¿Quién mató a Torre Cantú?

¿Quién mató a Torre Cantú?, ¿y por qué?

El punto está en ver en otros niveles, en otros espacios, en otros grupos de poder, si podía existir interés en que Rodolfo no llegara a ser gobernador. Y allí el tema de las armas y el itinerario pueden ayudar a encontrar respuestas.

Jorge Fernández Menéndez

Hace poco más de una semana entrevistamos al presidente Calderón. La fecha coincidía con el primer aniversario del asesinato de Rodolfo Torre Cantú. En esa entrevista, el Presidente reconoció que había riesgos de que la violencia pudiera interferir con el proceso electoral de 2012, como había ocurrido con el asesinato del candidato priista en Tamaulipas. Reveló también que estaban “en falta” en la investigación de ese crimen, al que calificó como “el asesinato político más grave” que se había dado en todo su sexenio, pero que entre los elementos que ya se tenían de la investigación, lo más importante era que se había comprobado que dos de las armas usadas en el atentado pertenecían a policías municipales: una de Reynosa y otra de Ciudad Mante, que una tenía reporte de robo y la otra no.

Ha pasado un año y el gobierno de su hermano y sucesor, Egidio Torre, está embarcado en la reestructuración de todas las policías tamaulipecas, para lo cual han llegado numerosos elementos federales, sobre todo militares, a la entidad, para reemplazar esas policías mientras se crean otras instituciones. Pero, independientemente de errores, como llamar a declarar un año después de los hechos, con un simple citatorio, como parte de la investigación del asesinato y sin especificar a título de qué, a la viuda de Rodolfo Torre, la señora Laura Garza, pidiéndole que acuda con su abogado para desahogar la diligencia, a ese reconocimiento presidencial de que la PGR está en falta, ha seguido una vuelta de tuerca en la investigación que puede generar otro tipo de repercusiones.

En una muy sugerente columna en La Razón, nuestro colega Raymundo Riva Palacio publica que en la investigación se comienza a hablar de un crimen que no tendría relación directa con el narcotráfico, pero sí con el entorno priista del estado. Sostiene también que ello ha llevado a un alejamiento tanto del ex gobernador Eugenio Hernández como del ex presidente del PRI en el estado, Ricardo Gamundi, que puso de manifiesto el presidente nacional del PRI, Humberto Moreira. El mismo Raymundo especifica que hasta ahora no hay más que versiones al respecto. Tiene razón, es así: son sólo versiones, pero versiones muy insistentes.

Por lo pronto, debe destacarse que el principal interesado en que se esclarezca el asesinato, no sólo por razones personales, sino también porque es un tema clave para el futuro de su gobierno, el actual gobernador, Egidio Torre, armó un gabinete y un equipo que tiene muy poca relación con los hombres y lasmujeres que fueron el equipo de campaña de su hermano Rodolfo, lo que lo liberó de compromisos sexenales previos y que, esa es una especulación nuestra, también le permite tener neutralizada cualquier traición interna que pudiera haber habido.

El tema de las dos armas, junto con la certidumbre que tuvieron los atacantes del trayecto, el horario y el tipo de vehículo no blindado que transportaría en ese corto recorrido al candidato, es el único dato duro, hasta ahora, que sostiene esa hipótesis, pero es un hilo del cual se puede jalar y mucho. En ese sentido, la investigación podría dirigirse hacia los beneficiarios de esa muerte. La candidatura de Egidio, además de haber sido quien había elaborado el diseño básico del programa de gobierno que implementaría su hermano, sirvió así como un freno a cualquier intento de otros grupos de poder al respecto. El punto está en ver en otros niveles, en otros espacios, en otros grupos de poder, si podía existir interés en que Rodolfo no llegara a ser gobernador. Y allí el tema de las armas y el itinerario pueden ayudar a encontrar respuestas.

Pero deben ser respuestas convincentes. Hay que recordar que uno de los mayores fracasos de la historia del sistema de implementación y procuración de justicia en nuestro país fue el que encabezó Pablo Chapa Bezanilla con los casos Posadas, Colosio y Ruiz Massieu. La insistencia de Chapa Bezanilla de decidir primero quiénes debían ser los responsables materiales e intelectuales de esos crímenes, el intento de politizarlos a toda costa y la ausencia de una investigación con datos duros y pruebas verificables, terminaron llevando los tres casos al ridículo, utilizando desde detenciones injustificadas hasta brujas y siembra de cadáveres. Los indicios son eso, indicios, las pistas sirven cuando llevan a un culpable o un móvil claro y comprobable. Lo contrario es precisamente lo que pondría, como nunca antes, verdaderamente en riesgo al proceso electoral, por la tentación de la violencia.