Los Moreira: de Coahuila para México
Humberto Moreira se fue a dirigir el PRI con altos índices de aceptación, dejando en Coahuila pendientes graves en educación, democracia, transparencia y deuda pública; ahora, con el sello de familia, su hermano deberá sucederlo en la gubernatura.
Humberto Moreira Valdés, actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Rubén Moreira, candidato a gobernador de Coahuila, son, quizá, los hermanos más famosos en el escenario político mexicano actual, y lo serán aún más si en 2012 el tricolor logra hacerse de la Presidencia de la República; es casi un hecho que Rubén ganará su elección al contar con cerca de 67 por ciento de las intenciones del voto (Consulta Mitofsky, mayo de 2011).
Descifrar el probable triunfo de Rubén Moreira en Coahuila no es complejo. Se deberá a un masivo programa de inversión en obra pública aplicado por su hermano Humberto, que ha beneficiado principalmente a las clases altas y medias, pero que ha ido acompañado de programas sociales con apoyos directos en educación y salud a las clases populares, como fue el caso de los “Uniformes (escolares) de la Gente” y las “Farmacias de la Gente”. Estos beneficios directos arribaron previamente a la crisis mundial y se mantuvieron durante la misma; el impacto político fue doble, aunque no se atacaran los problemas de fondo en ambos temas. Hoy, los estudiantes coahuilenses ocupan los últimos lugares en aprovechamiento y la niñez los primeros lugares en obesidad infantil, mientras que la deuda pública coahuilense se disparó.
Como haya sido, éstos y otros programas le permitieron a Humberto dejar la gubernatura en enero pasado con muy altos índices de popularidad (de 80 a 90 por ciento, según a quien se le pregunte), y a su hermano consolidar su poder al interior del PRI de Coahuila, en el que fungió como presidente estatal, posición desde la cual dejó una maquinaria aceitada para cuando el tiempo de la campaña arribara.
ESTADO DINÁMICO CON INSTITUCIONES DÉBILES
En diciembre de 2005, el inicio del sexenio en ese estado pintaba prometedor. La férrea defensa del federalismo del gobernador Moreira ante el entonces presidente Vicente Fox parecía genuina. Pero con el paso del tiempo ese intento por replantear el pacto federal, la coordinación fiscal y el rol de los senadores se quedó en meras palabras: no se presentó ni una sola iniciativa formal de reforma ante el Congreso de la Unión. Igual sucedió con la migración del modelo actual de justicia penal hacia el de los juicios orales: el gobernador prefirió no apoyarlo o, en otras palabras, navegar con la corriente. Ésos y otros temas espinosos no formaban parte del plan de gobierno.
Otro flanco débil del ex gobernador es el relativo a transparencia y rendición de cuentas. Durante su sexenio el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) fue institucionalmente desvalijado: cuatro de sus cinco consejeros son ex funcionarios del gobierno estatal. Uno fue director de Planeación en la oficina del gobernador, otro fue jefe de Departamento en la Secretaría de Gobierno, uno más fue director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría, y otro fue director de Averiguaciones Previas de la entonces Procuraduría General de Justicia (hoy Fiscalía del Estado de Coahuila). Un hecho adicional que abona al debilitamiento de las instituciones coahuilenses acontece en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), ya que ésta ha sido presidida desde 2009 por Miguel Arizpe Jiménez, ex alcalde de Saltillo (1993-1996) y vieja figura priista de la localidad.
Por su parte el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila (IEPCC) ha sido severamente criticado por la oposición; un caso que ilustra su cuestionable actuar sucedió en septiembre de 2010, cuando durante una sesión de su Consejo, mientras se discutía el tema de la nueva distritación, el consejero Manuel Gil Navarro respondió a través de su Blackberry al representante del PRI, Ramón Verduzco Argüelles: “Va a favor y por un cariñito”. La imagen fue captada y difundida por un periodista del estado. Por acciones como ésa, en el Índice de Desarrollo Democrático 2010, Coahuila obtuvo apenas 5.8 puntos sobre 10.
Es irónico que el mayor fracaso del ex gobernador, quien es profesor, sea precisamente en materia educativa: en la prueba PISA 2009, el estado ocupó apenas lugares intermedios. Los profesores coahuilenses ocupan en docencia los lugares 26 en Primaria y 30 en Secundaria, y a nivel aprendizaje el estado se ubica en el lugar 20 en Primaria y 16 en Secundaria, según el reporte “Brechas 2010: Estudio de la educación en México”. Estas cifras no son concordantes con el alto desarrollo económico del estado. A Moreira, su estupenda relación con Elba Esther Gordillo de nada le sirvió para mostrar mejores resultados.
LÍDER EN INCREMENTO DE LA DEUDA PÚBLICA
Hasta hace poco, el debate sobre la deuda pública del estado era prácticamente inexistente en el ámbito oficial, pero la vox populi se ha preguntado cómo hizo el gobierno estatal para hacer tanta obra pública. La respuesta siempre estuvo en los ahorros programados y la austeridad operativa, pero la suspicacia ciudadana pronto se convirtió en realidad. En agosto pasado el diputado local del Partido Acción Nacional, Mario Dávila Delgado, expuso ante el Congreso local que, según la Secretaría de Hacienda, “Coahuila ocupaba el primer lugar en incremento de deuda pública entre las entidades federativas, pues ésta aumentó en un año más de 280 por ciento al pasar de mil 500 millones de pesos de diciembre de 2009 a cuatro mil 250 millones a marzo de 2010” (Vanguardia, cuatro de agosto de 2010). El mismo diputado pronosticó que la deuda pública “podría llegar a los siete mil 500 millones de pesos al cierre de 2010”. El PRI rápidamente respondió que, cuando mucho, ésta llegaría a los cuatro mil millones de pesos.
En junio de ese año Fitch Ratings ratificó a Coahuila la calificación de AA (Mex), con la cual se considera al estado como uno de alta calidad crediticia, con perspectiva estable y una deuda pública manejable. Fitch afirmó entonces que la deuda de largo plazo era de dos mil 851 millones y de 413 millones por descentralizados, pero no hizo alusión al resto de la deuda, debiendo ser la misma para proveedores. Los ingresos totales del estado en 2009 fueron de 30 mil 8.6 millones. Casi un año después, en un artículo publicado el 27 de mayo pasado, David Colmenares Páramo —presidente de Colmenares Páramo y Asociados y ex coordinador de Administración Fiscal en la Secretaría de Hacienda— reportó que la deuda de Coahuila ascendía a ocho mil 267.1 millones de pesos, y añadió que en relación a las participaciones federales la deuda ya alcanza el 78.2 por ciento.
Pero esta cifra incluye sólo la deuda directa, pues si se agrega la solidaria e indirecta, la deuda pública total contratada al 31 de diciembre de 2010, según el reporte del 25 de abril del 2011 de la misma calificadora Fitch, ascendió a 14 mil 636 millones de pesos, es decir, a casi 50 por ciento del presupuesto estatal y ya muy arriba del límite de 33 por ciento recomendado por los expertos en la materia.
Pero no sólo Fitch enciende las alarmas: Standard &Poor’s, en su último reporte publicado el siete de junio pasado, baja al estado en su calificación, ya que pasó a “mxA+”’ de “mxAA-” —cambio que significa que se aumentó la deuda directa a largo plazo, que se utilizó deuda de corto plazo en montos significativos, que hay poca claridad en la política financiera y una difusión parcial de información financiera—, por lo que su situación pasó de estable a negativa. La calificadora agrega que “la política financiera del estado es poco clara, y la difusión de su información financiera es parcial”. Si con la información que brinda el gobierno de Coahuila sabemos que la deuda total pasa de los 14 mil millones, ¿de cuánto será verdaderamente? Debe recordarse que Humberto Moreira recibió el gobierno con cero deuda. A este ritmo de endeudamiento, el próximo gobernador tendrá un panorama financiero difícil.
HERMANOS EN POS DEL PODER
En diciembre de 2009, según encuesta de Mitofsky, 74.8 por ciento de los coahuilenses aceptó que el hermano del entonces gobernador contendiera en las próximas elecciones estatales. Adicional a este dato, el líder del PRI de Coahuila encabezaba la lista de posibles candidatos del tricolor, con 30 por ciento de las menciones. Ningún otro priista buscó la candidatura y Rubén fue ungido por unanimidad. Se torna inevitable preguntarse qué tanto de ese alto porcentaje de aceptación se debe a la popular gestión del ex gobernador y qué tanto al apellido familiar, pero ninguna encuesta brindó esa información.
De lo que no hubo duda es del arduo trabajo realizado por Rubén Moreira para consolidar al priismo estatal, bajo una férrea disciplina partidaria y una organización política impecable. Este desempeño le permitió arrasar con la oposición en las elecciones intermedias locales: los otros partidos no ganaron un solo distrito electoral. Su incansable labor partidista y sus avasalladores triunfos electorales fueron el principal activo para posicionarlo en pos de la candidatura; su otro cargo, el de diputado federal, le ayudó para codearse con los priistas de la esfera nacional y con otros actores políticos, incluso con Julio César Godoy, el ex diputado perredista desaforado en diciembre pasado acusado de nexos criminales. Rubén fue un jubiloso miembro de su comisión de bienvenida a la hora de su ingreso al Congreso para jurar el cargo y obtener el fuero, mediante la burla del cerco policiaco y la orden de aprehensión en su contra. Éste ha sido, tal vez, su único error político en una carrera muy bien trazada y, hasta ahora, ejemplarmente ejecutada.
A pesar de su controversial parentesco, el candidato priista a gobernador tenía todo el derecho legal de buscar la candidatura. En las democracias consolidadas, aunque raramente, puede acontecer el caso de sucesión inmediata entre hermanos. Pero una cosa es una democracia consolidada y otra es Coahuila, donde los pesos y contrapesos políticos e institucionales impiden, por ejemplo, un debate de sucesión abierto y sin temor de represalias políticas y económicas.
La historia protagonizada por los hermanos Moreira hace recordar la de otros dos hermanos que, en su tiempo, hicieron se debatiera la posibilidad de sucesión, pero nada menos que en el Poder Ejecutivo: Manuel Ávila Camacho, Presidente de la República entre 1940 y 1946, y su hermano Maximino, gobernador de Puebla de 1937 a 1941.
El primero, de carácter más ligero y accesible, obtuvo el máximo cargo, también anhelado por su hermano mayor (Maximino), de carácter férreo y disciplinado. Maximino no pudo contender por la Presidencia pues falleció antes de lograrlo, en 1945.
Aunque en otro orden de gobierno y a diferencia de los hermanos Ávila Camacho, los políticamente poderosos hermanos Moreira podrán en efecto sucederse en el poder de su natal estado y, al menos hasta ahora, el futuro les luce prometedor. Al igual que para el PRI, el 2012 les será clave: de salir triunfadores en sus respectivos cargos el alcance de sus aspiraciones ya no será meramente local o regional sino nacional. Pero debe recordarse que Coahuila no es México y México no es Coahuila, pues la arena nacional en los tiempos modernos es impredecible. Ahí está el inesperado caso de Vicente Chaires como prueba, un hecho de aparente corrupción acontecido demasiado cerca del presidente del PRI y que amenaza con salpicar también a su hermano. Las investigaciones apenas comienzan y será muy interesante ver cómo terminan.
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