Pemex: el paraíso de los contratos chuecos
Foto: Eduardo Miranda
El programa de modernización de las refinerías de Pemex iniciado hace 15 años absorbió importantes recursos de la paraestatal y ahora que concluyó con la inauguración de la planta Lázaro Cárdenas, de Minatitlán, Veracruz, ya resulta obsoleto. El sueño de que alguna vez México sería autosuficiente en la producción de gasolinas y carburantes no fue más que una quimera. Los sobornos que pagan las empresas para ganar licitaciones, la falta de supervisión en las obras y la elevación deliberada de los costos se han convertido en lastres imposibles de remover.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Mientras la importación y los precios de los combustibles siguen a la alza debido a la baja producción de las refinerías, funcionarios de Petróleos Mexicanos y empresarios se enriquecen mediante la asignación de contratos cuyos costos son alterados en la mayoría de los casos en menoscabo de las finanzas de la paraestatal.
De acuerdo con nuevas denuncias sobre presuntos actos de corrupción en la empresa, de las que tomó registro este semanario, en la subsidiaria Pemex-Refinación opera una red de funcionarios encabezada por Bernardo de la Garza Hesles y su secretario particular, Carlos Riquelme Cacho, quienes ejercen fuertes controles en las refinerías y, a cambio de pagos millonarios, asignan contratos no sólo en forma directa, sino en beneficio de compañías que se encuentran en la lista negra de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Las maniobras para obtener los contratos y beneficiar a las firmas que pagan “su cuota” las realizan a través de superintendentes y gerentes de las refinerías de Madero, Cadereyta y Salamanca, por citar sólo tres de las ocho que conforman el Sistema Nacional de Refinación. De esa manera se asignan los contratos para efectuar reparaciones, los cuales son por montos que van desde los 6 millones hasta los 46 millones de pesos, según consta en los contratos signados, cuyas copias tiene Proceso.
Las fuentes a las que tuvo acceso este semanario, que pidieron el anonimato, señalan que uno de los empresarios que funge como principal enlace de De la Garza Hesles y Riquelme Cacho con diversas empresas para obtener contratos es Juan Manuel Morales Galicia, quien suele ostentarse como funcionario del área de recursos humanos de Pemex y presume una vieja amistad con el expresidente Vicente Fox, relación que utiliza para “abrir puertas” en la paraestatal.
Mediante la influencia de Morales Galicia, por ejemplo, la empresa Petroservicios, S.A. de C.V., logró en junio último la adjudicación de las licitaciones 18575008-544-11, por 69 millones 986 mil 229.19 pesos; 18575008-536-11, por 74 millones 702 mil 971.55 pesos, y 18575008-532-11, por 70 millones 180 mil 262 pesos.
Los contratos se asignaron a pesar de que la compañía ADT Petroservicios fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública desde 2005, cuando se vio envuelta en un escándalo de corrupción a raíz de que el 22 de diciembre de 2004 se fracturó el oleoducto de Teapa, localizado en Veracruz, que provocó un derrame de más de 5 mil barriles de crudo.
Funcionarios de Pemex solicitaron los servicios de siete empresas para reparar el ducto y normalizar el flujo de combustibles, así como para realizar la limpieza en las comunidades afectadas y en las zonas aledañas al río Coatzacoalcos.
Las compañías contratadas fueron Saint Martin Construcciones, Gainer Servicios Ambientales, Aquapress, ADT Petroservicios, Construcciones y Reparaciones del Sur y Lico Ambiental. Estas compañías fueron inhabilitadas posteriormente por la SFP por prestarse a maniobras para inflar los costos de los trabajos, lo que derivó en un fraude superior a los mil millones de pesos en perjuicio de la paraestatal.
Sin embargo, de la mano de Morales Galicia y con el respaldo de De la Garza Hesles y Riquelme Cacho, la compañía ADT Petroservicios continúa operando en las plantas de refinación de Pemex.
“Manuel Morales Galicia cobra 500 mil pesos por recomendar a una empresa con sus amigos en Pemex. Los depósitos se le realizan en su cuenta de Bancomer (Plaza Altamira) 1553072282, sucursal 6836”, acusa un contratista en un documento cuya copia tiene este semanario.
Y eso no es todo. Según el denunciante, Morales Galicia y Carlos Riquelme “se reúnen cada semana en el hotel Del Prado para cerrar los negocios” relacionados con los contratos que asignarán a las empresas que efectuaron sus pagos anticipados.
A través de Riquelme Cacho, de Juan Arturo Hernández Carrera y del secretario particular de éste, Orlando Secopori –ambos funcionarios de la subdirección de Pemex en la región norte–, Morales Galicia ha tejido amplias complicidades en las refinerías de Cadereyta, Salamanca y Madero.
En esas plantas, la empresa Fonte Suministros S.A. de C.V. –de la cual es socio y gerente– ha obtenido 22 contratos sin licitación tan sólo en este año, según se registra en el portal de Compranet del gobierno federal con los números 18576003-0006-09, 18576003-0044-10, 18576003-0158-09, entre otros.
Fracaso
Desde que empezó la “modernización” del Sistema Nacional de Refinación (SNR), hace 14 años, los trabajos para la reconfiguración de las seis plantas de Pemex no han estado exentos de escándalos por actos de corrupción, tráfico de influencias, contratos amañados, retrasos por mala planeación y aumento deliberado de costos.
En 1997, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, se inició la reconfiguración del SNR en la planta de Cadereyta, Nuevo León. Entonces se dijo que con esta acción se reduciría la importación de combustibles, en su mayoría traídos de Estados Unidos.
La reconfiguración de la refinería de Cadereyta enfrentó serias complicaciones y con ello se truncó el sueño de abatir las importaciones de combustibles. Con el tiempo se destapó la corrupción que hubo durante los trabajos para la modernización de la planta, que concluyeron cinco años después de lo programado. Mala planeación, sobornos millonarios, tráfico de influencias y costos inflados lastraron el proyecto, cuyo costo se disparó de 200 millones de dólares a mil 800 millones de dólares.
Concebida como la obra emblemática del sexenio de Ernesto Zedillo, la refinería de Caderyta se convirtió en un embrollo tan grande que tanto Pemex como el consorcio Comprota –que ganó la licitación para reconfigurar la planta– terminaron litigando el asunto ante un tribunal internacional en París, instancia que falló en contra de la paraestatal.
En la actualidad, esa refinería es obsoleta, pues no cuenta con capacidad para refinar los combustibles pesados, por lo que se tienen que enviar a Estados Unidos.
Como parte del programa para modernizar las refinerías y optimizar el SNR, Pemex lanzó un proyecto para reconfigurar las plantas de Tula, Salamanca, Madero, Salina Cruz y Minatitlán, y un plan adicional previó la construcción de una refinería en Hidalgo.
La refinería Lázaro Cárdenas, la más antigua de América Latina, localizada en Minatitlán, Veracruz, fue la última en ser modernizada. Los trabajos se concluyeron con tres años de retraso y su costo inicial estimado, que era de mil 500 millones de dólares, se elevó a 3 mil 559 millones de dólares. El pasado 28 de julio, el presidente Felipe Calderón realizó una gira por el sur de Veracruz e inauguró esta planta modernizada. En el acto justificó la demora para la conclusión de los trabajos y el elevado costo de la obra:
“El retraso se debió a los innumerables problemas asociados al costo de los insumos, a diversos proyectos y a la multiplicidad de empresas que finalmente participaron. Todo ello fue derivando en un retraso que incluso hacía peligrar la viabilidad del proyecto.”
Las cifras del presidente relativas a la producción de combustibles son optimistas. Dijo que con la puesta en marcha de la refinería Lázaro Cárdenas la producción pasará de 160 mil barriles a un máximo de 285 mil barriles diarios. En lo que toca a gasolinas, anunció que aumentará de 45 mil a 93 mil barriles diarios. Con 12 plantas, la refinería de Minatitlán –según los datos oficiales– permitirá reducir la importación de gasolinas y elevará la producción.
Sin embargo, el optimismo presidencial no coincide con los informes internos de Pemex, los cuales establecen que pese a su modernización el SNR se encuentra en crisis.
El retraso en la modernización de las refinerías –sus elevados costos y la corrupción generalizada que contaminó los proyectos– implicó la importación de más de 50 mil barriles diarios de combustibles en los últimos cinco años. Esta cifra se suma a los 400 mil barriles que actualmente se siguen trayendo al país provenientes de Estados Unidos para el abasto nacional.
A pesar de que hasta antes del 27 de julio sólo faltaba concluir la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, el SNR ya muestra signos de obsolescencia, pues su capacidad de refinación no satisface las necesidades actuales, y de acuerdo con reportes oficiales genera pérdidas cuantiosas.
En un estudio interno titulado Diagnóstico de Pemex Refinación, elaborado este año, se indica que esa rama de la paraestatal enfrenta una situación desfavorable ocasionada por graves deficiencias operativas y limitaciones de infraestructura, institucionales, normativas y de regulación, además de que no tiene recursos suficientes para financiar sus programas de operación, mantenimiento y expansión.
“La situación –detalla el informe– es especialmente crítica en el caso de la infraestructura de producción, que ha permanecido con un incremento limitado en capacidad frente a una demanda de petrolíferos que aumenta a tasas más elevadas que la economía nacional.
“Este conjunto de factores, en combinación con la política de precios y restricciones administrativas, ha repercutido en los resultados financieros de la empresa, que ha presentado pérdidas desde su creación como organismo subsidiario.”
Con base en las estadísticas de Pemex, actualmente se necesitan 790 mil barriles diarios de combustibles para abastecer el mercado nacional, de los cuales alrededor de 400 mil se importan de Estados Unidos.
Como resultado de las frecuentes importaciones, la paraestatal arrastra pérdidas desde hace una década; en el informe referido se expone que ha dejado de tener ingresos por 52 mil 696 millones de dólares mensuales.
A la baja producción de las plantas de refinación y a las pérdidas económicas se suman otros daños causados por los paros constantes de las operaciones en las refinerías, así como por los accidentes, que han aumentado entre 2007 y lo que va de este año.
Mientras la paraestatal enfrenta graves pérdidas financieras por su baja producción de combustibles, algunos funcionarios de la subsidiaria Pemex-Refinación obtienen ganancias millonarias por el tráfico de influencias que ejercen para obtener jugosos contratos a favor de las empresas de sus amigos y socios.
Es el caso de Riquelme Cacho, quien recibe pagos en su cuenta personal; según las fuentes que transmitieron sus denuncias a Proceso, esos pagos provienen de las empresas que él mismo ha beneficiado mediante la asignación de contratos.
Un caso que ilustra lo anterior es el que se presentó en 2010. En septiembre de ese año, Pemex-Refinación asignó un contrato directo a la empresa Construcciones y Edificaciones Fénix para realizar trabajos de reparaciones en la refinería de Madero. El monto de la operación fue de 6 millones 999 mil 991 pesos.
Tres meses después, en diciembre, la subsidiaria le otorgó un contrato a la compañía USA Technologies de México, S.A. de C.V., para realizar los mismos trabajos en la planta de Madero, pero en esta ocasión el costo de los trabajos se elevó a 15 millones de pesos. Datos obtenidos por el reportero revelan que el costo final de la obra fue de más de 40 millones, sin justificación aparente (Proceso 1810).
Después de que concluyeron los trabajos en la refinería, comenzaron a fluir depósitos en efectivo en la cuenta 00743 534730148368368 de Bancomer a nombre de Riquelme Cacho. Entre enero y marzo de este año, por ejemplo, recibió seis depósitos, cinco de ellos por 50 mil pesos y uno por 40 mil que, según las denuncias, provienen de las empresas beneficiadas con la asignación de contratos. El pasado 30 de junio recibió 55 mil pesos y una semana después su cuenta recibió dos depósitos en efectivo por la misma cantidad, sin justificación aparente, pues su salario quincenal es de 26 mil 246.29 pesos.
Para conocer mayores detalles sobre la corrupción en Pemex y el avance de las investigaciones en contra de Bernardo de la Garza, Proceso solicitó entrevistas con dos diputados de la Comisión de Energía: Pedro Jiménez León, legislador de Convergencia, y Francisco Burelo, del PRD. El primero dijo que tenía mucho trabajo partidista y que por lo mismo no disponía de tiempo. Con el segundo se había programado una entrevista para el miércoles 27 de julio, pero hasta el cierre de esta edición el legislador no dio señales de querer concederla.
Qué hacer ante un Gobierno delincuente
REBELIÓN CÍVICA
Por Pío Moa
Discusión con un buen amigo: "Si tú sostienes que el gobierno es delincuente, que infringe la ley, te sitúas fuera del sistema. La única solución sería la pistola, el GRAPO. Pero yo creo que estamos en un sistema democrático, con sus problemas, como en los demás países europeos, con ciertas particularidades, pero nada más". |
Dado que una discusión en medio del ruido de un bar no da para mucho, haré aquí algunas reflexiones.
La primera cuestión es la de si tenemos un gobierno efectivamente delincuente o no. Ciertamente lo tenemos. Por lo pronto, pero no solo por eso, es colaborador con banda armada, según he explicado muchas veces y no repetiré ahora. Ni este amigo ni nadie hoy por hoy han respondido a mis exposiciones concretas con más que vaguedades y empleo de eufemismos.
En el fondo se trata del prejuicio de que los políticos pueden saltarse las leyes y debe consentírseles, porque de otro modo el sistema peligraría. Yo creo más bien que el sistema democrático peligra más que nada por el "permiso" a los políticos de actuar de esa manera. Cierto, en todos los países democráticos existen políticos, incluso gobiernos, que rompen la ley o la interpretan de modo fraudulento, pero no con la gravedad que en España. Por otra parte esa impunidad del poder es típica de las "democracias bananeras", al estilo latinoamericano, a las que cada vez se parece más la española.
Un Gobierno como el actual justifica y premia el asesinato como medio de obtener grandes concesiones políticas, amén de dinero público y tantas otras ventajas. Lo justifica en general y para cualquiera, aunque él aplique su colaboración sólo a uno de esos grupos, la ETA, precisamente porque tiene con ella profundas e innegables afinidades ideológicas. En cierto sentido, cualquiera queda legitimado por un Gobierno semejante para emplear el terrorismo. Sin embargo, esta no es la solución conveniente, por diversos motivos:
- Aunque un Gobierno delincuente socava inevitablemente la democracia (y ello es parte de su delito), atacando y desvirtuando la independencia judicial, por ejemplo, el sistema de libertades no está aún abolido en España. Aquí persisten las libertades de expresión, reunión, manifestación y asociación, y muchos jueces todavía no son simples títeres de un partido en el poder. No es lo mismo decir que la democracia está en involución, como sostengo y es fácil constatar, que pretender que esta ya no existe o es ficticia, como afirman la extrema derecha, los indignados y los simpatizantes del terrorismo.
- El terrorismo lleva siempre las de perder a menos que encuentre una complicidad política importante en partidos y sectores nominalmente democráticos. La ETA ha dispuesto a lo largo de su historia de apoyos asombrosos. Incluso ha podido rehacerse y convertirse en una potencia política después de que el gobierno de Aznar la hubiera acosado e infligido una derrota tras otra. Este hecho agrava especialmente el delito del Gobierno actual.
- Dado que permanecen las libertades, aunque en retroceso, es posible en principio oponer una resistencia activa y no violenta, una rebelión cívica dentro de los márgenes del sistema democrático.
El problema que se plantea, aquí llegados, es el de si es posible hoy un movimiento cívico realmente eficaz. Posible sí es, desde luego. El obstáculo principal no viene del sistema, por mucho que se halle en involución, sino de la dispersión y la confusión política de los opositores. Y no me refiero, obviamente, al PP. Encontramos con frecuencia a grupos y gentes que denuncian enérgicamente las fechorías del Gobierno, pero detrás de sus críticas asoman a menudo ideas antidemocráticas y antiliberales, ya las justifiquen con argumentos totalitarios o teológicos.
Como he reiterado, la dificultad, sobre todo por parte de la derecha, radica en su ineptitud para crear opinión pública, ineptitud que refleja a su vez su desprecio a dicha opinión. No ya la extrema derecha, sino el PP, tienen ese grave defecto, que deja a la izquierda el cuasi monopolio de la lucha por las ideas.
Para que la situación cambiase de modo efectivo serían precisas dos cosas: un programa claro, concreto y lo más breve posible, y líderes (después o al mismo tiempo vendría la organización). Hasta ahora, una y otra cosa se han revelado imposibles. Sin duda ello refleja una decadencia mucho más profunda del espíritu cívico y una enorme confusión de creencias e ideas, algo que no extrañará mucho tras decenios de falsificación del pasado y del presente, de expansión de la telebasura y otras muchas basuras, y de corrosión del más elemental sentimiento de identidad cultural y del instinto de conservación de nuestra sociedad. El mal ha avanzado mucho, sin duda, pero creo que la partida dista de estar terminada aún. En cualquier caso, una mala causa debe ser denunciada aunque parezca poderosa, y una buena causa defendida aunque sus perspectivas se presenten poco halagüeñas.
El fundador de Paypal dona un millón de dólares para construir una isla liberal artificial
Algunos liberales, cansados de no lograr que sus ideas se lleven a la práctica en las democracias occidentales, han decidido crearse su propio país.
El empresario Peter Thiel, fundador de Paypal y uno de los primeros en invertir en Facebook, ha donado medio millón de dólares al Seasteading Institute, una organización cuyo objetivo es construir una isla artificial en aguas internacionales que se gobierno por criterios liberales. Además, dará al instituto un dólar por cada dólar que donen terceros hasta un límite de otro medio millón. Esta cifra se suma al medio millón que ya puso en 2008 en el proyecto.
El Seasteading Institute fue fundado en 2008 por Patri Friedman, exingeniero de Google y nieto del famoso economista Milton Friedman, con el objetivo de resolver los problemas legales, económicos y técnicos de la construcción de islas artificiales en aguas internacionales y su reconocimiento como naciones independientes. De este modo, sus habitantes podrían poner en práctica sus propias ideas de autogobierno. Aunque Friedman es partidario del liberalismo más extremo, el anarcocapitalismo, la misma idea podría ponerse en práctica para impulsar otras formas de gobierno.
El objetivo de Friedman no consiste en que su instituto construya directamente estas islas, sino ayudar a los pioneros que estén interesados, ofreciendo diseños de islas ya funcionales y aconsejando sobre los pasos a seguir para lograr el reconocimento de la micronación que funden. Sus planes incluían otorgar en 2015 el Premio Poseidón a la primera isla artificial que tenga al menos 50 residentes, sea financieramente autosuficiente, ofrezca terreno en el mercado y disponga de autonomía política de facto, aunque ahora ha ampliado el plazo previsto hasta 2018. No obstante, tan pronto como el año que viene prevén que se ponga a flote una isla de oficinas en la costa de San Francisco.
En contra del Gobierno económico europeo
La Unión Europea nació como una unión aduanera en la que se instauraba la libre circulación de mercancías y capitales entre sus miembros con un arancel exterior común frente a los no miembros. La idea era mejorable (Sir Winston Churchill, por ejemplo, había propuesto una zona de libre comercio en la que cada Estado tuviese libertad para fijar sus propios aranceles frente a los no miembros y garantizar así una competencia entre los distintos países para desarticular sus nocivas políticas proteccionistas), pero en esencia correcta: favorecer el libre comercio sin mayores pretensiones.
Poco a poco, sin embargo, la idea original fue evolucionando hacia la necesidad de crear un Gobierno europeo en diversas áreas como la energía, la política medioambiental o la competencia, que fue el germen de la insufrible y carísima burocracia de Bruselas que hoy padecemos. La pretensión iba siendo la de erigir unos Estados Unidos de Europa que pudieran plantearle cara a la superpotencia americana y que fueran su contrapeso después del hundimiento de la URSS.
La ocurrencia, aparcada durante mucho tiempo, ha cobrado nuevos bríos con la actual crisis de deuda que atenaza al Continente. Al parecer, se nos dice, el hecho de que algunos miembros de la UE tengan una moneda común exige la creación de un Tesoro comunitario que elabore un Presupuesto único para toda la Eurozona y que pueda emitir los famosos eurobonos; un objetivo futuro cuyo primer paso sería, precisamente, el consejo de jefes de Estado y de Gobierno que ayer aprobaron Sarkozy y Merkel. En realidad, no obstante, la supervivencia de la moneda única sólo necesita que todos los Ejecutivos nacionales liberalicen sus mercados y cuadren sus propios presupuestos, tal como se establecía, pese a que se ha incumplido, en el Tratado de Maastricht.
Es lógico que Alemania no quiera emitir eurobonos y, por tanto, avalar la solvencia de la periferia europea sin disponer de herramientas que le permitan intervenir directamente en las finanzas de esos Estados. Asimismo, a nuestros políticos nacionales les resulta harto conveniente que la responsabilidad de recortar los gastos de las Administraciones Públicas no recaiga sobre ellos sino en una nueva y lejana autoridad comunitaria. Pero a los europeos, tanto españoles como alemanes, nada nos conviene menos que acrecentar el tamaño y las competencias de un ya desbocado Leviatán supranacional.
Un Gobierno económico europeo puede que nos sirva a corto plazo para librarnos de mandatarios irresponsables e ineptos como Zapatero, pero también supone a largo plazo una inaceptable y peligrosa cesión de soberanía que a buen seguro amenazaría, aún más, nuestras libertades. De hecho, basta con observar cuáles son algunas de las primeras medidas que ese Ejecutivo comunitario ha sugerido adoptar: aprobar una tasa Tobin dentro de la UE y armonizar los Impuestos de Sociedades nacionales para eliminar la competencia fiscal entre ellos.
Nada de esto sucedería si PP y PSOE se pusieran manos a la obra para cumplir con sus obligaciones, entre ellas el mentado Tratado de Maastricht. Pero incluso reconociendo la imposibilidad de que ambas formaciones acepten comportarse de manera diligente, sería preferible que nos limitáramos a trasponer a nuestras constituciones la prohibición de incurrir en déficit público o incluso que defendiéramos una intervención temporal del FMI o de Bruselas en nuestras finanzas.
Un Gobierno económico europeo sería la peor de las opciones posibles, pues significaría estar permanente e irreversiblemente intervenidos. No sólo habríamos quebrado como economía, sino también, y lo que es peor, como Nación. Que la crisis económica no nos lleve a adoptar disparatadas decisiones de las que con toda seguridad nos arrepentiremos en el futuro.
La probabilidad de que la zona euro se rompa se eleva hasta el 40%
Ni eurobonos ni ampliación del Fondo de rescate. El riesgo de que la zona euro se rompa en dos o más partes sube hasta el 40%, según The Economist.
El acuerdo franco-alemán alcanzado el martes entre el presidente galo, Nicolas Sarkozy, y la canciller germana, Angela Merkel, constituye un hito histórico, ya que planta la semilla de un futuro "gobierno económico" europeo. Una especie de super-estado comunitario para crear los Estado Unidos de Europa.
La idea no es nueva. Desde hace meses, Bruselas viene insistiendo en la necesidad de alcanzar una auténtica integración económica, cuyas bases se sientan en la homogeneización fiscal, estrictos límites de déficit, nuevos impuestos a nivel comunitario, la estrecha coordinación de políticas económicas y presupuestarias y, en última instancia, la emisión conjunta de deuda pública (eurobonos). Un auténtico estado europeo que, sin duda, implicaría una menor soberanía a nivel nacional.
Esta idea va poco a poco cobrando forma. La propuesta de Alemania y Francia acaba de sentar las bases de esa futura integración económica. Las claves desveladas ayer por ambos mandatarios son: un nuevo gobierno formado por los jefes de Estado y de Gobierno que se reúna dos veces al año bajo el mandato del presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy; la incorporación de límites constitucionales al déficit público por parte de los países socios; un impuesto comunitario sobre las transacciones financieras; la unificación del Impuesto de Sociedades en Francia y Alemania a partir de 2013 y una mayor coordinación presupuestaria entre ambos países.
Ambas potencias pretenden así avanzar hacia una mayor integración europea a nivel económico. Sin embargo, este proceso llevará tiempo, y mientras el nuevo edificio se construye la crisis de deuda que azota a los países periféricos sigue su curso. Por el momento, Berlín y París rechazan la creación de eurobonos, que sitúan en la etapa final de la integración, así como la ampliación del actual Fondo de rescate europeo.
El anuncio no ha sido bien acogido este miércoles por las bolsas europeas, que han abierto en rojo. No es de extrañar si se tiene en cuenta la histórica prima de riesgo que han alcanzado los bonos españoles e italianos hace apenas un par de semanas. Los inversores no se fían de ambas economías y si el diferencial se ha atenuado algo en los últimos días se debe, exclusivamente, a la compra extraordinaria de deuda pública por parte del Banco Central Europeo (BCE). ¿Problema? Esta medida monetaria es un mero parche temporal.
Y es que, en caso de que España e Italia precisen un rescate el dinero deberá proceder en todo caso del resto de socios solventes, ya sea mediante eurobonos o el Fondo europeo. No en vano, la alternativa sería una monetización masiva de deuda periférica por parte del BCE, poniendo en riesgo la estabilidad de la moneda única. Sin embargo, Merkel y Sarkozy siguen rechazando, al menos por ahora, tanto los eurobonos como la ampliación del Fondo.
Merkel, entre la espada y la pared
Las mayores reticencias en este ámbito proceden de Alemania. Merkel se está viendo muy presionada a nivel interno. Los socios de Gobierno de la canciller han dejado muy claro que su coalición se verá seriamente amenazada si apoya la emisión de eurobonos. "Somos categóricos al decir que el FDP [socios de Merkel] no votará a favor de los eurobonos. Todo el mundo debe entender que no hay mayoría suficiente para esto" en el Parlamento (Bundestag), según afirmó Frank Schäffler, el portavoz económico de los liberales.
El grupo amenazó a Merkel con abandonar el Gobierno si acepta esta propuesta. Según Oliver Luksic, uno de los líderes de esta formación, "los Eurobonos son un dulce veneno que conduce a una mayor deuda, en lugar de menos. Si el Gobierno aprueba un bono común europeo [...] el FDP deberá plantearse en serio si la coalición tiene futuro". Por su parte, Alexander Dobrindt, miembro del CSU -aliado clave de Merkel- advirtió de que su partido ha emitido un "rotundo" no a los eurobonos.
De hecho, la canciller ni siquiera cuenta con el apoyo total de su propia formación política (CDU). Su propio ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, rechazó esta medida en una reciente entrevista concedida a Der Spiegel: "Descarto los eurobonos mientras los estados miembros puedan seguir aplicando sus propias políticas económicas". Además, "necesitamos diferentes tipos de interés [en los bonos públicos] como una forma de ofrecer incentivos y sanciones, con el fin de reforzar la solidez fiscal. Sin esta solidez, las bases para una moneda común no existen".
Por otro lado, el electorado alemán se opone frontalmente a una transferencia masiva de recursos hacia los países periféricos. Y es que, el actual Fondo europeo tendría que duplicar o hasta triplicar su tamaño (más de tres billones de euros, incluyendo la aportación de garantías) para rescatar a España e Italia, y la mayor parte de esta cuantiosa factura tendrá que ser sufragada por el contribuyente germano.
En este sentido, una reciente encuesta elaborada por YouGov muestra que el 59% de los alemanes se opone a más rescates, la mayoría quiere que Grecia sea expulsada del euro y un 44% opta por abandonar la Unión Monetaria y regresar al marco. Los holandeses piensan de forma similar: otra reciente encuesta muestra que el 54% prefiere expulsar a Grecia antes que extender su rescate, y el 60% defiende que Holanda debe dejar de prestar dinero a otros países de la zona euro de inmediato.
Pero no sólo la población piensa así. Algunos destacados economistas germanos también defienden que países como Grecia, Italia o Portugal abandonen la moneda única, más allá de la aplicación de quiebras parciales dentro de la zona euro, tal y como establece el segundo rescate heleno.
Creciente riesgo de ruptura
Ante tal situación, el riesgo de desintegración comunitaria sigue creciendo. El último análisis al respecto procede del prestigioso Economist Intelligence Unit, perteneciente a la revista The Economist. Robin Bew, economista jefe de esta division, señala que la "probabilidad de ruptura de la zona euro se eleva hasta el 40%".
Este diagnóstico es compartido por Mohamed A. El-Erian, consejero delegado de la estadounidense PIMCO, el mayor fondo soberano del mundo. El mensaje lanzado por Merkel y Sarkozy es "claro": el equilibrio presupuestario y una mayor gobernanza económica es la condición previa para emitir eurobonos destinados a rescatar a las "despilfarradoras economías periféricas". Y sentencia: "Asumiendo la plena aplicación de este acuerdo conjunto, que está lejos de ser cierto, la zona euro que surgirá en el futuro estará más integrada, con mayor disciplina fiscal y, posiblemente, de menor tamaño".
¿De menor tamaño? Efectivamente, El-Erian explicita el temor latente del mercado: la ruptura de la zona euro. Puesto que las compras del BCE son un parche temporal, y en ausencia de los drásticos ajustes fiscales y económicos que precisan los periféricos, todo dependerá del apoyo o no de los socios más solventes. Por ello, El-Erian avanza tres posibles escenarios, que se dilucidarán "en meses, no en años":
- "Una ruptura desordenada de la zona euro": si las grandes potencias europeas siguen rechazando ampliar el Fondo y los gobiernos periféricos abandonan sus esfuerzos de reformas fiscales y económicas; y/o si las sociedades no pueden tolerar el estancamiento económico, el elevado paro y la austeridad presupuestaria.
- "La segunda alternativa es la preferida por los científicos políticos y los visionarios europeos": una mayor unión fiscal entre los 17 miembros de la eurozona, o, dicho de otro modo, la voluntad de Alemania de hacer por la zona del euro lo que hizo por Alemania del Este tras la caída del Muro de Berlín. A cambio, Alemania insistirá en la gobernanza económica e impondrá las reformas precisas al resto de socios, teniendo éstos que renunciar a una parte sustancial de su soberanía nacional.
- "La tercera alternativa es la adoptada por varios economistas": la "creación de una zona euro más pequeña y más coherente a nivel económico", formada por los países del centro y norte de Europa (los más solventes). "En el proceso, 2 ó 3 economías periféricas se tomarían un año sabático de la zona euro", teniendo así acceso a una gama mucho más amplia de instrumentos para hacer frente a sus problemas de sobreendeudamiento y falta de competitividad (autonomía monetaria).
"Aunque el fin del juego está cerca, es imposible predecir qué alternativa se acabará imponiendo", indica El-Erian. El analista se decanta, en última instancia, por la instauración de una mayor integración económica dentro de una zona euro formada por los socios más solventes. Es decir, "una unión monetaria más pequeña y más robusta" para "evitar la desaparición y el colapso total de la zona euro". Y concluye: "No importa cómo se mire, el final del juego no será ni simple ni ordenado".
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