jueves, julio 07, 2011

La justicia a juicio

La justicia a juicio

   Doninique Strauss-Kahn, ex director del Fondo Monetario Internacional, regresa el sábado a su residencia en el sector de Tribeca, en Manhattan.
Doninique Strauss-Kahn, ex director del Fondo Monetario Internacional, regresa el sábado a su residencia en el sector de Tribeca, en Manhattan.
DAVID KARP / AP

Nadie, salvo los protagonistas, sabe qué fue lo que realmente pasó en la mañana del 15 de mayo en la suite 2806 del Hotel Sofitel en Nueva York. Y lo más probable es que nunca sabremos si fue una violación o si se trató de un encuentro sexual consentido entre la guineana Mafissatou Diallo y el francés Dominique Strauss-Kahn.

Mientras tanto, el caso ha generado una intensa especulación sobre el posible futuro político de DSK y una dura crítica a los procesos del sistema judicial estadounidense. Y esto a pesar de que lo más probable es que la fiscalía neoyorquina pida la suspensión del juicio contra DSK por no contar con las pruebas necesarias para demostrar más allá de la duda razonable que es culpable.

La credibilidad de la testigo de cargo ha sufrido un serio descalabro porque su relación de los hechos ha ido cambiando y porque en su historia personal hay mentiras que pesan mucho en su contra, incluyendo una supuesta violación anterior.

Peor aún, la propia fiscalía ha revelado que al día siguiente de la supuesta violación, Diallo tuvo una conversación con un traficante de drogas encarcelado en Arizona de la que se desprende que en su denuncia pudo haber habido premeditación para explotar económicamente al acusado.

De DSK sabemos que en su país natal tenía fama de seductor y que en aquellas ocasiones en las que cruzaba la raya del juego de la seducción para convertirla en hostigamiento y abuso, la reacción usual de la gente y las autoridades era de solapamiento o de indiferencia. Por último, sabemos también que en Estados Unidos, donde las raíces puritanas originarias se fusionan con el celo feminista del siglo XXI, la opinión pública no tolera a los seductores.

Pero DSK no quiere vivir en Estados Unidos. Quiere regresar a Francia exonerado, convertido en héroe nacional y con grandes posibilidades de recuperar su lugar como el candidato más fuerte del partido socialista a la elección presidencial de 2012. Una posibilidad que nos permitiría constatar si algo ha cambiado en Francia o si las francesas simpatizantes de los socialistas votarían por un hombre que a pesar de haber sido exonerado en Nueva York seguirá tan campante por la senda del seductor.

En Francia, el filósofo Bernard-Henry Lévi y el ex ministro de cultura Jack Lang han lanzado una severa crítica al sistema de justicia estadounidense: por el apresuramiento de la acusación de la fiscalía; por el juego publicitario que permite a los escandalosos periódicos tabloides erigirse en jueces irrespetuosos de los principios más elementales del derecho. Y sobre todo por el duro trato que le dieron a DSK exhibiéndole esposado ante la prensa.

Concuerdo con la crítica al apresuramiento de la fiscalía y en la denuncia del llamado perp walk, una humillación innecesaria que en nada contribuye ni al establecimiento de la verdad ni a la libertad de expresión, y que al exhibir esposado a un presunto culpable le destruye su presunción de inocencia.

Pero el debate de fondo es el que busca dirimir si el sistema judicial estadounidense es justo o cruel y caprichoso. Para John Gapper, del Financial Times, a pesar de la rudeza con la que trataron al acusado, el proceso ilustra la rectitud fundamental del sistema judicial y la meticulosidad con la que procede. Después de todo, dice Gapper y coincido con él, ha habido una rectificación fundamental.

Más contundente, el profesor Joan J. Queralt ha escrito en El País que “ningún derecho se ha violentado a DSK. Se dirá que se le ha dado la máxima publicidad; cierto, pero ni mayor ni menor que la que recibe cualquier otra persona en un país donde la transparencia es envidiable”. Lo criticable, dice, es que en la práctica el sistema que “rige en Estados Unidos obliga a una defensa muy costosa, pues las pruebas de descargo no son recogidas por la fiscalía, sino que han de ser aportadas por el acusado. Y sin dinero, puede fallar el derecho a un proceso justo”.

También coincido con Queralt, porque he visto el lamentable expediente de defensa legal al que tienen que asirse los más pobres en este país pero, yo añadiría, por desgracia esto mismo sucede en cualquier otro país.

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