Corredor permanece detenido en EE.UU. mientras aguarda su juicio, según su abogado, quien dice que Corredor no tiene conexión con Makled.
En 2006, el imperio del transporte de Makled siguió creciendo. En entrevistas con medios locales, dijo que hizo pagos al general Acosta Cárlez, al general Carvajal, y al almirante Carlos Aniasi Turchio, jefe de la armada venezolano, para obtener la concesión para comprar y operar aproximadamente la mitad de los depósitos y muelles de embarque en Puerto Cabello.
El ejército y la armada de Venezuela no respondieron a mensajes de correo electrónico, faxes y llamados telefónicos en busca de comentarios. Acosta Cárlez no respondió a mensajes en busca de reacciones dejados en el contestador de su celular. En una entrevista con una radioemisora venezolana la semana pasada, Acosta Cárlez negó haber aceptado pagos de Makled a cambio de las concesiones.
En 2008, Makled adquirió una participación mayoritaria en Aeropostal SA, entonces la mayor aerolínea privada del país, por US$23 millones. Nelson Ramiz, un empresario de origen cubano radicado en Miami que vendió la aerolínea, dice que Makled no le pagó. Ramiz interpuso una querella contra Makled ante la justicia venezolana, en la que pide la devolución de la aerolínea.
El abogado de Makled señaló que desconoce si su cliente "hizo un pago o no para obtener el control de la aerolínea".
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