Daños colaterales golpean al Ejército

Por Juan Bustillos

   

Errores en el operativo en la casa de Jorge Hank Rhon daña prestigio militar

Mucho tendrán que bregar el general Guillermo Galván y el Presidente Calderón para convencer a la sociedad que la aprehensión de Jorge Hank Rhon por acopio de armas no fue una puesta en escena para influir en los comicios del Estado de México de julio próximo, y para, en última instancia, construir rumbo a los comicios del 2012 la percepción de la vinculación de personajes priístas con el crimen organizado.
El caso Hank Rhon se puede convertir en el peor daño colateral sufrido por el Ejército Mexicano en la lucha contra el crimen organizado; más grave que las insinuaciones del ex embajador norteamericano, Carlos Pascual, externadas a la jefa del Departamento de Estado, Hillary Clinton (como consta en los documentos divulgados por WikiLeaks), en el sentido de que las Fuerzas Armadas se rehusaron a capturar al capo Arturo Beltrán Leyva que finalmente resultó muerto en un operativo de la Armada de México en Cuernavaca que no se negó a cooperar con los norteamericanos.

LIBRES LOS PROTAGONISTAS DE LA FLAGRANCIA

La liberación bajo fianza de dos de los tres individuos que supuestamente condujeron a los militares al domicilio de Hank Rhon en Tijuana (en donde fue localizado un arsenal), así como los videos mostrando el ingreso de solados al inmueble “como Pedro por su casa” (en palabras de la defensa), prueban la inexistencia de flagrancia, presunción sobre la que descansa la aprehensión del ex candidato priista a gobernador de Baja California.
La información oficial, según el parte militar, asegura que una denuncia anónima permitió a los soldados ubicar a tres individuos armados en un hotel; éstos habrían confesado trabajar para Hank Rhon, así como la existencia de un arsenal en su domicilio.
Conforme a la narración oficial, los tres individuos condujeron a los militares hasta el domicilio de Hank Rhon; el recorrido lo habrían realizado en 50 minutos.
Dos de los tres detenidos en “flagrancia”, Carlos Pérez y Ramón López, ya están libres bajo fianza, pues portaban armas de calibre pequeño. Ambos y el restante, declararon ante la juez no trabajar para el ex alcalde de Tijuana y no conocerlo. Uno lo identificó porque dijo haberlo visto en la televisión. El otro, Ignacio Parra Santos, tenía en su poder una carabina, razón por la que sigue preso.
Más aún, el recorrido en la madrugada del hotel a la casa de Hank Rhon se hace en cuatro minutos y no en 55 como dicen los militares que lo hicieron; además, la ciudad de Tijuana se cruza de un punto equidistante a otro en 15 minutos en horario de tráfico normal.

LOS VIDEOS REVELADORES

La defensa presentó una colección de videos captados por cámaras de alta resolución, que muestra el operativo de principio a fin.
Las imágenes permiten ver la llegada del convoy militar a través del camino de terracería que conduce a la primera pluma de seguridad que resguarda el complejo de 40 hectáreas en el que se encuentran el hipódromo, el estadio de futbol, la residencia de Hank Rhon y otras viviendas.
Es posible ver al vigilante del primer ingreso, que no estaba armado, levantar la pluma y al convoy militar entrar sin siquiera disminuir la velocidad, lo que permitió suponer al guardia que se trataba de la familia de Hank Rhon. De no levantar la pluma, el primer vehículo militar la habría destruido. “Nadie habla con el vigilante, nadie muestra un papel que le autorice entrar a la propiedad privada. No exhiben orden de cateo”, sostiene la defensa.
Otros videos muestran a los militares hablando con dos vigilantes, uno adulto y el otro joven. Uno entrega su pistola y muestra el documento que le permite portarla; el otro no está armado. El arma cae al suelo hasta en dos ocasiones. De pronto, los soldados jalonean al joven y lo derriban. Sin embargo, ninguno es detenido.
Otro video muestra a los militares al momento de introducirse a otra casa de donde sacan a Víctor de la Torre, que dormía en el interior con su esposa y su hija. No porta armas. De la Torre tiene 30 años trabajando en la seguridad del complejo. El parte militar asegura que fue encontrado en el gimnasio y portaba un arma larga.
Otro video muestra la llegada de los vehículos militares, el ingreso de los soldados a la casa de Hank Rhon y la transportación de varias cajas negras, algunas largas y otras cortas, en las que es posible que se encontraran las armas y municiones que luego serían “descubiertas” dentro del domicilio.
La defensa de Hank Rhon tiene éstas y muchas pruebas más que ponen en entredicho la versión oficial del hallazgo en flagrancia de armas en la vivienda del hijo del profesor Carlos Hank González.
No hay videos de lo ocurrido dentro del inmueble, sólo el testimonio de la esposa de Hank Rhon.

CONSPIRACIÓN O PENDEJAZO

La conclusión es que se trató de una conspiración planeada y operada con torpeza, o simplemente de un “pendejazo” de un grupo de soldados de la región militar de Baja California que actuó por su cuenta y riesgo, como suele ocurrir cuando hay víctimas inocentes que nada tienen que ver con la guerra contra el crimen organizado.
Los soldados ni siquiera se percataron de que una docena o más de cámaras transmitían todos sus movimientos vía Internet.
La última es la menos verosímil, pero quizá la que persista para librar de responsabilidad al alto mando castrense y acallar las versiones cada vez más extendidas de que el gobierno panista está dispuesto a cualquier expediente para mantener el poder.
Durante los últimos años el gobierno ha intentado minimizar las consecuencias de la guerra contra el crimen organizado sufridas por la sociedad. Ha explicado que los más de 40 mil ejecutados son resultado de las disputas entre las bandas de narcotraficantes y que los “pocos” civiles muertos son meros daños colaterales inevitables, pues se encontraban en el lugar inadecuado en el momento inoportuno. Algunos no acataron la orden de parar en un retén, otros fueron confundidos con delincuentes y el resto, simples mirones.

BOMBA QUE ESTALLA AL EJÉRCITO

Hoy, uno de los protagonistas, el principal, de la guerra contra el crimen organizado, empieza a registrar sus propios daños colaterales; el más relevante, la decisión de un sector del Congreso de revisar de nueva cuenta el apartado de la Ley de Seguridad referente a las Fuerzas Armadas.
Pero hay otros igual de perniciosos que el Ejército tendrá que digerir lo más aprisa posible: convencer a la clase política, fundamentalmente a la priísta, que no se presta a ser usado como arma político electoral del gobierno. Y algo que no debe soslayar, la recuperación del prestigio perdido que gozaba ante la sociedad.
Quizá de nada de esto estaríamos hablando de no ocurrir el arresto, por parte de efectivos militares, de Jorge Hank Rhon la madrugada del sábado 4 en su domicilio de Tijuana, Baja California, con el pretexto de atender una denuncia anónima sobre la presencia de tres individuos armados en las inmediaciones de un hotel que al ser interrogados confesaron tener un arsenal en un domicilio que resultó ser el del ex alcalde de la ciudad fronteriza y ex candidato del PRI a gobernador.
Al llegar los soldados a casa de Hank Rhon, los vigilantes, también fuertemente armados según la versión oficial, ingresaron de manera apresurada al inmueble, acción que fue interpretada por los militares como huida y, en consecuencia, en flagrancia.
A partir de aquí, inicia lo que parecía ser la bomba política del sexenio que empujaría al candidato del PAN a gobernador del Estado de México, Luis Felipe Bravo Mena, a los primeros lugares de la contienda, y empezaría a hacer mella en el electorado del 2012.
Pero la bomba estalló en manos militares y, si nadie pone atención al contexto, podrá hacerlo en las del Presidente Calderón. Ambas situaciones pueden ser injustas, pero lesivas. Alguien con autoridad moral debe ponerles coto. Quizá una explicación pública del secretario de la Defensa Nacional.
Hasta hoy la única aclaración militar oficial es que la Sedena no autorizó las portaciones de armas del personal de seguridad de Hank Rhon, cuando es sabido que todas las portaciones sólo son autorizadas por esa dependencia.
Imposible vaticinar el destino de Hank Rhon. Ya está en manos del Poder Judicial, pero no se requieren dotes de adivino para enumerar los daños de su aprehensión, partiendo de la base incuestionable de que fue producto de un acto ilegal cometido por efectivos del Ejército Mexicano que no se cuidaron de gestionar una orden de cateo para legalizar el operativo.
No es la acción más censurable acreditada a las Fuerzas Armadas en la guerra contra el crimen organizado, pues por fortuna no se registraron más daños colaterales que el susto de la familia del ex candidato del PRI a la gubernatura de Baja California y no, como en otros casos, la muerte de niños o adultos inocentes.

USO DE LA FAMA DE HANK RHON

El ex alcalde tijuanense podrá ser sentenciado y purgar varias años de cárcel por la imprudencia de almacenar decenas de armas en su domicilio o quizá recupere la libertad si prueba su dicho de que sus captores las “sembraron” en sus habitaciones.
También puede ocurrir que aprovechando el viaje la autoridad norteamericana solicite a la mexicana su extradición para sentarlo en una Corte y fincarle por fin los cargos que, conforme a la leyenda urbana, tiene décadas posponiendo a pesar de las “toneladas” de información que sobre sus actos han acumulado media docena de agencias de inteligencia que siguen sus pasos con paciencia franciscana.
Todo esto puede pasar, pero lo que ya ocurrió es indiscutible y de difícil explicación oficial:
Fue aprehendido en medio de una atmósfera política enrarecida por los rumores de que en cualquier momento serían capturados ex gobernadores priístas como parte de una estrategia para incidir en los comicios del Estado de México; la aprehensión fue realizada por miembros del Ejército Nacional realizando labores policiacas en violación flagrante al Artículo 16 Constitucional, cobijados por la sui géneris interpretación que la cúpula militar hace de la “flagrancia”, misma que le permite actuar sin conocimiento de la autoridad civil.
Conforme a la versión más aceptada, el operativo fue planeado desde el Distrito Federal por los altos mandos de la Defensa Nacional con la aprobación del Presidente de la República. El vocero de la lucha contra el crimen organizado, Alejandro Poiré, lo niega con vehemencia.
La otra versión, la del Ejército, es que una denuncia ciudadana alertó a la tropa sobre la presencia de hombres armados en cierto lugar de Tijuana; una vez sometidos, los soldados obtuvieron la confesión de que en un domicilio guardaban un arsenal.
Se trasladaron al lugar y minutos después, armados hasta los dientes y con los rostros cubiertos como indican los cánones de combate, enfrentaban a Hank Rhon en calzoncillos, a su esposa en camisón (convaleciente de trasplante de médula) y a sus hijos menores.
Y ¡Bingo!, exclamarían los asiduos con suerte a uno de los tantos negocios de Hank Rhon, porque los militares encontraron el arsenal. Lo “sembraron”, se defendió de inmediato el hijo del profesor Carlos Hank González.
La relevancia del caso está en el daño sufrido por el Ejército. Hasta el sábado pasado en la madrugada era la institución más prestigiada de México a pesar de las comunicaciones del ex embajador norteamericano, Carlos Pascual, a la secretaria de Estado, Hillary Clinton (reveladas por WikiLeaks), y de las constantes recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Los “incidentes” (muertes de inocentes que quedaron entre el fuego cruzado o de quienes no pararon cuando en los retenes les ordenaron hacerlo) no impactaban en la buena imagen del Ejército ganada sobre todo en el auxilio a la población afectada por los fenómenos naturales. Pero el operativo del sábado 4 causó un daño mayor que las insinuaciones del ex embajador Pascual.
La única ventaja del Ejército es que al ex alcalde lo precede su fama escandalosa. Estuvo preso por contrabando de especies en extinción, pero fue absuelto; se le acusa de ordenar el asesinato del periodista conocido como “El Gato Félix”, pero no se lo han probado; el gobierno norteamericano no le dio permiso para instalar casinos en Las Vegas y de paso le retiró la visa de turista, pero nunca ha solicitado su extradición para juzgarlo en una Corte.

ACTUANDO AL MARGEN DE LA PGR

Además, fuera de las rutinarias declaraciones del líder nacional del PRI, Humberto Moreira; del secretario general de la CNOP, Emilio Gamboa; y del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto; del senador Fernando Castro Trenti, que fue su secretario de Gobierno en la alcaldía, la cúpula priista ha sido cauta por temor a que los gobiernos mexicano y norteamericano guardasen algún as en la manga.
No obstante, IMPACTO conoció la molestia de la cúpula legislativa priísta. Después de este evento, seguramente el apartado referente a los militares de la Reforma de Seguridad sufrirá sensibles modificaciones para evitar tentaciones autoritarias. El general Guillermo Galván va a batallar para convencerla de acceder a sus peticiones.
Y es que la aprehensión de Hank Rhon develó uno de los peores rostros de la guerra (“combate”, le gusta llamarle el Presidente Calderón) contra el crimen organizado.
Por norma general y no en sólo en el caso específico de Hank Rhon, las diversas corporaciones involucradas en el guerra contra el crimen organizado, lo hacen a espaldas del Ministerio Público de la Federación. La mayoría de sus acciones las realizan sin informar a la Procuraduría General de la República. Actúan en caliente y el Ministerio Público debe legalizar sus actos.

‘UN BUEN TRABAJO NO ADMITE RECLAMACIÓN’

Hay quienes intentan equiparar la aprehensión de Joaquín Hernández Galicia con la de Hank Rhon. Se equivocan, en 1989 no se requerían órdenes de cateo, pero además el subprocurador Javier Coello Trejo solicitó por escrito el auxilio del Ejército y en el operativo participaron él y dos agentes del Ministerio Público, uno de los cuales perdió la vida en la balacera. "Un buen trabajo no admite reclamación", decían entonces.
Los soldados que se introdujeron al domicilio de Hank Rhon lo hicieron sin orden de cateo y escudados en su propia interpretación de la “flagrancia”, ignorantes acaso de que el Congreso creó los jueces de instrucción, especializados en la materia, para otorgar en 20 minutos el documento que les ayudaría a cumplir su cometido sin violar la Constitución.
Es aquí en donde entra la suspicacia: un piquete de soldados actuó en cumplimiento de su deber interpretando a su manera la “flagrancia”; algún militar de mediana o alta graduación de la Región de Baja California quiso cobrar alguna factura a Hank Rhon, o la consigna de aprehenderlo y sembrarle armas fue ordenada desde la capital de la República.
Cualquier escenario es ominoso porque revela la indefensión de la ciudadanía.
La rápida reacción de la procuradora Marisela Morales de enviarlo de regreso a Tijuana sin someterlo al arraigo para no dar pie a la suspicacia política, quitó momentáneamente peso del problema al Presidente de la República, pero dejó al descubierto la serie de errores cometidos por el Ejército.
¿Por qué el convoy militar tardó 55 minutos en realizar un recorrido hacia la casa de Hank Rhon que le llevaría a lo sumo 5 minutos? ¿Por qué los soldados permanecieron tanto tiempo en su domicilio sin enterar a la autoridad civil? ¿Por qué trasladarlo al Distrito Federal? ¿Por qué el silencio del Ejército ante la crítica generalizada de los medios de comunicación? ¿Por qué los soldados seleccionaron a los presuntos responsables y no detuvieron, por ejemplo, a la señora Hank?

CUALQUIER EXPLICACIÓN ES OMINOSA

Grave que un piquete militar integrado por soldados de escolaridad baja interprete la flagrancia ateniéndose a un manual y no tenga mayor noticia de la existencia del Artículo 16 Constitucional que protege a los mexicanos en sus personas y en sus posesiones de la autoridad que no cuenta con orden judicial.
Más grave aún, si un oficial de cierto rango aprovecha el clima político para cobrar facturas personales.
Peor sería que la consigna hubiese sido dictada por el único que podría darla al Ejército, su Comandante Supremo, y que el general Guillermo Galván la acatara sin pestañear.
En lo personal deseo que esta última especulación no tenga fundamento y todo se reduzca al abuso aislado de militares envalentonados por el protagonismo que Felipe Calderón les ha concedido en los últimos cinco años. Lo peor que nos podría pasar es que con el pretexto del crimen organizado se instaurara un Estado autoritario en el que los soldados fueran la suprema autoridad.
En las últimas décadas el Ejército ha ofrecido muestras de lealtad al país y al Presidente.
El general Marcelino García Barragán rechazó la pretensión de colocarlo en el lugar que los electores le dieron al Presidente Gustavo Díaz Ordaz; el general Antonio Riviello acató la orden de Carlos Salinas de no arrasar a los “zapatistas” del Subcomandante Marcos, y el general Enrique Cervantes dijo a IMPACTO que el Ejército no es el IFE y en consecuencia se pondría a las órdenes de quien ganara las elecciones en el 2000, como ocurrió.
Mal estaríamos si el crimen organizado se utilizara de pretexto para retornar a épocas superadas no sin sacrificio de muchos mexicanos.
Jorge Hank Rhon puede ser el peor criminal del mundo, pero será el Ministerio Público de la Federación quien lo pruebe y un juez quien lo determine a partir de los alegatos de los abogados sobre la detención ilegal y los videos que muestran el desarrollo de la acción de principio a fin.
Pero al margen de lo que ocurre en el juzgado, el Ejército, con todo el poder metaconstitucional que le ha otorgado Felipe Calderón, no puede sustituir a las instituciones civiles.
Y pensar que aquí zaherimos al general Clemente Vega por exigir órdenes por escrito al Presidente Vicente Fox. Que nos disculpe.
Ya veremos en la próxima edición de IMPACTO las condiciones en que estaba el Ejército cuando aceptó participar, sin equipo, sin entrenamiento y con salarios de hambre, en una guerra planeada por otros.

ESPOSA DE HANK AGRADECE ACTUACIÓN DE MARISELA MORALES

El caso del ex alcalde de Tijuana, Baja California, Jorge Hank Rhon, tiene un nuevo matiz. Ahora su esposa, María Elvia Amaya de Hank, agradece públicamente a la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, su intervención para el esclarecimiento de los hechos.
La esposa del empresario confía en la inocencia de su marido, quien a su parecer fue acusado injustamente de un delito, y que además fue víctima del allanamiento de su morada por parte del Ejército Mexicano, pero que, gracias a la intervención de la PGR, espera un juicio justo.
“En momentos en que hemos retomado la legalidad en este penoso asunto, sólo espero que a mi marido se le juzgue dentro del marco constitucional con estricto apego a la legalidad y observándose en todo tiempo”, refirió.
Por las “anomalías” en el caso, la esposa de Jorge Hank pidió a la autoridad judicial resolver al asunto con las pruebas obtenidas de manera lícita -lo que no se da en este caso-, ya que no existe flagrancia y se tome en cuenta la intromisión al domicilio sin orden de cateo.
Mediante un desplegado en un diario de circulación nacional, María Elvia afirmó que gracias a que Jorge Hank se encuentra recluido en un penal de Baja California, enfrentará el proceso en su contra en la jurisdicción que le corresponde, como debió de haber sido desde el principio.
“La familia Hank Amaya ha pasado por momentos de gran incertidumbre; ahora las cosas van tomando sus cauces normales y esto debido a la determinación asumida por la Procuraduría General de la República que tuvo como efecto el regreso del ingeniero Jorge Hank Rhon a la jurisdicción correspondiente, como derecho que todo mexicano tiene de ser juzgado acorde a la normatividad constitucional y legal”, expresa.
En el texto, María Elvia Amaya rechazó que las armas incautadas en su domicilio conyugal le pertenezcan a su esposo, por lo que el delito de “acopio de armas” es inexistente.
“Hoy Jorge se encuentra en el estado de Baja California y recluido en un penal para ser juzgado por un tribunal federal, como en un principio se pidió a las autoridades. En su proceso, se debe tomar en cuenta que fue privado de su libertad bajo un supuesto delito en flagrancia que a todas luces es inexistente”, detalla.
La esposa de Hank aseguró que dentro del principio jurídico de un debido proceso contemplado en el Artículo 14 de la Constitución Política del país, comprende el derecho a no ser juzgado a partir de pruebas obtenidas al margen de las exigencias constitucionales, es decir, que debido a las “irregularidades” en el caso, las pruebas que tienen las autoridades en contra de su cónyuge deben ser anuladas.
Elvia Amaya subrayó el hecho de que Fuerzas Armadas irrumpieron en su domicilio, sin previa orden de cateo, “es una arbitrariedad más sobre la cual luchamos”, pues este requisito legal se lo presentaron con fecha posterior.
“No debemos olvidar, por otra parte que nuestra casa familiar fue ocupada por elementos del Ejército nacional, lo cual se encuentra prohibido en el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que sólo lo permite en tiempos de guerra”.