Associated Press
Luis Fortuño
La ley Jones es buena si usted es parte
del sindicato de astilleros al que no le gusta la competencia o un
miembro del Congreso que recibe contribuciones políticas del lobby
marítimo. Pero es mala si es un puertorriqueño de bajos ingresos que
necesita un empleo. Y de esos hay muchos.
Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, pero son
significativamente más pobres que el resto del país. El ingreso per
capita de la isla en 2010 bordeó los US$16.300, frente a poco más de
US$47.000 para el país en general.
El costo de vida en la isla también es alto, en parte debido al alto
precio de la electricidad, 68% de la cual se produce a partir de crudo
importado. La oficina del gobernador asegura que el precio de la
electricidad subió 100% entre 2001 y 2011.
Fortuño forjó su reputación al negarse a elevar los impuestos cuando
heredó un estado de bienestar en condiciones deplorables en 2009. En
cambio, eliminó 21.000 empleos fiscales, 13% de la fuerza laboral del
estado central, recortó impuestos y comenzó una enérgica liberalización
de la economía. También impuso un impuesto temporal (que expira en 2016)
a las multinacionales ya que, según dice, las empresas puertorriqueñas
pagan tasas mucho más altas y lo justo era que todos hicieran
sacrificios durante la emergencia fiscal.
Sus reformas han dado frutos. En un ranking de déficit fiscales como
porcentaje de los ingresos en los 50 estados, Puerto Rico (que no es un
estado) ocupa el lugar número 15, frente a la posición 51 que ocupaba
hace tres años, explica el gobernador. El desempleo ha "caído" a 13%
desde su punto más alto de casi 17% en julio de 2010 y después de seis
años consecutivos de contracción económica, Fortuño calcula que el
crecimiento económico de 2012 oscilará entre 1% y 1,25%. Puesto que se
estima que la economía estadounidense crecerá alrededor de 2,5%, Fortuño
cree que la expansión de Puerto Rico acercará a la isla a su relación
histórica con el resto del país. Las encuestas muestran que incluso
podría ser suficiente para conseguir que sea reelecto en noviembre, algo
que él admite que parecía imposible hace apenas un año.
El gobernador sabe que Puerto Rico debería estar creciendo más rápido
que la economía nacional y reconoce que eso no sucederá a menos que lo
pueda convertir en un destino más atractivo para el capital. Sus
recortes de impuestos y simplificaciones regulatorias han surtido cierto
efecto. Economist Intelligence Unit, el servicio de datos y análisis de
The Economist, proyectó en noviembre que la inversión bruta fija se
"recupere en un modesto 2% en 2011-2012, su primer crecimiento en varios
años". No obstante, Puerto Rico necesita más.
Los proyectos de infraestructura público-privados podrían ayudar. Nos
referimos a una concesión de peajes para la carretera entre San Juan y
Hatilo y Aguadilla por US$1.500 millones; sociedades en educación que
aportarán US$878 millones para la modernización de 100 escuelas y una
subasta que se lleva a cabo en estos días para otorgar la concesión para
modernizar el aeropuerto Luis Muñoz Marín en San Juan.
Sin embargo, reducir los altos costos de la energía sigue siendo un
reto fundamental, el cual se ha exacerbado por las nuevas y costosas
regulaciones federales sobre emisiones que requieren la instalación de
limpiadores en las plantas que producen electricidad a base de crudo.
Para cumplir con esas regulación a un costo razonable, Fortuño desea
poner a funcionar las plantas con gas natural. Para tal fin, propuso un
gasoducto desde la terminal sur de gas natural licuado en Punta
Guayanilla a lo largo de la isla hasta San Juan. El cuerpo de ingenieros
del ejército estadounidense ha evaluado la propuesta y ha dicho que no
tendría un impacto ambiental significativo.
Suena como un plan para ayudar a los pobres y desempleados. Sólo hay
dos problemas. Primero, el Sierra Club y los ambientalistas locales han
avivado los temores sobre el proyecto y han prometido entablar demandas
para detener la construcción. Segundo, la ley Jones sigue en vigencia.
El gobernador reconoce que su gobierno podría haber hecho un mejor
trabajo a la hora de promocionar la inciativa del gasoducto ante los
puertorriqueños, pero también señala que "algunos de los mismos grupos
que se oponen al gasoducto también se oponen a los proyectos de energía
eólica y solares. Se oponen a todo, incluyendo los proyectos de
transformación de desperdicios en energía" que él asegura que contaminan
menos que los rellenos sanitarios.
Fortuño cree que Washington le dará una exención para usar buques
cisterna que transporten gas natural licuado, pero aún no la tiene.
También asegura que buena parte del rechazo de los ambientalistas es
político, sugiriéndome que quizás debería estar más preocupado de lo que
está. Este tipo de política necesita preservar el estatus quo del
estado bienestar y eso implica bloquear la agenda de desarrollo de
Fortuño sin importar lo que le suceda a los pobres.
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