El otro michoacanazo

Ricardo Alemán

Hoy es más claro que nunca que municipios enteros del estado de Michoacán permanecen secuestrados por las bandas criminales, a cinco años de que en esa entidad el gobierno de Felipe Calderón inició la guerra contra el crimen.

Está claro que no pocos municipios de Michoacán son “gobernados” por las bandas criminales y que el gobierno estatal del perredista Leonel Godoy, no es más que una figura decorativa, atrapada en medio de los intereses de las mafias que controlan el estado.

Está claro que no era una casualidad, un invento, una ocurrencia y menos un golpe político, que la existencia del “diputado federal del PRD”, Julio César Godoy, es una muestra de que el grupo criminal de La Familia llegó al extremo de postular, financiar, hacer ganar y llevar al Congreso de la Unión a un narcotraficante, que además es medio hermano del gobernador en funciones y que, incluso, fue solapado por el PRD, el PT y Convergencia.

Está claro que el llamado michoacanazo no fue un invento, sino que abundan los alcaldes, regidores, legisladores locales —y acaso federales— que obedecen, no a los partidos y tampoco a los gobiernos estatales, sino que sus verdaderos jefes están en las cabezas mafiosas de La Familia y Los Caballeros Templarios.

Está claro que el escándalo del michoacanazo terminó en una vergüenza para la PGR, no sólo porque los presuntos narcoalcaldes fueran inocentes o hayan probado que nada los vincula con las bandas del crimen, sino porque la corrupción de la PGR y la justicia al mejor postor hicieron “el milagro” de que los jueces no pudieron comprobar la culpabilidad.

Está claro que en Michoacán se vive una galopante ingobernabilidad incapaz de garantizar los mínimos de seguridad a los ciudadanos, y que esa ingobernabilidad se debe acreditar a un puñado de alcaldes corruptos y cooptados por las bandas criminales, a una sociedad coludida con esas mismas bandas, y a un gobierno fallido, como el de Leonel Godoy.

¿Qué debemos entender cuando son secuestrados, por presuntos grupos criminales, un puñado de encuestadores que se adentran en los municipios de Michoacán para preguntar sobre lo que piensa la gente de tal o cual asunto de interés general?

¿Quién será capaz de garantizar el libre tránsito en municipios en donde las entradas están custodiadas, no por piquetes de policías estatales o federales, sino por casetas de “halcones” al servicio del grupo mafioso que se ha apoderado del municipio en cuestión?

¿Qué debemos esperar de una elección destinada a renovar el gobierno estatal —como la prevista para el 13 de noviembre—, en donde municipios enteros están en manos de los criminales, y en donde ninguna policía, sea municipal o estatal, está capacitada para garantizar la seguridad de los votantes?

¿Quién se atreverá a hacer campaña en Apatzingán o en otro de los muchos municipios michoacanos secuestrados por los criminales de La Familia o de Los Caballeros Templarios, cuando todos saben que es tierra de nadie o, en el otro extremo, tierra expropiada por las bandas criminales?

¿Quién puede dar certeza al resultado electoral de municipios completos, en Michoacán, en donde los barones del crimen tienen el control absoluto de esos territorios, controlan a todo el que entra, sale, cobran impuestos, tienen su propio gobierno y vigilancia y hasta mandan qué hacer, cómo hacer y a favor de quién votar?

¿Quién puede garantizar que en la elección estatal, en elecciones municipales y en la renovación del Congreso local, los candidatos a esos puestos no son empleados de los criminales; si no están al servicio de las bandas, si no su campaña fue financiada con el dinero sucio?

¿Quién puede dar certeza de que las elecciones michoacanas sean legales, legítimas, imparciales, creíbles y confiables, cuando gobiernos municipales enteros están en manos del crimen, cuando las mafias de La Familia y Los Caballeros Templarios tienen el control social y son capaces de movilizaciones contra la Policía Federal, contra la Marina Armada, contra el Ejército?

Lo cierto es que, frente a una crisis del tamaño de la que vive el estado de Michoacán, parecen menores las cartas de la contienda: Silvano Aureoles, candidato del PRD; Maria Luisa Calderón, aspirante del PAN, y Fausto Vallejo, pretenso al gobierno estatal por el PRI. Y es que ya empezó lo que puede terminar en otro michoacanazo. ¿Y qué quiere decir eso? Poca cosa, que a la crisis de inseguridad e ingobernabilidad, se sume la crisis política. Al tiempo.